La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha protagonizado las acciones más combativas contra la reforma educativa que promueve el gobierno. Los paros, marchas, manifestaciones y bloqueos en varias ciudades del país, incluida la capital, son la cara más visible de su inconformidad en contra del régimen laboral asociado al programa de la reforma. No es de extrañar, por ello, que los medios de opinión identifiquen la disidencia magisterial, en su conjunto, con las expresiones de lucha de la organización. De la lectura de los diarios en las últimas semanas podría colegirse que en el campo de batalla de la reforma hay solo dos actores: la SEP, cuyo armamento incluye el despido de maestros, y la CNTE, dispuesta a perseverar en su protesta con los medios a su alcance.
Hay quienes piensan que una vez replegada la CNTE, a costa de lo que sea, se abrirá un camino más terso para acceder a la gran promesa de la reforma: mejorar la calidad de la educación obligatoria en México. Y que ello se conseguirá una vez que se evalúe a todos los maestros y se capacite a quienes lo requieran.
Pero la cosa no es tan sencilla. En primer lugar porque la disidencia magisterial no se reduce a la CNTE. Tómese en cuenta, para ejemplificar, que las expresiones de inconformidad contra la primera evaluación del desempeño (diciembre de 2015) comprendieron no sólo los bastiones de la CNTE al sur del país, sino que tuvieron reflejo en entidades como Chihuahua, Hidalgo, Morelos, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, entre otros. Si a ello se aúna que en prácticamente todas las aplicaciones realizadas se destacaron fuerzas disuasivas para impedir o reprimir actos de resistencia, es fácil advertir que la inconformidad recorre sectores de mayor amplitud.
Creer que la presencia de maestros en los ejercicios de evaluación implica que los aceptan de buen grado, o que coinciden con su utilidad en el proceso de reforma, es demasiado suponer. El profesor que responde a una evaluación no por ello la legitima. La acata, porque la consecuencia de no hacerlo es la posible pérdida de su trabajo. ¿Sabe la SEP cuántos maestros están, en efecto, conformes con la estrategia de la reforma? Porque podrían consultarlo y conocer, con datos duros de por medio, si la reforma es legítima en el medio docente. Si no lo es, es decir si la mayoría de los profesores rechaza el procedimiento, convendría reconsiderar el proceso en su conjunto.
Nadie duda que la evaluación docente sea legal. También lo son las medidas de presión que la acompañan. Pero el razonamiento es tautológico. Si se reformó la normativa educativa para abrirle paso a una política pública ¿cómo podría ésta no ser legal? La trama jurídica de la reforma cuidó con esmero que el grupo de leyes reformadas, la Constitución y normas secundarias, dieran suficiente respaldo formal a la ostensible limitación de los derechos laborales de los docentes. Ello ha sido respaldado y ratificado por las interpretaciones de la SCJN sobre la materia (véase, principalmente, el dictamen sobre el Amparo en Revisión 295/2014 y otros correspondientes). Cancelada la ruta legal ¿es de extrañar que las protestas ocurran por otras vías y con otros medios?
Al lado del magisterio inconforme no pocos académicos de primera línea han criticado diversos aspectos de la reforma. Baste citar a Manuel Gil Antón, Alberto Arnaut, María de Ibarrola, Ángel Díaz Barriga o Hugo Casanova, de impecable reputación académica. Durante el XIII Congreso Nacional de Investigación Educativa, Chihuahua, noviembre de 2015, un nutrido grupo de académicos del Consejo Mexicano de Investigación Educativa suscribieron la carta titulada Por una Reforma Educativa necesaria y respetuosa del magisterio. El documento fue entregado a la SEP acompañado de más de siete mil firmas de respaldo, y no mereció respuesta o comentario de las autoridades.
Otras voces han criticado el ángulo laboral de la reforma desde posiciones institucionales más comprometidas. Por ejemplo, Gilberto Guevara Niebla, consejero de la Junta de Gobierno del INEE, propone flexibilizar el sistema vigente: “La evaluación de desempeño podría ser opcional para los docentes experimentados (y) obligatoria para docentes con 10 (¿o 15?) o menos años de experiencia docente. Otra opción hubiera sido que la evaluación de desempeño se acompañara de uno o varios programas atractivos de jubilación anticipada (…) La evaluación de desempeño tendría un carácter de evaluación diagnóstica y su único fin sería apoyar la formación continua de los docentes. Esto significa que los profesores que reciben nota insuficiente recibirían después de su evaluación apoyo para reforzar su formación, pero no sería necesario volver a evaluarlos.” (Sobre el Servicio Profesional Docente, Nexos, 1 de marzo de 2016).
Sin embargo, se oye decir que quienes hoy critican (criticamos) la reforma educativa hacen (hacemos) juego a la CNTE. Me parece que no es así, creo que es válido cuestionar las políticas educativas sin necesidad de coincidir con las formas de lucha de la organización. Creo también que es esta una posición más frecuente que marginal. La antigua consigna “el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama” (Lucas 11: 15-26), es una mala receta si de verdad se quiere mejorar el estado de cosas.
