Parecería que, por estar de vacaciones, iba a disminuir la protesta de los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero no es así. No con el mismo ímpetu que en días de clases, pero la operación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no reposa. Tiene capacidad incalculable para mantener a Oaxaca sometida al conflicto. Pero quien paga las consecuencias es la ciudadanía.
El 27 de julio, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca suspendió el salario a 56 maestros de la S-22, debido a que sus nombres (y me imagino que sus claves también) son idénticos a integrantes del Comité Ejecutivo Seccional. De acuerdo con las nuevas reglas del juego, las autoridades no deben pagar el salario de los comisionados sindicales. Las secciones pueden tener trabajadores de la educación en comisión a sus comités, pero pagados con fondos propios.
Eso prendió la mecha de la S-22 y lo agregó al conjunto de exigencias al gobernador Alejandro Murat. Con la amenaza de comenzar movilizaciones a partir del 15 de agosto, le piden, en primer lugar, que separe del cargo de director del IEEPO a Germán Cervantes Ayala, un funcionario incómodo para la CNTE. El reclamo es porque no quiere —está impedido por ley— pagar los salarios retenidos a trabajadores regularizados. Éstos no cumplieron con las evaluaciones para ingreso, como lo habían convenido los dirigentes de la S-22 y la Secretaría de Educación Pública. Además, la S-22 insiste en que se otorguen plazas a los egresados de las 11 escuelas normales en el estado y se recontrate a los asesores de la Normal federal.
Es probable que las amenazas no sean balandronadas. Si bien la S-22 anda de capa caída y ha perdido buena parte de capacidad de movilización, no puede descartarse que pueda activar, al menos, a los afectados, sus familiares y su base dura. El primer día de clases será clave.
Si se recuerda la movilización hormiga de 2016, donde una veintena de inconformes bloqueaban vías férreas o tomaban casetas, es posible que la CNTE replique la táctica. Por lo pronto, ADO canceló corridas de autobuses en la terminal de Oaxaca. Esas acciones perjudican más a la ciudadanía que a los altos funcionarios del IEEPO. Habrá ciudadanos que canalicen su enojo contra el gobierno, pero otros se encolerizan contra la CNTE.
Es más, me atrevo a pensar que los más radicales de la S-22 y organizaciones afines tratarán de bloquear de nuevo el entronque de las carreteras federal y de cuota en Nochixtlán. Con la carga simbólica que representa.
El gobierno de Oaxaca y el IEEPO no la traen consigo en su lidia —cotidiana— con la CNTE, la SEP tampoco. Ya surgió otra ventana que lustra el grado de patronazgo y corrupción existente en el IEEPO. Allí, al igual que en las secretarías de educación de los estados, funcionarios gozan de beneficios ilegales, como usar vehículos oficiales y cargar los gastos de combustible a las arcas públicas. Esas mercedes se extendían a los dirigentes de las secciones sindicales. Todavía no se eliminan del todo.
Un ciudadano solicitó al Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo dar a conocer el número de facturas, nombre del proveedor y monto que pagó el IEEPO por concepto de compra de combustible, de enero a mayo de 2017. El Fone lo administra la Secretaría de Hacienda, aunque la indicación provenga de la SEP y de las dependencias estatales. Los funcionarios responsables de manejar el Fone mandaron al quejoso al IEEPO, pero el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales les ordenó resolver a favor del quejoso (El Universal, 1/VIII/17).
La corrupción encuentra siempre caminos para colarse, hasta en las sociedades más democráticas y transparentes. En México no se diga, está en la médula del tejido social. Los corruptos tratan de mantener sus privilegios por diversas vías. Los maestros disidentes de Oaxaca por medio de la amenaza, el chantaje y la movilización. Y mientras las autoridades no metan orden —empezando por ellas mismas—, el conflicto en Oaxaca no concluirá.
RETAZOS
Gerardo Garza Martínez acusa a la oficial mayor de la SEP y al jefe de Adquisiciones de llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa de los Servicios de Red Integral de Multiservicios Administrativos (Excélsior, 1/VIII/17). Un contrato por alrededor de 300 millones de pesos. Es una denuncia grave y pública. Urge que la SEP esclarezca el asunto.
