Al discurso de la Cuarta Transformación (#4aT) le hace falta el respaldo de la realidad. Se desean cosas extraordinarias – y que bueno -, pero en términos de propuestas, el actual Gobierno Federal nos queda a deber.
En el campo de la política educativa, la disociación entre anhelo y realidad mostró su primera cara al conocerse la iniciativa de ley, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en diciembre pasado y que busca reformar algunos artículos de la Constitución. Vimos un endeble marco conceptual (“excelencia”), importantes instrumentos de política dejados al garete (ingreso y promoción docente) y el restablecimiento de viejos y regresivos paradigmas como el de “educación indígena” en lugar de proponer tendencias y corrientes de pensamiento novedosas como el de la interculturalidad. ¿Podrá así la #4aT ser una realidad?
Para resarcir el vacío intelectual del actual gobierno en materia educativa, hay varios caminos. Uno, escuchar las críticas; dos, conformar equipos técnicos que conozcan la problemática educativa; tres, preguntarse qué programas y políticas han funcionado bien en otros lugares; cuatro, explicar las razones de esos éxitos (y fracasos), y cinco, alzar la mirada para establecer, dentro de los límites democráticos, una visión de largo plazo.
Fue precisamente con ese objetivo que se puso en circulación el documento, Más allá de los sexenios: Educación, innovación y sustentabilidad, el cual fue elaborado de manera “independiente por un grupo de ciudadanos comprometidos con el desarrollo de la educación en México”, entre los que podemos encontrar a un ex secretario de educación, investigadores, servidores públicos, empresarios, periodistas, ex funcionarios, y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
El documento está dividido en siete partes principales (supuestos, requerimientos para mejorar el sistema educativo, qué se sabe, marco general de principios, objetivos, acciones y consideraciones finales) y, a mi juicio, es más rico en las propuestas que en el diagnóstico. Los autores aseguran que el objetivo del texto es “impulsar un diálogo abierto” para construir una “política educativa de Estado, de carácter transexenal, y que, al mismo tiempo, permita sostener el desarrollo progresivo de la educación”.
Ahora que está en proceso de construirse el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, no estaría mal que los cuadros técnicos y políticos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) revisen meticulosamente este documento, así como lo acontecido en los tres foros que se han organizado para comentar su contenido. Estos foros, vale la pena decirlo, han sido posibles gracias al generoso apoyo de investigadoras e investigadores educativos de las universidades de Guanajuato, Veracruzana (IISH) y la Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).
¿Qué llama la atención del documento? A mi ver, tiene el acierto de hacer énfasis en que uno de los propósitos centrales de la educación en el México actual es formar para el ejercicio de una ciudadanía democrática (y no solamente para el empleo). En consonancia con esto, reitera que la educación es un “derecho” y una obligación de todos y no solamente del gobierno. Por ello, la participación “efectiva” de la sociedad es central para el desarrollo de las políticas de largo alcance. Es decir, se suscribe que todos tenemos cierta responsabilidad en el funcionamiento de nuestros espacios escolares y sistemas educativos y debemos asumirla.
Otro punto positivo es que ubica al rezago educativo – que rebasa los 30 millones de personas -, como uno de los problemas más graves que enfrenta el Sistema Educativo Nacional, así como los insatisfactorios niveles de logro de aprendizaje. Vamos a la escuela, pero la mayoría no aprendemos lo necesario para desenvolvernos libre y responsablemente en un mundo cada vez más complejo. Esto debe revertirse y para ello, el documento propone varias estrategias. Una de ellas es redireccionar los esfuerzos de la evaluación para orientarlos hacia la “mejora sistemática de los aprendizajes”. Creo que en este punto hay ya un amplio consenso, la pregunta será cómo lograrlo.
De las propuestas más interesantes que para mi presenta el documento están al menos dos. Primero, la “transformación de la cultura escolar” que equivaldría a que los estudiantes se “involucren de manera efectiva en la construcción de sus aprendizajes”. Para ello, dice el documento, habrá que identificar “distintas formas y capacidades para aprender propias de cada alumno”. Pero hay otra precondición de esta propuesta y que es comúnmente omitida pero muy valiosa: que se “fortalezca las interacciones y la confianza entre todos los agentes educativos involucrados en el quehacer de la escuela”.
Segundo, con base en la evidencia mostrada por algunos programas e iniciativas como la de la autonomía curricular y el programa de escuela de tiempo completo (ETC), el documento propone “impulsar esquemas de regionalización del desarrollo y la gestión del sistema escolar”. Estos esquemas permitirían acciones conjuntas y complementarias de recursos y actividades entre las escuelas y “programas educativos de distintos niveles y modalidades en zonas y regiones de características similares” en los estados de la República. Con ello, se podría “estimular el trabajo en equipo de quienes cumplan funciones de asesoramiento técnico-pedagógico”, entre otras cosas.
Hay muchas otras propuestas como las referidas a los docentes, al aprendizaje, y a la gobernanza del sistema educativo, pero que no cuento aquí con el espacio suficiente para comentarlas. No obstante, terminaría diciendo que cuando uno lee un documento como éste, ratifica que la “transformación” puede ser asequible si hay propuestas innovadoras y no solamente una narrativa grandilocuente y aún más, un discurso popular que amenaza con suprimir todo lo que previamente se realizó. ¿Es tan negativa la continuidad como positivo el cambio? Sigamos discutiendo que a eso nos invita Más allá de los sexenios.
Poscríptum:
En la última semana, mi facultad ha atravesado por tres sucesos interesantes. Primero, varias jóvenes se organizaron para llamar la atención sobre los problemas de acoso sexual en la universidad; segundo, el Colegio de Profesores rechazó públicamente los esquemas de vigilancia iniciados por rectoría en virtud de que la inasistencia docente en la facultad no es un problema grave y solamente crea tensiones, y tercero, los jóvenes decidieron hacer un paro de actividades dada la manera en cómo se ha implementado y acreditado el programa de Inglés. Afortunadamente, ya volvimos a clases y pronto a la normalidad. En todos los casos, fue notable la autonomía que los universitarios aún tenemos libertad de ejercer y la noción de “calidad” educativa que nos hace sentido y defendemos.
