El 26 y 27 de junio se celebró, en la ciudad de Zacatecas, la XXXVII Sesión Plenaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, la Conaedu. En la clausura, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, estableció la postura de la SEP sobre la necesidad de actualizar el marco jurídico del federalismo educativo. Desde el punto de vista de la SEP atender a esta dimensión es indispensable para confrontar las acciones de la disidencia magisterial contra la reforma educativa.
Según el comunicado de prensa 171, el titular de la SEP “ratificó la necesidad de establecer puntualizaciones efectivas sobre las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno en materia de educación, y refirió que el acuerdo en la materia que rige desde 1992 está superado por la realidad”. Además, prosigue la misma fuente, el secretario “explicó que se busca llevar el acuerdo a la ley con nuevas disposiciones que, siendo generales, puedan aplicarse mediante convenios que se autoricen estado por estado, a fin de atender la diversidad regional, en lo que son muy importantes las opiniones de los secretarios de Educación del país.”
Tras la comparecencia de Chuayffet en el Senado, el 23 de junio, varios legisladores coincidieron, asimismo, en la urgencia de revisar las reglas e instrumentos del federalismo educativo para potenciar la autoridad federal. El 30 de junio se publicó en este diario lo siguiente: “Senadores del PRI y el PAN exigieron la derogación del acuerdo firmado hace 23 años por el ex gobernador de Oaxaca Heladio Ramírez López con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al establecer el panista Juan Carlos Romero Hicks y priista Arturo Zamora que es nulo de pleno derecho porque ya hay leyes que están por encima de éste.” (Milenio, nota de Angélica Mercado).
También se informó que la Mesa Directiva de la Segunda Comisión, que preside el senador del PRD Armando Ríos Piter, instalará a partir del 9 de julio una mesa de análisis intergubernamental para revisar la problemática de la implementación de la reforma educativa, en particular la evaluación de los docentes. A tal efecto, el Senado invitará en primer lugar a los gobernadores de Oaxaca, Chiapas y Michoacán para que expongan su visión de la problemática y sugieran soluciones.
Si se deja de lado el ruido en torno a la capacidad de la SEP para hacer valer o no los mecanismos de la reforma, lo cierto es que parece surgir una perspectiva común para enfrentar la problemática: la idea de reconfigurar las atribuciones de la federación y los estados en la regulación laboral del magisterio. A tal efecto se ha sugerido la reformulación del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación (ANMEB) de 1992, de los acuerdos entre la Federación y los estados suscritos en el marco del Acuerdo, así como de las normas federalistas que se incluyeron en la Ley General de Educación de 1993 y en diversas disposiciones fiscales y de contabilidad pública.
Aunque esta opción se está abriendo paso, hay varios puntos que no debieran obviarse en el cálculo político. El primero de ellos se deriva del carácter tripartito del ANMEB, suscrito el 19 de mayo de 1992 por el secretario de Educación Pública, entonces Ernesto Zedillo Ponce de León, la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, entonces Elba Esther Gordillo, y la totalidad de los gobernadores. En la propuesta cancelación del ANMEB, así como su eventual reemplazo por otro acuerdo entre la Federación y los estados ¿participará o no la representación sindical nacional? Hasta ahora el Sindicato se ha mantenido en relativa reserva y discreción, pero un cambio en las reglas de juego puede alentar su protagonismo.
Del mismo modo, los convenios entre la Federación y los estados que se derivaron el ANMEB, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 20 al 28 de mayo de 1992, incluyen en su clausulado varias disposiciones que reconocen el papel de SNTE en diversos aspectos de la gestión educativa estatal. Aunque en dichos convenios el sindicato no es una parte suscriptora, sí lo es en la norma aprobada para la constitución de los mismos, es decir el “Decreto para la celebración de convenios en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica”, publicado en el DOF el 19 de mayo de 1992, en forma simultánea al ANMEB.
Aunque, como señalan distintos especialistas, la participación del SNTE en el ANMEB (1992) y en la Ley General de Educación (1993) fue más bien marginal, ciertamente el organismo sindical tuvo que desplegar, a partir de ese momento, una estrategia de organización y de gestión política compatible con el marco federalista. Los principios que guiarían la reforma del SNTE fueron planteados en el pronunciamiento “Pacto de Unidad Sindical y Defensa de la Educación Pública” suscrito por el CEN del SNTE en junio de 1992 y desarrollaban una renovada articulación entre las dirigencias seccionales y la nacional para evitar la pulverización del gremio.
En consecuencia, en la coyuntura del presente será interesante conocer la postura sindical frente a los retos que implica hacer avanzar la reforma en las vías trazadas. Dicho en otras palabras ¿cabe esperar la cooperación del SNTE en el nuevo federalismo cooperativo?
