El 7 de marzo pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 716 por el que se establecen los lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación. La integración de dichos Consejos comprende los niveles nacional, estatal, municipal y escolar tal y como ya lo establecía la Ley General de Educación, sin embargo este Acuerdo agrega y especifica funciones y responsabilidades puntuales para cada uno de los consejos.
Si bien algunos investigadores en educación han abordado el tema de la participación social en la educación en México, como en tantas otras temáticas, es urgente que los especialistas indaguen a fondo ¿qué alcances educativos puede tener efectivamente el involucramiento de la sociedad en los procesos educativos? ¿cuáles son las mejores condiciones para que la participación de los padres de familia repercuta en la mejora de las escuelas? ¿qué otros actores deberían de participar en la discusión sobre el rumbo del sistema educativo además de los “usuarios” directos? ¿cómo se puede transcender de la participación meramente operativa —como es la organización de festivales o mejora de la infraestructura escolar— a temas más relevantes como apoyar pedagógicamente el trabajo de los maestros o incidir en la resolución de conflictos que afectan la educación de los alumnos? Por otro lado, se debe considerar que el tema de la participación social en la educación no es nuevo en nuestro país. El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica firmado en 1992 incluía textualmente esta preocupación y sobre todo, para el siguiente año, la Ley General de Educación incluyó a la participación social en su Capítulo VII. Así, es importante reconocer que el debate sobre cuál ha sido la incidencia real de la participación social en la educación mexicana desde hace casi 20 años nos ha dejado más dudas que respuestas y, desafortunadamente, la mayoría de dichas respuestas apunta a conclusiones poco optimistas.
El acuerdo publicado el viernes pasado señala que los Consejos serán instancias de “consulta, orientación, colaboración, apoyo e información, según corresponda, con el propósito de participar en actividades tendientes a fortalecer, ampliar la cobertura y elevar la calidad y la equidad en la educación básica”. En el caso del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación quedará conformado por 32 miembros que representan distintos actores del sistema educativo, autoridades federales, padres de familia, Secretarios de Educación de los estados, maestros, representantes sindicales y, entre otros, dos “investigadores en materia educativa o académicos reconocidos”.
Las funciones del Comité Nacional son:
I. Tomar nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación;
II. Conocer el desarrollo y evolución del sistema educativo nacional;
III. Opinar en asuntos pedagógicos, planes y programas de estudio relacionados con el sistema educativo nacional;
IV. Proponer políticas para elevar la calidad, la equidad y la cobertura de la educación;
V. Conocer opiniones y sugerencias de la sociedad para elevar la calidad de la educación, y su equidad;
VI. Formular propuestas que fortalezcan y alienten el logro educativo;
VII. Proponer actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a padres de familia y tutores;
VIII. Sugerir estrategias que favorezcan la autonomía de gestión escolar;
IX. Aprobar, elaborar, actualizar o modificar su estatuto interno, y
X. Las demás que establezcan los ordenamientos jurídicos.
El día de hoy, lunes 10 de marzo, que se instala el Consejo Nacional quiero informar que he aceptado participar como uno de los dos investigadores educativos que se mencionan en el Acuerdo. Mi inclusión se debe a que el director del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), institución donde laboro, me propuso para participar tras haber recibido una invitación de la SEP para sugerir una terna. Mi colega la Dra. Alicia Civera, que al igual que yo es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE), participará como suplente en el Consejo. Considero que se trata de una oportunidad para tomar parte en temas importantes de política educativa, pero sobre todo lo veo como un enorme reto buscando incidir en la rendición de cuentas —tan urgente en este país— y en la transparencia sobre las decisiones que están afectando directamente el desarrollo del sistema educativo nacional; aunque las decisiones de este Consejo, no sean vinculantes y, en consecuencia, nuestra influencia en el campo no dependa de lo atinado o no de nuestras observaciones.
Como hasta ahora, mis opiniones seguirán siendo responsables, informadas, independientes y públicas (algunas de ellas de hecho divulgadas en este mismo medio). No represento a ningún grupo de interés y no avalaré automáticamente cualquier política pública. Mi tarea será pugnar porque las decisiones del Consejo se tomen con base en evidencia derivada de la investigación educativa. El desafío es enorme si pensamos en los limitados resultados que ha dado la formalización de la participación social en educación hasta el momento por lo que espero desempeñar mi trabajo, al interior del Consejo Nacional, de la manera más transparente y profesional. Finalmente vale la pena aclarar que se trata de un cargo honorífico por lo que el Acuerdo 716 señala que los consejeros no recibiremos ningún tipo de compensación económica por nuestra participación en dichos Consejos.
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La autora es investigadora en el Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV).
