El miércoles 27, las comisiones de Educación y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de enmiendas a los artículos que rigen la educación nacional. La sección 22, de Oaxaca, la vanguardia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), tenía bloqueado el Palacio Legislativo y había impedido tres sesiones.
El proyecto de dictamen sufrió una modificación para satisfacer las demandas de la CNTE, pero no la dejó contenta. En esas comisiones negociaron la inclusión del artículo transitorio 16 que parece una contradicción o quizá nada más un galimatías, con todo y fallas en la gramática: “Con la entrada en vigor de las presentes disposiciones, los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación se regirán por el artículo 123 constitucional, apartado B. Con fundamento en este decreto, la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la Ley reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros”.
Los diputados asentaron que las relaciones laborales funcionarán por el estatuto que rige a los trabajadores al servicio del Estado, que incluye asignar el 50% de las plazas. Tema que abre la puerta para regresar al pasado, donde los líderes sindicales controlaban la trayectoria laboral de los docentes. Peor aún, sería el pie de cría para recolonizar los órganos de gobierno de la educación básica.
Pienso que la oposición dejó pasar ese entuerto con alguna condición. Por ejemplo, elaborar la ley secundaria antes de que la reforma constitucional sea un hecho.
Sin embargo, la bancada de Morena tampoco la tiene fácil. Primero, con votos en contra y abstenciones mostró la primera grieta en la alianza mayoritaria. Lo más grave, como lo puso nuestra amiga Ivonne Melgar en su pieza de ayer, los líderes se encuentran entre “la espada del discurso presidencial y la pared de la realidad política”.
Tras las fatigosas jornadas en el Congreso —y una vez aprobado el texto de compromiso— el jueves 28, el presidente López Obrador ordenó: “Pero en todo aquello que pueda significar el que se mantengan disposiciones que afecten a los maestros he dado instrucción que se quite todo, porque no les voy a dar el gusto a los conservadores que digan que somos iguales. No”. Ya había dicho que la palabra evaluación debería desaparecer del texto constitucional.
No obstante, el Presidente se contradijo —o así puede interpretarse— cuando en la misma sesión expresó: “No queremos venta de plazas ni trafiques con la nómina. Corrupción no se permite a nadie, aunque sean los más radicales o extremistas de izquierda o de derecha”.
La instrucción presidencial es ambigua. Por una parte, le ordena al secretario de Educación Pública conceder a la CNTE, pero, por otra parte dispone quitar enmiendas aprobadas. La Coordinadora volverá pasado mañana para “inspeccionar” que el Congreso no apruebe la reforma que no le complace.
Y la reforma va otra vez para atrás en el Congreso.
