Está por discutirse en la Cámara de Diputados la iniciativa que envió el Ejecutivo federal en diciembre pasado. En ella encuentro elementos de valor para continuar el avance de la transformación educativa en México y elementos de preocupación por lo que pudiera implicar retrocesos.
En la reforma constitucional y legal de 2013 se introdujeron los concursos de ingreso y promoción en el Servicio Profesional Docente, que corren ahora el riesgo de perder su anclaje en la Magna Ley. En el marco normativo vigente, los docentes de primer ingreso y los nuevos directores, supervisores y asesores técnico-pedagógicos llegan a su nombramiento por un concurso que involucra a las autoridades educativas locales, federal y a un órgano constitucional autónomo.
La iniciativa de reforma de AMLO propone derogar la fracción III del artículo 3o. constitucional que rige en la actualidad, borrando ambos tipos de concurso de la Constitución; el texto en cuestión mandata: “…el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley”.
La fracción en cuestión es el fundamento para que -en las leyes generales que se derivan, en la ley de educación de cada estado y en la normativa detallada- se precisen requisitos, convocatorias, instrumentos de evaluación, la forma de identificar docentes con los perfiles deseados y fijar un “orden de prelación” para que reciban ordenadamente su nombramiento aquellos aspirantes con los mejores resultados.
Si prevaleciera sin corrección y sin mejora de parte del Legislativo el proyecto de diciembre, se corre un grave riesgo de desfondar el derecho profesional de los maestros a ingresar y promoverse en sus carreras a través de mecanismos universales, transparentes e imparciales. No necesariamente se entraría de golpe en la involución catastrófica de burda venta y herencia de plazas, que son mecanismos hoy proscritos, aunque no definitivamente desterrados. Pero quedaría abierto el espacio a la discrecionalidad, a negociar entre adultos la posibilidad de que cada niña y niño cuenten con maestros con las capacidades y actitudes a las que tienen derecho. No basta tener maestros y directivos nuevos, sino afianzar un nuevo tipo de maestro y directivo, libre y seguro de sus propias capacidades.
A mi juicio, el riesgo central -que los voceros de la administración actual han buscado disipar diciendo que “eso se resolverá en la legislación secundaria, sin problemas” o bien, con la expresión inquietante que la evaluación sería el resultado de mesas de negociación- es que prevalezcan las prácticas asimétricas de captura que vimos en el pasado reciente, y que para entrar al servicio educativo se deba mendigar el favor de la dirigencia sindical en el triste caso que las plazas se repartan “mitad y mitad” entre la secretaría y la sección sindical.
Es un tema de principio, de concepto, de dignidad: sin concurso público, la tentación es el reparto vil: cuotas y cuates. Grave responsabilidad tienen los legisladores para consolidar, ahora sí, la dignificación del magisterio.
