Sylvie Didou Aupetit
Después de meses de ríspidas interacciones entre las instituciones de ciencia y tecnología, los colectivos académicos y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), recientemente, pareció que estas estaban normalizándose. Habían menguado los conflictos, acarreados por diversas causas: para citar sólo algunas, mencionemos la presentación de proyectos de decretos y leyes sobre educación, las declaraciones sobre las orientaciones de la ciencia nacional en el marco de la Cuarta Transformación impulsada por el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador o la aplicación, sin matiz alguno, de las medidas de austeridad para la administración pública a las instituciones académicas.
No faltan, es cierto, nubes negras en el horizonte. Se habrá que atender pendientes todavía irresueltos, tales el estatuto de los Centros Públicos de Investigación (CPI) e instituciones de educación superior dependientes de la Función Pública y del sector Salud y el dictamen definitivo de los juicios de amparo, otorgados a buena parte del personal de esos establecimientos. Se perfilan motivos adicionales de conflicto, relacionados con los contenidos de las leyes segundarias en educación superior y en ciencia y con el presupuesto, asuntos que discutirán las Cámaras en los próximos meses.
Pese a esos focos rojos, uno quería creer que esos antagonismos quedaban gradualmente atrás. El que el CONACYT empezara a ejecutar los procedimientos de formalización de los proyectos aprobados por programas como el de Apoyo a la Ciencia Básica y publicara, en su página Web, los resultados de algunas cuantas convocatorias 2019 generaba una impresión de anhelada distensión.
Infortunadamente, el respiro fue una calma chicha antes de una nueva tormenta. El 29 de Julio 2019, muchos miembros del Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I) recibimos en nuestro correo electrónico copia de un comunicado emitido por la Dirección General del CONACYT y enviado al Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT). Conminaba al FCCyT “a cumplir con la ley y actuar en congruencia con las medidas de austeridad”. Le reprochaba dispendio de recursos, infracciones a los procedimientos de organización de una consulta pública y, al recurrir a la base de datos del S.N.I para asuntos de interés propio, uso indebido de datos personales.
Al día siguiente, la Dra. Julia Tagueña, Secretaría Ejecutiva del FFCyT aportó precisiones sobre lo afirmado en el comunicado y dio elementos sobre la historia y la situación actual del FCCyT. Señaló que el FCCyT recibió 218 millones de pesos, durante el sexenio pasado pero que el CONACYT solo era el organismo que, por mandato legal, operaba los recursos otorgados por el gobierno al FCCyT, en tanto asociación civil. Advirtió que sus funciones no duplicaban las del CONACYT sino que las complementaba. Puntualizó que el envío de la solicitud de encuesta a los miembros del S.N.I para recabar sus opiniones sobre la elaboración de una nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación no expresaba un mal uso de la base que el CONACYT le había proporcionado al FCCyT para integrar las comisiones dictaminadoras del mismo S.N.I. Provenía de una base de datos más amplia sobre el personal científico, generada por el FCCyT.
Casi al momento de terminar la rueda de prensa, una periodista leyó un mensaje que acababa de recibir, en el cual el CONACYT informaba que no financiaría el FCCyT. Esa decisión fue confirmada por el Presidente de la República, en su conferencia mañanera del 31 de Julio, según los periódicos nacionales.
Más allá de la cronología de ese episodio de crisis, inquietan varios asuntos. El primero es el del timing. Los miembros del S.N.I fuimos invitados por el FFCyT a rellenar el formato de la encuesta el 26 de Junio 2019 pero recibimos el comunicado del CONACYT cuatro semanas y medio después. La reacción del CONACYT fue tardada en relación al momento en que el cuestionario empezó a circular. Fue oportuna para legitimar la decisión de no otorgarle presupuesto al FCCyT, ya que la fecha límite para hacerlo, conforme a la Ley, era el 31 de Julio. ¿Es eso casualidad?
El segundo aspecto preocupante es que no haya debate presencial entre las contrapartes. El discurso de la Dra. Tagueña fue convincente pero, principalmente en cuestiones de prevalencia de normas, se hubiera antojado que las titulares de los organismos en pugna confronten argumentos en vez de situarse en una lógica diferida de acusaciones-refutaciones. En días pasados, con toda propiedad, varios comentaristas recordaron, respecto de la “Ley Garrote”, que no se fortalece la democracia, imponiendo decisiones verticales e inhibiendo la crítica sino fomentando discusiones de fondo, fundamentadas en datos y demostraciones en pro o en contra.
Una tercera cuestión es la de los contrapesos y de la preservación de la institucionalidad construida. Independientemente de lo que ocurre en el ámbito educativo, en otras esferas de la vida pública, varios organismos, consolidados y respectados, han sido fuertemente cuestionados por instancias gubernamentales o por el propio Presidente, principalmente los que marcan sus distancias con el poder político al tener como tarea central la evaluación de las políticas gubernamentales. Fue el sonado caso del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Socia (CONEVAL).
En el campo de la educación superior y de la ciencia y aparte de sus logros y costos, el FCCyT media entre los investigadores, el CONACYT, el Senado y la Cámara de Diputados. Al generar consensos, es un articulador relevante para conciliar las posiciones de los distintos sectores que inciden en la toma de decisiones. Poner fin a sus labores implicaría clausurar un espacio de concertación, en una coyuntura de polarización creciente, y contribuiría, probablemente, a una concentración mayor de atribuciones.
Ante la eventualidad de su desaparición por parte de las autoridades (misma cuya factibilidad está cuestionada dada la condición legal de Asociación Civil del FCCyT) o de su ahogo financiero, ¿qué sigue? Se han barajado ya varias opciones. Está circulando una iniciativa para que los miembros del S.N.I que lo deseen autoricen el uso de sus datos personales por el FCCyT para fines de consulta e investigación. Además del respaldo que reciba esa propuesta, que permitirá evaluar las capacidades de movilización del sector académico, se barajaron otras vías de salida de crisis: solicitud de amparo del FCCyT o negociación política.
El desenlace dependerá de la naturaleza y gravedad del problema entre el CONACYT y el FCCyT (mismas que, a mi parecer, son opacas), de las acciones que las autoridades competentes tomaran para escalar el conflicto o apaciguarlo, de los apoyos sociales expresados a favor de uno u otro organismo. En ausencia de informaciones sobre esos elementos, sólo queda por esperar una reevaluación de la situación, como ocurrió ya en ocasiones anteriores, por ejemplo la de la firma presidencial para autorizar las salidas al extranjero de docentes e investigadores.
En la crisis entre el CONACYT y el FCCyT, muchos cabos están sueltos y, a la hora de escribir ese artículo, es difícil prever cómo concluirá. Pero, en la lucha libre, la dinámica del espectáculo se basa en la incertidumbre sobre quién vencerá, hasta el último momento, y el combate “se acaba hasta que se acaba”. Es perjudicial trasladar ese axioma al mundo académico. No podemos seguir sufriendo sobresaltos y golpeteos incesantes. Se requiere un tiempo largo de reflexión y estabilidad para trabajar, para pensar y para producir. No necesitamos distractores ni la escenificación de conflictos evitables o que podrían resolverse de manera más negociada y tersa. En términos generales, también lo necesita la sociedad.
