Miguel Casillas
En solidaridad con Rosío Córdova
La resistencia de las instituciones de educación superior para enfrentar una reforma con perspectiva de género es fortísima, el pacto patriarcal se reproduce cotidianamente y las mujeres siguen siendo víctimas frecuentes de agresiones y discriminaciones. Como si estuviéramos en la Edad Media o sujetos a los rigurosos criterios de la Inquisición, en las instituciones de educación superior todavía siguen vigentes disposiciones arbitrarias en las que descansa la dominación masculina.
Es inaudito que en pleno siglo XXI, en la Benemérita y centenaria escuela normal veracruzana, una institución históricamente feminizada, con órganos de gobierno integrados mayoritariamente por mujeres, con muchas mujeres en cargos directivos, sigan vigentes criterios que castigan a una estudiante embarazada. Es el caso de Karla, una chica de octavo semestre, que sufre discriminación y le han dado de baja administrativa.
Karla se embarazó, tuvo una amenaza de aborto y los médicos le prescribieron dos semanas de reposo absoluto. Por tanto, faltó a unas clases prácticas, tramitó su incapacidad y aunque tenía justificado faltar dos semanas sólo lo hizo durante cinco días. En la BENV se la aplicaron, por acumulación de faltas fue dada de baja.
Ha ocurrido un uso absurdo de la reglamentación, que ya debería de haber sido reformada con una perspectiva de género para eliminar cualquier sanción y discriminación a las chavas por ser mujeres, por embarazarse, o por tener hijos. La falta de actualización de las reglamentaciones universitarias es prueba de la resistencia misógina, como también lo es lo absurdo y rígido de su aplicación. Los reglamentos escolares de las instituciones de educación superior fueron elaborados desde la perspectiva masculina y están plagados de referentes que sostienen su dominación; su reforma democrática es una asignatura pendiente y no habrá pleno respeto a los derechos humanos si no se transforman a profundidad. Sin embargo, la reforma legal sólo cobrará sentido cuando se cambien las conciencias y las creencias de los agentes de la educación.
Pues también ocurre un trato discriminatorio cuando secretarias, funcionarios, profesoras y profesores coinciden en sancionar, despreciar y condenar a una chica por haberse embarazado. Predomina en la institución un sentido común, una creencia compartida y una representación social dominante claramente discriminatoria hacia las mujeres que rompen o desafían los estereotipos establecidos. En la Normal, el sector dominante de la institución, integrado sea por hombres o mujeres, comparte una visión ideológica conservadora sobre la mujer que se impone durante la socialización y se reitera cuando se castiga a quien disiente.
En lugar de ser un espacio para reivindicar la independencia, la libertad, la creatividad y el derecho al conocimiento como base de la emancipación social, en la Normal predomina una visión anticuada que se opone a la liberación femenina. En la socialización escolar se impone un currículum oculto de carácter misógino que está orientando la formación de maestros. En efecto, Karla y otras estudiantes no son las únicas víctimas que están siendo afectadas por la discriminación y la dominación masculina; pues si estamos hablando de maestros en formación, tendríamos que reconocer que los efectos de la dominación son más amplios y trascenderán a las prácticas profesionales de los maestros en funciones.
La denuncia de Karla corre a cargo de la Comisión de derechos humanos, porque los órganos colegiados de la BENV no pueden resolver el caso de discriminación de que ha sido objeto. Es deseable que su demanda sea atendida, que le permitan terminar y acreditar sus cursos al tiempo que tiene a su hijo. Sin embargo, la Normal debería tomar medidas para que estos problemas no se repitieran y se garantizaran plenamente los derechos humanos de los estudiantes. A la BENV y a otras escuelas normales les vendría bien reconocer que su diseño institucional corresponde a un pasado que ya pasó y que sus reglamentaciones deben estar acordes con la Constitución y con la Ley general de educación superior; que les urge una reforma con perspectiva de género que ponga por encima la emancipación y liberación femenina, y que haga de las maestras y maestros un ejemplo de renovación de las relaciones entre hombres y mujeres.
