El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.
A raíz de las caravanas de migrantes centroamericanos, que partieron en su mayoría de Honduras y El Salvador el 13 de octubre de este año, se suscitaron acciones encontradas en torno a la migración: actos de apoyo, de xenofobia, de empatía y enojo contra de las más de siete mil personas que han caminado al interior de nuestro país y que ya se encuentran en la ciudad fronteriza de Tijuana, en Baja California, buscando ingresar a los Estados Unidos. Como documenta ADN Político (2018), familias enteras viajan con el fin de solicitar asilo político, huyendo del panorama de violencia y pobreza de sus países.
El fenómeno de la migración es parte de la historia de la humanidad, porque las fronteras políticas nunca han sido impedimento para detener las aspiraciones económicas, humanas y sociales que motivan el traslado de los seres humanos, a territorios distintos del de su origen.
Un antecedente muy importante en nuestro país se dio a principios de la década de los ochenta del siglo pasado, cuando la guerra civil de baja intensidad en Guatemala generó un desplazamiento a Chiapas de 46 000 personas, oficialmente registradas ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (aunque el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados estima que huyeron más de 250 000 personas). Posteriormente, el gobierno mexicano reubicó a los refugiados en campamentos en Quintana Roo y Campeche, donde les ofreció, durante 15, años seguridad migratoria y apoyos económicos.
En estos 15 años, la infraestructura educativa de los estados sureños fue creciendo, en respuesta a las necesidades de los menores refugiados, resultando interesante la integración de comunidades guatemaltecas y mexicanas; ya que en 1996 (cuando se firmaron los tratados de paz en Guatemala), el gobierno de México creó programas para otorgarles visas laborales y programas de naturalización entre otros apoyos (Burguete, 2000).
A partir de estos hechos, y sin perder de vista que nuestro país se ha preocupado históricamente por los refugiados, diversos medios de comunicación informaron que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció un programa de visas laborales, para ofrecer otras salidas a la crisis humanitaria, y no nada más la deportación. Con esta noticia, se incrementa la posibilidad de que una buena parte de los dos mil 377 niños y niñas centroamericanos que viajan en la caravana (Vanguardia, 2018) ingresen al Sistema Educativo Mexicano (SEM).
Cabe subrayar que no está en duda que toda persona, de cualquier origen (bien sea naturalizada, refugiada, migrante, asilada política o desplazada) es titular del derecho humano a la educación. Sin embargo, ejercerlo se torna complicado, puesto que existen otros procesos sociales y culturales que intervienen. Así lo demuestra Muñoz (2016) en su estudio, que concluye “que la comunidad internacional tolera fácilmente la violación de este derecho… cuando los y las niñas y jóvenes migrantes y refugiados buscan oportunidades de educación y trabajo, a menudo son víctimas de trabajo forzoso, de explotación…”.
En este contexto complejo, surge la pregunta ¿tiene el SEM la capacidad de proporcionar educación a los menores migrantes centroamericanos que, finalmente, se queden en nuestro país? Según Vargas y Aguilar (2017), al analizar el caso de los migrantes mexicanos deportados en el último quinquenio, al menos en los niveles de primaria y secundaria, podría tenerla. No así en el nivel de educación media superior, ya que en 2012 el artículo 3º constitucional fue modificado para establecer su carácter de obligatorio, pero aún no alcanza la cobertura universal.
Otro aspecto a tomar en cuenta, de llevarse a cabo la integración de menores migrantes centroamericanos al SEM, es que el gobierno atienda la inserción educativa con especial énfasis, como lo ha hecho en el caso de hijos de migrantes mexicanos deportados, para asegurar el éxito en el proceso de adaptación (como el Programa Binacional de Educación Migrante, entre otras acciones).
De acuerdo con datos oficiales, en el año escolar 2017-2018, el municipio de Tijuana atendía a 339 427 niños en educación básica, que es prácticamente la mitad de los 684 189 alumnos de los tres niveles en toda la entidad. Tijuana tuvo el año escolar anterior 12 090 grupos en 1 572 escuelas. Desglosado por nivel, los 50 677 niños que asisten al preescolar en Tijuana van a 603 escuelas en 2 226 grupos, lo que da un promedio de 23 niños por grupo y 84 por escuela. En primaria y secundaria los promedios se incrementan. Los 197 589 alumnos de nivel primaria van a 7 040 grupos en 683 escuelas, lo que significa 28 alumnos por grupo y 289 por escuela. En secundaria, los 91 161 estudiantes participaban en 2 825 grupos y 286 escuelas, que a su vez representaban 32 alumnos en cada grupo y 319 por escuela.
Si se comparan estos datos con las cifras educativas del año escolar 2012-2013, se puede ver que las proporciones son prácticamente las mismas: 22 niños por grupo en prescolar, 28 en primaria y 33 en secundaria.
En síntesis, el sector educativo ha hecho esfuerzos por atender a la población local, y sin duda, la intención de apoyar a los migrantes que se han estacionado momentáneamente en esta ciudad fronteriza, requerirá un trabajo adicional. Por otro lado, es cierto que no se trata de una cantidad exorbitante de estudiantes y que sí puede absorberse con esfuerzo y creatividad. Adicionalmente, habría que señalar que las condiciones materiales se puedan acoplar a las necesidades coyunturales, pero lo más importante es que los actores escolares y la sociedad civil vean el asunto migratorio como algo que requiere solidaridad y atención constante.
Ante este fenómeno cabría preguntarnos, como sociedad mexicana, ¿seremos capaces de integrar positivamente a nuestras comunidades, a los centroamericanos que decidan instalarse en nuestro país? y ¿El Sistema Educativo Mexicano está preparado para resolver las crisis de convivencia escolar que se pueden suscitar en las aulas?
Referencias
ADN Político. (18 de Octubre de 2018). ¿Qué es la caravana del migrante y por qué ha confrontado a Trump con México? Recuperado de ADN Politico.com : https://adnpolitico.com/sociedad/2018/10/18/que-es-la-caravana-del-migrante-y-por-que-ha-confrontado-a-trump-con-mexico
Burguete, J. C. (2000). Integraión de los refugiados guatemaltecos en Campeche. Esudios Sociológicos, 555-580.
Gobreino de Baja California (2018) Cifras estadísticas. Documento en línea: http://www.educacionbc.edu.mx/publicaciones/estadisticas/
Muñoz, V. (2016). El derecho a la educación de las personas migrantes y refugiadas. Journal of Supranational Policies of Education, 25-51.
Vanguardia. (21 de octubre de 2018). Son en total 7 233 los integrantes de la Caravana Migrante. Obtenido de Vanguardia.com: https://vanguardia.com.mx/articulo/son-en-total-7233-los-integrantes-de-la-caravana-migrante
Vargas, E. D., y Aguilar Zepeda, R. (2017). Inmigrantes y educación en México. Los nuevos desafíos en la era de Trump. Revista de evaluación para docentes y directivos, 37-51.
