Fidel Ibarra López
En las actuales circunstancias, los colegios privados son el eslabón más débil en el Sistema Educativo Nacional. Los padres de familia -con justificación en algunos casos, por haber perdido el empleo en esta coyuntura- están señalando que no van a pagar las colegiaturas porque no se les está ofreciendo el servicio a sus hijos. Lo anterior no es del todo así, los directivos de los colegios privados sabían que ese escenario se podría presentar una vez que el gobierno federal decretó la suspensión de las clases para evitar la propagación de la pandemia del Covid-19; por tal motivo, desarrollaron la continuación de las clases a través de actividades utilizando para tal efecto, la tecnología. Como a todos los centros educativos, este apagón pedagógico -para utilizar la expresión del académico Luis Bonilla-Molina- los agarró por sorpresa, pero los colegios privados -me parece- le han hecho frente de una mejor forma que en la educación pública debido a una serie de factores, dentro de los cuales destaca uno de ellos; esto es, el acceso a internet por parte de los alumnos.
No obstante, el riesgo de que los padres de familia no paguen las colegiaturas es latente. Hay un escenario ad hoc para ello. Cito tres condiciones: 1) Dentro del Programa de Reactivación económica del presidente López Obrador, la clase media no fue considerada. Ni en cuanto a la condonación o postergación del pago de impuestos, ni en cuanto al otorgamiento de créditos -se habla de que los créditos que va a otorgar el gobierno federal son para las personas que tienen un pequeño changarro (lo cual es correcto); pero se deja afuera a pequeñas y medianas empresas-. Tampoco se ha aprobado la condonación del pago de los servicios (gua, luz); 2) El nivel de desempleo ha crecido de forma abrupta: entre el 13 de marzo y el 6 de abril se perdieron 346 mil 800 empleos en México (El País, 8 de abril del 2020). Lo cual significa -como se ha enunciado en los medios impresos y digitales- que en tan solo ese tiempo se perdieron gran parte de los empleos que se generaron el año pasado; y 3) No se tiene claro hasta cuándo se podría reactivar la economía, puesto que hay tres condicionantes en el escenario: Los gobiernos nacionales -incluido el gobierno mexicano- están señalando que van a retornar gradualmente la actividad de las empresas y negocios; pero la OMS está alertando del riesgo que significaría si ello tiene lugar, porque se abriría la posibilidad de un rebote agudo de contagios (nuevamente). Y finalmente, no hay posibilidad de una vacuna hasta dentro de un año o más, según han señalado los especialistas.
Todo este escenario viene a afectar la situación económica de la clase media, que es finalmente la que consume el servicio de la educación privada en México. Por ende, la incertidumbre sobre el pago de las colegiaturas es un escenario real.
La PROFECO, como bien lo ha señalado Liliana Carrasco Juárez, en un artículo publicado en este espacio, ha dado algunas alternativas para solventar el pago de las colegiaturas (ampliar o posponer los pagos de las fechas de pago, pagos a meses sin intereses, reducción el monto de las colegiaturas, por ejemplo). No obstante, las alternativas que propone la PROFECO conllevan a que las partes se pongan de acuerdo para dirimir el problema.
Y en este punto hay que detenerse: bajo esta perspectiva, el problema se circunscribe a las partes; esto es, a los directivos de los colegios privados y a los padres de familia que tienen a sus hijos estudiando en los centros escolares. Lo anterior es correcto si estuviésemos en un escenario de condiciones digamos “normales”; pero no lo estamos. Aquí ambas partes tienen complicaciones para salirle al paso a sus obligaciones. En el caso de los colegios privados, con el pago de los servicios (luz, agua, internet, etc.), de la nómina, de los impuestos y demás obligaciones; y en el caso de los padres de familia, con el sostenimiento de su negocio -en caso de que lo tengan- en tiempos donde se ha decretado el cierre de los establecimientos por motivos de la contingencia sanitaria, o en su defecto, en el sostenimiento del empleo -si es que aún lo mantienen todavía- ante un escenario de incertidumbre económica.
Entiendo que se llame a que las partes se pongan de acuerdo; pero esa posición de medianía no cabe en estos momentos por parte del gobierno federal. Si bien no estamos en un escenario como el de Estados Unidos, donde a partir de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES) -aprobada por el Congreso Estadounidense-, se aprobó un rescate de 2.2 billones de dólares, con el cual se destinó un Fondo de Estabilización de la Educación de 30.75 mil millones de dólares para escuelas y universidades, sí debe el gobierno federal intervenir con mayor decisión. ¿En qué sentido? Si no se aprueba un fondo al estilo estadounidense para la educación, al menos que se le otorgue a la clase media de las condiciones necesarias para que se mantenga en pie en todo este tiempo que dure la pandemia.
No puede haber -en las actuales condiciones- un “ustedes arréglense como puedan” y yo me mantengo al margen. No, no se puede. Insisto: no estamos en un escenario “normal”.
Termino con lo siguiente: el título del presente artículo convoca a una disyuntiva. Y en términos jurídicos, no hay tal disyuntiva. Como bien lo señala -y la cito otra vez- Liliana Carrasco Juárez, “las escuelas no decidieron su cierre ni son responsables por ello”. En ese sentido, prosigue la autora, las escuelas “no están obligadas a eximir a los padres de familia de las obligaciones del pago” (Educación Futura, 13 de abril del 2020). Lo anterior es correcto. No obstante, como lo hemos señalado líneas arriba, los padres de familia no están en una condición favorable. Y es entendible que se suenen voces que llamen a no pagar las colegiaturas.
¿Qué va a ocurrir al final del día? Los directivos de las escuelas van a llegar a acuerdos con los padres de familia. Y con los que no se pueda, seguramente van a sacar a sus hijos de la escuela y los van a meter en una escuela pública. Empero, este acuerdo o desacuerdo de los directivos de las escuelas y los padres de familia es una representación de una concepción de la sociedad en el presidente de la república. ¿En qué sentido? En el sentido de que la clase media tiene con qué hacerle frente a la complejidad económica. Y a los que se debe de proteger es a los que menos tienen. Un servidor ha escrito a favor de esta posición del presidente. Coincido con el hecho de generar un gobierno que proteja a “los de abajo”, a los que tienen mayor vulnerabilidad laboral y económica en este país. La política económica neoliberal ha sido brutal en términos sociales; sin embargo, la clase media es fundamental para sostener la vitalidad económica en una economía nacional. Y es la clase media a la que no se está respaldando en esta coyuntura histórica que estamos viviendo en nuestro país.
Pagar o no pagar colegiaturas no es una disyuntiva, es la síntesis de una situación a la que se ha orillado a la clase media.
Fuentes consultadas:
- Carrasco Juárez, Liliana; “¿Qué pasará con el pago de colegiaturas ante la contingencia sanitaria?”. Educación Futura, 12 de abril del 2020. Disponible en: https://educacion2.rmb.mx/que-pasara-con-el-pago-de-colegiaturas-ante-la-contingencia-sanitaria/
- El País, 8 de abril del 2020. Disponible en: https://elpais.com/economia/2020-04-08/mexico-pierde-en-dos-semanas-el-empleo-creado-en-2019-en-un-ambiente-de-tension-entre-el-gobierno-y-los-empresarios.html
