Un juez federal ordenó a la Secretaría de Educación Pública mantener protección personal constante sobre una niña de 11 años que denunció agresiones sexuales y bullying en una escuela primaria de la Ciudad de México, reporta el diario Reforma.
Se trata del primer caso de este tipo que se revisa por la vía del juicio de amparo.
Fernando Silva García, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, concedió un amparo en contra de la omisión de las autoridades educativas para prevenir y sancionar presuntas agresiones de un alumno de la Escuela Primera Centenario de la Restauración de la República, ubicada en Iztapalapa.
El amparo, difundido hoy por el Consejo de la Judicatura Federal, fue otorgado el 10 de marzo, y no fue impugnado por la SEP, que el 28 de mayo remitió al juzgado las constancias sobre el cumplimiento de la sentencia.
Se trata de un precedente relevante, pues las autoridades que no cumplen las sentencias de amparo se exponen a ser destituidas de sus cargos y consignadas penalmente por el delito de abuso de autoridad, amén que bajo la nueva ley en la materia, incluso escuelas particulares pueden ser consideradas como equivalentes a autoridades.
El nombre de la menor, alumna de sexto de primaria; el de su tío, que promovió el amparo en su representación, y el del niño señalado por las agresiones fueron censurados en las versiones públicas difundidas por el CJF.
“Se ordena continuar asignando a una persona (mujer) del plantel para que proteja a la menor, de manera discreta, y vigile los espacios comunes de encuentro de la menor con sus compañeros, es decir, durante las entradas, cambios de clase, recreos y almuerzos, a fin de evitar el acoso”, dice la sentencia.
“Las autoridades escolares deberán escuchar a la menor, a fin de que se exprese sobre las medidas que se han tomado, y si es su deseo cambiar de grupo o si han subsistido las agresiones a su persona e indique qué otras medidas puedan dictarse para que se sienta protegida y en confianza en el centro escolar”, agrega.
Silva García también requirió un informe mensual al Supervisor Escolar de la Zona Siete del DF, Juan Carlos López Guadarrama, y a la Directora Regional de Servicios Educativos Centro de la SEP, Laura Baselis Reyes, sobre las medidas para salvaguardar a la niña durante todo el año escolar.
Las medidas de protección habían sido concedidas por el juez de manera cautelar desde diciembre de 2013, cuando comenzó el juicio.
“Varios padres de familia le hicieron saber a la maestra del grupo que el menor se ha masturbado al menos dos veces frente a sus compañeras en clase, ha amagado a menores en el baño y los ha amenazado con objetos punzocortantes para hacerles propuestas de índole sexual”, narraron los quejosos en su demanda.
Días después de promovido el amparo, la SEP informó que se mantenía vigilancia permanente en los sanitarios y pasillos y se canalizó a menores afectados para recibir atención en el Hospital Pediátrico Infantil Iztapalapa.
“Se otorgará acompañamiento a la profesora, a los alumnos que conforman el grupo Sexto A, y en particular a la menor (denunciante) asignando a una docente con esa exclusiva función, con la única intención de garantizar que durante su estancia de la Jornada Escolar se salvaguarde su integridad física, psicológica y social”, agregaron desde diciembre las autoridades.
Nota completa en Reforma
