Las negociaciones entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tienen como objetivo cuidar la gobernabilidad del país, aseguró Luis Enrique Miranda, subsecretario de Gobierno ante senadores de la Comisión de Educación del Senado, al mismo tiempo que afirmó que habrá elecciones el próximo 7 de junio.
La reunión de trabajo tuvo el objetivo de que el funcionario explicara los acuerdos a los que ha llegado con el magisterio disidente respecto de la implementación de la reforma educativa.
Miranda aseguró que no se arrepiente “ni me podré arrepentir de cada uno de los temas que he firmado y suscrito con mi nombre, porque en el nombre del suscrito va el nombre de la República”.
Dejó en claro que los acuerdos a los que se han llegado con los maestros no solamente han sido suscritos por la subsecretaría de Gobierno, sino por los gobernadores de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y otros actores; es decir, “no es algo unilateral no es algo que no se consensué”.
Señaló que con el tiempo la reforma educativa se ha convertido en “una problemática generalizada”, pues genera incertidumbre en el magisterio del todo el país, por lo que atender este problema no ha sido menor y se tiene que cuidar la gobernabilidad por medio de estos canales.
Indicó que la dependencia a su cargo ha tenido encuentros con todos los sectores del magisterio y no sólo con los disidentes, donde ha habido diálogo con respeto a la ley y en el marco de una postura muy firme de “ser comprensibles en sus peticiones, ser razonable del entorno en que viven, ser sensibles porque no se puede escapar a la sensibilidad de nadie”.
Respecto al tema electoral, Miranda Nava consideró que las declaraciones de los maestros se tratan de una “interpretación o un amago”, pero, precisó, la Secretaría de Gobernación tiene obligación de vigilar la gobernabilidad y estabilidad del país. “No tenga dudas va haber elecciones”, reiteró.
El funcionario comentó que hasta el momento no se ha realizado ninguna evaluación al magisterio e indicó que de acuerdo a la Ley ningún maestro que obtenga una evaluación insatisfactoria podrá ser despedido, sino que pasará a un espacio distinto o a un área de administración.
Aceptó que el problema educativo ha crecido durante muchos años, debido a la pobreza que se vive en México, donde muchas veces se toma el puesto de maestro como única salida que tiene un mexicano para llevar el alimento a su casa.
Miranda aseguró que no existen secrecía ni opacidad en las negociaciones con los docentes y dijo que columnas, corrillos, pasillos y las intrigas de los pasillos siempre generan desinformación.
Durante su intervención las y los senadores manifestaron su preocupación por la implementación de la reforma en todo el país y por las resistencias suscitadas.
Cobrar sin trabajar no es derecho: Romero Hicks
Juan Carlos Romero Hicks, de Acción Nacional, consideró que en México no trabajar no es un derecho, por lo cual rechazó que el gobierno pague a los profesores que no acuden a las aulas a dar clases.
En su calidad de presidente de la Comisión de Educación en la Cámara Alta, consideró inadmisible que la niñez “pague la factura por las horas perdidas en las negociaciones que la Secretaría de Gobernación encabeza con la disidencia magisterial o en las manifestaciones que llevan a cabo”.
Romero Hicks manifestó que el bien superior es el derecho a la educación con calidad y equidad para la niñez. Manifestó que frente a este proceso “empieza a permear y a crecer una percepción de que la reforma educativa es una reforma fallida y eso no lo podemos permitir”.
En este sentido, dijo que en política se puede negociar todo, pero no se puede faltar al principio de legalidad, independientemente de las condiciones de pobreza y de marginación, que también son atendibles.
“Lo que ocurre en Oaxaca y Guerrero incluso podría tener implicaciones legales por delitos cometidos ya sea del fuero común o federal por las tomas de casetas, bloqueo de carreteras, aeropuertos y ocupación de edificios públicos”, expuso el senador.
Destacó que no hay reforma en el mundo que funcione si no se tiene una alianza con los maestros y pidió que el Secretario de Educación interactúe más con todos los actores involucrados en este tema y no solo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Por su parte, la senadora Marcela Torres Peimbert, del PAN, preguntó al funcionario si se ha aplicado –a a los maestros que han asistido a marchas y plantones– el artículo 75 de la Ley General de Educación, que estipula que el personal docente que incumpla con la asistencia a sus labores por más de tres días consecutivos o discontinuos en un periodo de 30 días serán separados de sus servicios.
Del grupo parlamentario del PRD, el senador Fidel Demédicis Hidalgo manifestó que con la reforma educativa se creó un “Frankenstein”, pues jamás se hizo un diagnóstico previo ni se puso en el centro del debate las opiniones de los mexicanos.
El senador priista Daniel Amador Gaxiola acusó que es muy “cómodo” tratar de exhibir a un gobierno, que hace un esfuerzo por fortalecer la escuela pública y la excelencia académica, cuando en 12 años la educación y la escuela se la entregaron a quien fue la operadora fundamental del magisterio, a través de su sindicato.
