Académicos agrupados en la Red Educación Derechos (RED) advierten que el memorándum presidencial que insta a cancelar la reforma educativa, incita a ignorar el orden constitucional y obstruye el derecho a la educación de más de 30 millones de estudiantes.
Mediante un comunicado firmado por los investigadores Arcelia Martínez, Alma Maldonado, Alejandro Canales, Marco Fernández, Pedro Flores y Roberto Rodríguez advierten que el memorándum contiene un conjunto de “lineamientos” y “directivas” que, entre otros aspectos, interrumpen los procesos de evaluación y contratación de los docentes, establecidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en las normas reglamentarias correspondientes.
Ante ello, la La Red hace un llamado también a las autoridades federales y estatales para construir un sistema educativo que refleje los puntos vista presentados durante la consulta nacional y el parlamento abierto y que no privilegie solo las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
México requiere contar con un sistema educativo que garantice el ejercicio del derecho a la educación de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país. Las demandas laborales y políticas de un sector de los maestros, no pueden estar por encima del derecho a la educación de todos los mexicanos.
“Consideramos que la instrucción presidencial —además de sobrepasar sus facultades legales— atenta contra los derechos laborales del magisterio y su desarrollo profesional, ataca al federalismo educativo y la soberanía de los estados en materia educativa y vulnera el marco jurídico e institucional vigente. Nos preocupa —en particular— que el ejecutivo federal se disponga a gobernar por encima de la ley, haciendo caso omiso de la división de poderes que es el núcleo de nuestra identidad republicana y que ordene a los funcionarios públicos convocados al desacato de la las normas y disposiciones legales.”, expresa el comunicado.
Ante estas acciones, hacen un llamado a los gobiernos estatales, al magisterio nacional, a las organizaciones sociales y a los padres de familia, a “contribuir en la construcción de un sistema educativo que garantice el derecho a aprender de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, la inclusión educativa y la infraestructura adecuada, y al mismo tiempo frene la deserción escolar y respete la autonomía constitucional de las universidades.”
Además, consideran que el dictamen aprobado por mayoría en las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales es un parteaguas para la democracia mexicana, pues se construyó a partir de un proceso de consulta abierta en todo el país cuyos resultados están contenidos en la propuesta del Ejecutivo Federal.
Esta propuesta, añaden, fue enriquecida con una iniciativa emanada del poder Legislativo, a través de los partidos políticos, los especialistas e incluyó todas las voces que se expresaron en el Parlamento Abierto, incluidas las de docentes, directores, supervisores y representantes de la CNTE, para garantizar un sistema educativo para todas y todos los mexicanos.
“Estamos frente a un Estado de excepción educativa por la presión de un grupo sindical, estamos frente a la ruptura de la posibilidad de una reforma educativa por consenso. Estamos frente a la parálisis institucional y lo más grave, es que el memorándum firmado por el presidente incita a su gabinete a violar la ley”, explican.
Finalmente, piden al ejecutivo federal reconsiderar su postura y retomar los cauces institucionales.
“Solicitamos tanto a la Secretaría de la Función Pública, como al titular de la Fiscalía General y a la Auditoría Superior de la Federación, que en el marco de sus atribuciones emprendan las acciones administrativas y legales a que den lugar en caso de que algún funcionario incumpla con la ley vigente. Garantizar el Estado de derecho debe ser un componente elemental para construir un régimen democrático consolidado, que promueva un sistema educativo equitativo e inclusivo, que permita que todos los estudiantes aprendan en nuestro país”, concluyen.
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