Carlos Ornelas
Hace pocos meses, el presidente López Obrador hizo mofa de las protestas por la contratación de médicos cubanos para ofrecer atención especializada en zonas remotas donde los doctores mexicanos, “aspiracionistas”, no quien ir. Muchos facultativos reaccionaron ante los insultos, pero no pasó de la plaza pública.
Jóvenes egresados de las escuelas de medicina expresaron que se negaban ir a ciertas regiones, no por falta de conciencia por la causa de los pobres, sino por la violencia y la falta de seguridad. La mala fortuna les dio la razón. La semana pasada fueron asesinados una doctora en la Tarahumara y un pasante que hacía su servicio social en la sierra de Durango.
La madrugada del 11 de julio, Masiel Mexía Medina, de 38 años, anestesióloga del Hospital IMSS-Bienestar San Juanito, en la comunidad de Bocoya, en lo más alto de la Sierra Madre, fue asesinada en su domicilio. Deja huérfana a una niña de cinco años.
El viernes 14, tres días después, uno o dos sujetos asesinaron en forma artera al pasante Eric David Andrade Ramírez en el Hospital Integral de El Salto, Pueblo Nuevo, también enclavado en la Sierra Madre. Le faltaban 15 días para concluir su servicio social.
El presunto homicida de la doctora Masiel, al parecer pertenecía a una banda criminal y sus jefes se encargaron de entregarlo. Lo ataron a un poste junto con un arma de grueso calibre y una nota que era el asesino de la anestesióloga y, además, violador.
El caso del joven Eric es más complejo. La primera versión señala que un individuo en estado de intoxicación le disparó. Pero el fiscal del estado informa que al parecer el médico trató de disuadir a dos sujetos —sí, con drogas adentro— que discutían y sacaron las armas. Él fue la víctima (Excélsior.com, 19 de julio).
En Chihuahua hubo protestas de las asociaciones de médicos que repercutieron hasta Sinaloa, ya que la doctora Masiel era de Guasave. Parece claro que el asesino formaba parte del crimen organizado, en el caso del doctor Eric, no es patente. Lo sí es evidente es que en amplias zonas del país cualquiera puede ir armado y adquirir estupefacientes.
En Durango las consecuencias son más directas. Los reclamos de estudiantes y médicos fueron más enérgicos, marchas y mítines. Los rectores de las universidades Autónoma de Durango (de donde egresó Eric) y de la Universidad Juárez del Estado de Durango, anunciaron el retiro de sus médicos pasantes de sitios que no cumplan con la Norma Oficial de servicio social, sobre todo, en zonas de riesgo. La secretaría de salud local apoya esa decisión. La consecuencia, muchas comunidades aisladas carecerán de médico de primer nivel.
El secretario de Salud de la 4T, Jorge Alcocer, apuntó que lo lamenta, pero “lo que merece el pueblo es la atención a la salud y en eso no vamos a dejar más que una mayor cercanía… desde luego que en los sitios más difíciles hay que redoblar los esfuerzos”. En otras palabras, todo seguirá igual.
Estos asesinatos acongojan a las familias de las víctimas; son vidas de profesionales que prestaban servicios en zonas de riesgo, donde el crimen organizado sentó sus bases y, si sus sicarios no son autoridades, las intimidan. Éstas, al igual que todas las fechorías, lastiman a la sociedad.
Tienen razón las asociaciones profesionales que riñen contra la 4T porque importa médicos de Cuba con salario elevado (que no les paga a ellos sino a su gobierno) y a los nacionales les regatea sueldos y condiciones dignas de trabajo. Más a los pasantes que prestan su servicio social con estipendios raquíticos.
Quizás al presidente López Obrador no le duelan estos crímenes, como siempre los achacará a las condiciones heredadas del periodo neoliberal. Pero para otros, las víctimas son dos bajas más de la consigna de “abrazos, no balazos”.
