¿Quién lo fuera a pensar? Las bravuconadas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sembraron un incentivo para reducir —y de forma drástica— un montón de trámites que catalogaban como ciudadanos de segunda clase a niños y jóvenes que por diversas causas regresaban al país; tal clasificación sigue vigente. Por razones obvias, a quienes retornaban de Estados Unidos.
¡Vaya paradoja! Discriminados allá por no ser estadunidenses y segregados aquí por no ser mexicanos completos. Para niños, jóvenes y adultos repatriarse era tanto o más complicado que irse por el desierto. Se les exigían papeles notariados, que hablaran a la perfección el español, que demostraran conocimientos de la historia patria y la correspondiente mordida.
Tenemos un sistema educativo regulado en exceso, cargado de papeles y rutinas innecesarios que nada más complican la práctica educativa y la vida de los docentes. Se basa en la desconfianza, en la presunción de que todo el mundo miente o es propenso a hacer chapuza.
Aunque me arriesgo a la inquina de quienes ven mal todo lo que haga el gobierno, voy a ser claro. Me parece bien y oportuna la iniciativa del presidente Peña Nieto para reformar la Ley General de Educación y brindar algunas facilidades a quienes volverán a México en condiciones difíciles, quizá no por su voluntad. Las ventajas que les ofrecerá la nueva normativa no les resolverán la vida, pero se la harán menos espinosa.
Aplaudo que se reduzcan los requisitos y se simplifique la revalidación de estudios para quienes llegarán; además, con un voto de confianza de que dirán la verdad. Es más, conmino a los legisladores a que se apliquen y, una vez entrada la iniciativa, que además es preferente, hagan más para aflojar el embalaje burocrático del sistema educativo mexicano.
La reducción de trámites se puede extender para los migrantes internos. ¿Cuántos niños y jóvenes que vienen de Oaxaca u otras partes del país al área metropolitana sufren de las mismas calamidades? Muchos. ¿Cuántos jóvenes que siguen a sus padres de una ciudad a otra no pueden revalidar las materias del bachillerato del lugar original al de la nueva residencia? No muchos, pero igual sufren, a veces tienen que comenzar el ciclo completo, aunque hayan cursado dos o más años.
Y ya entrados en legislar, ¿por qué no revisar con lupa aquellas disposiciones que impliquen papeleo inútil, que signifiquen cargas de trabajo para los maestros que no abonan al aprendizaje de los estudiantes? Entiendo que es peliagudo. Es mucho pedir a legisladores que no se identifican por sus buenos hábitos parlamentarios, que se preocupan más por moches y bonos que por confeccionar buenas leyes. Pero no está mal hacerse ilusiones de vez en cuando.
Por lo pronto, la iniciativa presidencial tiene potencial para mover un poco la inercia burocrática y abre perspectivas para cambios que no estaban previstas en la Reforma Educativa. Contradice tradiciones “nacionalistas” cultivadas por décadas y muestra un propósito noble. La Secretaría de Educación Pública anunció acciones concretas que puso en marcha en coordinación con los gobiernos de los estados, aunque dudo que éstos se apliquen.
Intuyo que poner en práctica las medidas concretas no será un asunto de trámite. Habrá resistencias. La legítima, de docentes que verán incrementadas sus tareas y la complejidad de las mismas. La gandalla, de líderes de las facciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que tratarán de sacar tajada.
En educación no abundan las buenas noticias. Y, si las hay, no sirven para la diatriba de los eternos descontentos. Concedo que la débil agresión a la burocratización del sector educativo fue motivada por el efecto Trump. A pesar de ello, le doy la bienvenida.
