Si no recuerdo mal, en ¿Qué hacer?, Lenin planteó la táctica bolchevique de que, en toda revolución, había que agotar las formas legales. Ello, no tanto para lograr los fines revolucionarios, sino como medio de propaganda y elevar el espíritu de lucha de la clase obrera y sus aliados.
En una conferencia que dio en la Universidad Michoacana, a principios de los 90, Arnaldo Córdova, comentando el libro de Norberto Bobbio, Liberalismo y democracia, sostuvo que, no obstante que en gran medida la Constitución era letra muerta, no había que menospreciar su vigencia como reguladora de comportamientos institucionales.
Estas remembranzas vinieron a mi mente por dos asuntos que tendrán consecuencias en la convulsa situación de Oaxaca. La sección 22 sufrió descalabros después de que el gobierno federal y el de Gabino Cué reconquistaron el control del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y le congelaron sus cuentas bancarias. Luego, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño —ya sin el estorbo del subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda—, la acosaba y la reducía paso a paso.
Los vientos presagiaban derrotas para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el gobierno apretaba con acciones legales y políticas. Pero llegó la mañana de Nochixtlán, la CNTE tomó impulso de nuevo. La S-22 es la que más ha ganado, pues ya dobló al gobernador Alejandro Murat (o tal vez él mismo se inclinó ante el poderío del magisterio oaxaqueño).
Ya tienen las plazas que les prometió desde 2013 el entonces subsecretario Miranda; el gobernador ya renunció a gobernar en la educación (habla de bilateralidad) y la S-22 recoloniza espacios que el gobierno le había arrebatado. Pero va por más.
La corresponsal de El Financiero (21 de febrero) reportó que los líderes de la S-22 “exigieron la instalación de una mesa pedagógica bilateral para dar continuidad y concretar los trabajos del Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO), realizar la revisión de la Ley Estatal de Educación y reformarla con la iniciativa de ley producto de foros magisteriales y populares”.
La estrategia de los dirigentes de la S-22 me parece una diáfana evocación de las tácticas leninistas: quieren institucionalizar su proyecto, no les basta con tener el poder de facto. Además, es una bandera para la movilización y la propaganda; saben que el gobernador Murat no les durará para siempre.
Pero la Constitución tiene asideros. Mexicanos Primero objetó por la vía legal las concesiones que la Segob hizo a la S-22. En abril de 2016 un juez federal le concedió un amparo que declaró inválidos el otorgamiento de plazas docentes en calidad de patrimonio del sindicato, derecho a no ser removido en razón de un mal resultado en la evaluación, conservación de derechos adquiridos en la carrera magisterial, incentivos económicos y promociones por buen desempeño.
La Segob interpuso un recurso para que el amparo no procediera. Pero el 23 de febrero, el ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío, propuso atraer y resolver en definitiva quién tiene razón en este litigio.
Oaxaca tiene un nuevo conflicto en puerta. Si la Corte falla a favor de Mexicanos Primero, ¿cómo le hará el gobernador para recuperar las plazas que entregó a la S-22?, ¿cómo podrá frenar los intentos de la S-22 de tener un estado de excepción, cuando ya se declaró su aliado?
Quizá el gobernador no sufra tanto apuro. Hoy los secretarios de Estado le echan loas por ser amigo del Presidente, pero pronto habrá otro inquilino en Los Pinos y tal vez de un partido diferente al PRI. El gobernador quedará más solo que Robinson Crusoe.
Mientras tanto, la educación de Oaxaca continúa prisionera y ni la vía política ni la vía legal la pueden liberar.
