Mientras el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, juega vencidas en los medios con la disidencia magisterial, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) anunció que las autoridades educativas del país aprobaron, después de diálogos y reflexiones, el documento rector de la Política Nacional de Evaluación Educativa (PNEE).
La PNEE contendrá siete ejes: (1) desarrollo de evaluaciones de los componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional, (2) regulación y supervisión de los procesos de evaluación, (3) desarrollo de sistemas de información que contengan de manera articulada los resultados de las evaluaciones y los indicadores construidos por el INEE, (4) difusión y uso de los resultados de las evaluaciones para impulsar la “cultura de la evaluación”, (5) emisión de directrices para apoyar la toma de decisiones, (6) coordinación institucional entre el INEE y las autoridades educativas, que vale la pena recordar, son tanto la Secretaría de Educación Pública como “las correspondientes de los estados y el Distrito Federal y de los municipios (…)”, y (7) fortalecimiento de capacidades institucionales a nivel nacional y local con el propósito de mejorar los procesos y las prácticas de evaluación.
Al contrario del Comunicado de Prensa número 32 del INEE (13/10/15), los periódicos le pusieron sabor a las cosas informando sobre los vacíos que ha dejado la actual política de evaluación. En su nota en Milenio, Alma Paola Wong, reporta que el INEE ha detectado que “no hay suficiente solidez técnica” de las evaluaciones ni tampoco una buena regulación que garantice la transparencia. Asimismo, hay desarticulación de los sistemas de información, una “limitada investigación” que use los resultados de las evaluación para hacer políticas y una escasez de personal especializado en los temas de evaluación en los estados de la república. A este respecto, Laura Poy, de La Jornada, afirma que sólo cinco por ciento de los funcionarios que laboran en las 33 áreas estatales de evaluación (AEE) se dedican a actividades propias de evaluación.
¿Son todos estos problemas los que tratará de resolver la “nueva” PNEE? Los siete ejes van en ese sentido; no obstante, la Ley del INEE habla de un propósito más general. Este ordenamiento señala que la PNEE estará “encauzada a mejorar la calidad del Sistema Educativo Nacional” (Artículo 27.VI). Los consejeros de la Junta de Gobierno del INEE hicieron eco de la Ley al escribir que el “problema público” al que responde la PNEE son indicadores y resultados educativos desfavorables (Gaceta, número cero, 2014). Mejorar la calidad educativa es una cosa muy distinta a hacer que la evaluación sirva para el desarrollo educativo. Establecer claramente el foco de una política no es un asunto trivial. ¿Cómo va el INEE a darle seguimiento a la PNEE si elige perseguir la calidad educativa cuando en este proceso concurren diversas políticas e intervienen múltiples actores? El objetivo primordial de la PNEE es entonces reafirmar los atributos principales de la evaluación tales como la confiabilidad, validez, transparencia, imparcialidad y utilidad. Ojalá pronto las leyes que emanaron de la Reforma se revisen y se establezca más claramente qué persigue la PNEE.
Al momento de escribir estas líneas, aún no era público el citado documento de la PNEE. Ojalá pronto lo sea para saber cómo explica el INEE el escenario tan desfavorable que plantea. ¿Por qué en más de una década no hemos alcanzado suficiente solidez técnica de las evaluaciones? ¿Qué causa que no tengamos una regulación estricta en la aplicación de las pruebas? ¿Qué ha originado que los resultados de las diversas evaluaciones no se utilicen de manera inteligente si hay una mayor apertura de los medios? Hace 20 años la SEP escondía los resultados de la evaluación bajo el argumento de “no generar mayores problemas”, ahora que contamos con esa información parece que no sabemos qué hacer con ella. ¿Qué responsabilidad hemos tenido los investigadores educativos en este estancamiento?
También quisiera saber por qué algunos estados de la República no han podido generar capacidades institucionales para crear y gestionar sus propios sistemas de evaluación educativa. Utilizando la métafora de un colega, vale la pena preguntarse si algunas entidades federativas son o menores de edad o de plano enanos. ¿Tardarán en crecer o no lo harán nunca? En este sentido, no es claro cómo puede contribuir a su desarrollo la apertura de una oficina del INEE en cada entidad federativa. ¿Cuál es el costo-beneficio de este programa? Si no se piensa bien en cómo dar este paso, los procesos de evaluación pueden exponerse al juego político de los gobernadores que, como lo han dicho varios analistas, parecen “virreyes” por el nivel de control que ejercen. El uso político de la evaluación —que es regresivo— es precisamente lo que la PNEE propone combatir. Esperamos entonces mayor información para contribuir al desarrollo de la PNEE, que así como es nacional también es pública.
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