Juan E. Pardinas
Si el respeto al derecho ajeno es la paz, el atropello del derecho ajeno es… Oaxaca. El estado que vio nacer a Benito Juárez es el lugar donde más se desprecian los principios rectores de su biografía. En su propia tierra, el estadista de Guelatao es un profeta de escenografía.
Más que una lucha de vena anticlerical, las Leyes de Reforma buscaban forjar la entereza institucional del Estado mexicano. En el siglo XIX, las corporaciones eclesiásticas eran un poder paralelo que vulneraba los espacios propios de la autoridad gubernamental. La fundación del Estado laico tiene su piedra de toque en la noción de que la soberanía del gobierno no se puede someter a los intereses del poder religioso. En tiempos de Juárez era la Iglesia Católica quien erosionaba las potestades del Estado. Si en el siglo XIX fueron las corporaciones eclesiásticas quienes se mofaban de los poderes constitucionales, hoy son las corporaciones magisteriales las que convierten a las instituciones de gobierno en fachadas huecas. Oaxaca es el epicentro de este desafío.
En su toma de posesión, el presidente Peña Nieto solicitó al INEGI y ordenó a la SEP que se realizara un censo sobre el sistema de educación pública. La disposición presidencial quedó remachada en la propia Constitución mediante un artículo transitorio. Más que un censo, la orden presidencial se convirtió en un detallado ejercicio de auditoría sobre el personal, los alumnos y las escuelas de México. Sin embargo, en el 27% de las escuelas oaxaqueñas no se permitió la entrada a los encuestadores del INEGI. Más de una cuarta parte de los planteles escolares de Oaxaca se gobierna en un territorio ajeno a las órdenes del Presidente y a los preceptos de la Constitución. Si se excluye a Chiapas, Oaxaca y Michoacán, la tasa de escuelas no censadas en el resto del país fue de sólo 0.4%. La aplicación y difusión completa del censo del INEGI es en los hechos una herramienta poderosa para que el Estado mexicano recupere las riendas del sistema educativo.
Esta semana, Claudio González Guajardo, presidente de la organización Mexicanos Primero, fue expulsado del estado de Oaxaca por el crimen de haber osado criticar al poder fáctico que manda sobre los destinos de la entidad. En la tierra de Juárez, la libre manifestación de ideas está castrada por la falta de autoridad. Tal vez se puede opinar sobre la tibieza pusilánime del gobernador Gabino Cué, pero cuestionar los usos y costumbres del magisterio es motivo de persecución.
El Artículo 3o. de la Constitución establece que el “Estado garantizará la calidad en la educación”. México le ha quedado a deber este derecho a más de un millón de alumnos inscritos en el sistema de educación pública de Oaxaca. Estos niños y jóvenes tienen la probabilidad más baja del país de terminar la secundaria y sólo 35 de cada 100 termina el bachillerato. La escolaridad promedio en Oaxaca es de sexto de primaria, mientras que en el Distrito Federal es de primero de preparatoria. Dicen que donde hay buena educación, no hay clases sociales. Si no avanza la reforma educativa estas brechas serán aún más profundas en la geografía de nuestras inequidades.
Gobernar Oaxaca no debe ser una tarea sencilla. Una fuente informada me dice que más del 25% de las autoridades municipales son miembros de alguna organización magisterial. Sin embargo, el primer paso para recuperar la herencia de Juárez es un gobierno estatal que no confunda la claudicación con la negociación. La ejecución de la reforma educativa requiere de gobernadores con capacidad y entereza para decir “No”.
Publicado en Reforma
