Los propósitos clave de todo sistema de educación básica se enmarcan en la triple inclusión: estar, aprender y participar. Es decir, la fuerza y los recursos del Estado, el compromiso y las capacidades de los agentes educativos se orientan a que todas y todos estén incluidos en la escuela, que aprendan lo que quieren y necesitan y que participen activamente de su propio proceso de construcción personal y comunitaria.
Un sistema que reprueba tiende a excluir. La reprobación tiene un severo impacto en la permanencia; los alumnos reprobados tienen una probabilidad mucho más alta que sus compañeros de dejar la escuela.
Ha causado cierto revuelo que en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de marzo de este año, se haya publicado el acuerdo número 11/03/19 “por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de la educación básica”. Los acuerdos secretariales son piezas normativas que aterrizan criterios generales que la SEP, como coordinadora de todos los sistemas escolares de la República, marca para el cumplimiento de los objetivos de ley.
En el artículo 11 de dicho acuerdo se establece, en la fracción I, que los grados de la educación preescolar se acreditan (es decir, se da por cumplido el grado y se reconoce la promoción al grado siguiente) sólo con haberse cursado, lo mismo que los grados primero y segundo de primaria, como se indica en la fracción II.
No faltaron los comentarios que consideraran el asunto como una decisión a favor de la laxitud y la irresponsabilidad de la autoridad sobre el logro escolar, o incluso como una novedad que “dañará” el trabajo de las escuelas. Ni una cosa, ni otra.
Está bien documentado que el problema con la reprobación es que no está en el mejor interés de la niñez; tal vez para alguien en la intención, pero la evidencia muestra lo contrario. En todos los grados, pero especialmente en los iniciales, se sientan las bases para poder aprender a lo largo de la vida. Darse por vencidos desde el inicio, en cuanto al esfuerzo de los adultos, es un contrasentido para el derecho a aprender.
Si algo nos ha enseñado la pedagogía, desde Comenio y antes hasta el día de hoy, es precisamente que no hay “problemas de aprendizaje” sino limitaciones de la enseñanza y de la convivencia. Todo el aprendizaje es “problema” en el sentido de que para todo ser humano hay reto en el descubrimiento del mundo y de los otros, y exigencia para activar nuestras capacidades y llevar adelante nuestros propósitos; ese reto cobra características específicas según la edad, género, identidad étnica, estado de salud, contexto familiar y social de cada quien. Nos vamos descubriendo, perteneciendo, tomando control de nuestras propias vidas por acercamientos sucesivos, por indagación, por ensayo y error.
Si un alumno es reprobado al inicio de su trayectoria escolar, en lugar de ser apoyado para identificar y superar las barreras al aprendizaje y la participación (BAP, por sus siglas) que enfrenta, el ciclo de exclusión se exacerba. Las BAP no sólo se refieren a condiciones permanentes de discapacidad o de talentos específicos destacados, sino a factores de nutrición, momento emocional y por supuesto a los factores escolares y contextuales de clima de aula, plan de estudios y estrategias homogeneizantes; vamos, las creencias de los adultos sobre lo que pueden esperar de niñas y niños pueden ser las primeras BAP.
La reprobación trajo en otras épocas expulsión; si se la empareja con la repetición, puede tratarse de una expulsión lenta o pospuesta. Pensemos; si como reza el dicho “el principio de la locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes”, entonces nos engañamos si creemos que, en un caso en el que no fue apropiado el proceso, repetirlo en condiciones casi idénticas es la solución.
La repetición está correlacionada, en sus efectos, con el abandono escolar, en los grados repetidos o con posterioridad. No puede minimizarse el efecto de etiquetación de la sobre-edad o la discriminación por ser señalados, como si fuese sólo un tema de voluntad aprobar o no; la posibilidad de generar culpa o ansiedad es muy alta, cuando lo común es falta de atención específica.
En distintas partes del mundo se ha adoptado esta política, como ocurre en los países escandinavos, Portugal, Francia misma. Así que no es excepcional la medida, y de hecho, tampoco es nueva en México. Justamente un sólido estudio empírico (Leave them kids alone! The positive effect of abolishing grade retention on pupils’ dropout rates: Evidence from a policy change, de Francisco Cabrera del CIDE, detalla los efectos del acuerdo 648 (vigente a partir de agosto de 2012) en el que se abolió la reprobación de primero a tercero de primaria. No tiene desperdicio: se muestra con fuerza que no sólo mejoró la permanencia en grados posteriores, sino que no afectó los resultados de aprendizaje registrados en las pruebas nacionales, con todos los ajustes correspondientes. Es decir, no hay elementos para afirmar que dejar de lado la reprobación “daña” el logro promedio porque los chicos que enfrentan retos más tangibles se queden en los grados siguientes; acaban por “ponerse al paso”.
Desde el enfoque de inclusión, esta normativa apunta a aspectos positivos; es adecuada en tanto y en cuanto efectivamente se impulse que en cada aula se hace el esfuerzo necesario para detectar oportunamente el ritmo de aprendizaje, se establezcan estrategias de detección temprana de barreras al aprendizaje y la participación de cada niña y niño, y se siga un plan para alcanzar las metas correspondientes a lo largo del ciclo. Los profesores agradecerán esta “descarga administrativa” de cálculos y registros, pero debe hacerse la retroalimentación cualitativa a las familias y a los propios alumnos, de forma continua y no “para la boleta”. Esperamos que el acuerdo se complemente con una estrategia deliberada, práctica, accesible para que los ajustes al trabajo grupal e individual no dejen fuera del aprendizaje y de la participación. Qué bueno que puedan estar; ahora, hay que asegurarse que se cumpla su derecho a que aprendan y participen.
