Extraño parecerá el título de estas reflexiones pues, cualquiera dirá que la educación está dentro de la Constitución, que es uno de los derechos reconocidos y sobre el cual los gobiernos estatales y el federal tienen claras obligaciones. Sí, así lo es en la formalidad de la norma fundamental y en muchas de los aspectos que regulan su operación. Sin embargo, la tardanza -¿o cómo llamar a ese ya larguísimo tiempo de no resolución?- en garantizar los servicios educativos desde Michoacán hasta Chiapas por tan largo tiempo es ya un asunto emblemático dentro del deterioro del Estado de derecho no sólo por la cuestión de la educación, sino por los efectos en otros aspectos de la vida de las personas a causa de la movilización magisterial.
Para el magisterio y sus partidarios, así como para los críticos del autoritarismo del sistema político -que ven encarnado en el presidente, el secretario de Educación y los gobernadores de esos estados-, la prolongación del conflicto tiene visos de victoria, y uno se pregunta, ¿victoria sobre qué?
Si se ha reconocido por parte del Ejecutivo federal, de la Secretaría de Educación y el INEE que en los instrumentos y en los procesos de evaluación ha habido fallas que deberán corregirse y que se trabaja con tal fin -parece que el ritmo de trabajo es también parte del problema, que ya causa desesperanza-, ¿en qué se sostiene la pretensión de echar abajo la reforma educativa? ¿En que es de carácter laboral? Suponiendo que se suspende la reforma por eso, ¿la educación democrática e integral que promete el magisterio opuesto a la reforma no necesitará de procesos de evaluación? ¿Será de calidad en un solo acto?
Si se ha argumentado también que el magisterio no es el único responsable de la baja calidad de la educación o que sencillamente no lo es, ¿por qué en Oaxaca, donde la CNTE controló el sistema por muchos años, no se ha mostrado un mejoramiento paulatino?
Lo que el conflicto por la evaluación docente ha mostrado, sólo se suma a muchos otros problemas no resueltos para los que año tras año -¿hasta cuál año en el pasado es necesario irse?-, se ha ofrecido diálogo. El problema es que un orden autoritario no tiene sujetos para dialogar.
¿Cómo poner la educación en la Constitución? Existen varios elementos, además, desde luego, lo que ya tiene ella misma.
1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no concedió amparos a maestros porque dictaminó que la reforma educativa no viola derechos laborarles. ¿Significa que los docentes que quieren echar abajo la reforma no aceptan la Constitución ni la decisión de la Corte? Estamos entonces ante otro problema.
2. La reforma educativa se aprobó para garantizar la calidad de la educación, así lo dice el texto del Artículo 3o. ¿Por qué se la quiere echar abajo? ¿Significa que el Congreso federal se equivocó y que en los Congresos estatales operó el puro y simple dedazo para ratificar la reforma?
3. Existen muchos maestros y maestras que tienen buena opinión de la reforma constitucional y aceptan la evaluación, y señalan también sus fallas operativas, pero no piden anular la reforma. ¿El movimiento magisterial les niega entonces su libertad de expresión o los considera personas sin juicio? Algunos hechos en que se hizo escarnio de maestros y maestras han mostrado la violación a la libertad de expresión, ¿así es la democracia que se promete? No tiene credibilidad.
4. Existen maestros y maestras que al ser evaluados mostraron ser idóneos e idóneas y eso favoreció su sentimiento de profesionalidad, su seguridad; otros ganaron mejoras salariales; otros obtuvieron plazas de director o supervisor y están contentos con los procesos, ¿todo eso no cuenta para pensar que la reforma tiene elementos positivos y que no se justifica echarla abajo?, ¿o sólo se es sujeto crítico oponiéndose a la reforma?
5. Las violaciones a la libertad de tránsito y a la ley de vías de comunicación, ¿no son por sí mismas hechos que deberían hacer actuar a los gobiernos con independencia de los motivos de las violaciones?; además del temor a la violencia incontrolable, ¿a qué le tienen miedo los gobiernos?
6. La afectación a la actividad económica de muchas personas y empresas, ¿en qué parte de una mejor sociedad se ubica? Esos comportamientos con arcaicos y están en el lado opuesto al diálogo que se pide. En conjunto, lLo que se muestra es un sistema político en el que la sociedad, los derechos de todos, no son prioridad. Se quieren salvar intereses que no pasan la prueba de los derechos.
Es fundamental que del lado de los gobiernos y del lado del movimiento magisterial se trabaje respetando las instituciones. Los problemas de antes y los de ahora ya mostraron que la inacción o que acciones fuera del respeto a las instituciones sólo aumentan los problemas y los prolongan. El punto de partida es que “Toda persona tiene derecho a recibir educación”. Y tiene que ser el punto de llegada.
