La presidencia de la República presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos nuevas controversias constitucionales en contra de los gobiernos de Zacatecas y Baja California, al incumplir el proceso de armonización de la reforma educativa, reporta El Universal.
Hasta ahora son siete las entidades denunciadas por el gobierno federal, al haber incumplido los criterios de armonización legislativa de la reforma.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Humberto Castillejos Cervantes, presentó la demanda de controversia constitucional en contra de los poderes ejecutivo y legislativo de los estados de Zacatecas y Baja California, por la expedición de las leyes en materia educativa.
A 15 días de que inició el primer proceso en contra de cuatro estados, ahora fue la SEP la que informó que en Baja California y en Zacatecas también se encontró que las legislaciones locales se contravienen algunas disposiciones de la Constitución General de la República, las leyes reglamentarias correspondientes, y por lo mismo, el espíritu de la Reforma Educativa.
El pasado 15 de abril, la presidencia de la República dio a conocer que se establecieron recursos de inconstitucionalidad en contra de los gobiernos de Chiapas, Michoacán y Sonora por violentar algunos de loas artículos de la reforma nacional.
Mientras que en el caso de Oaxaca el recurso se inició por no haber realizado el proceso de modificación de la ley.
En el caso particular del estado de Baja California, el poder legislativo estatal aprobó la Ley del Servicio Profesional Docente de la entidad invadiendo gravemente las facultades que expresamente le atribuye la Constitución Mexicana al Congreso Federal en todo el país.
Mientras que en el caso de Zacatecas la SEP no especificó cuáles fueron los actos violatorios que se cometieron y dieron origen al recurso ante la Suprema Corte.
“Con estas controversias el Gobierno de la República busca que se declare la invalidez de estas normas locales por ser inconstitucionales, con el fin de que se garanticen la congruencia de los marcos jurídicos locales con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias en materia educativa”, dio a conocer.
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