“Cuentas claras, amistades largas” reza el refrán que traigo a cuento para dejar en claro que no estoy a favor de la corrupción que impera en el ámbito magisterial oficial y en el sindical desde hace muchísimos años, pero si estoy muy molesto por la avalancha de acusaciones y declaraciones emitidas en los años recientes por organismos que en principio, me parecían serios y respetables, pero hoy advierto en ellos la orquestación de una campaña orientada a desprestigiar al magisterio, generalizando acciones que tienen nombre y apellido, o manejando sofismas y falacias, fácilmente refutables si existiese voluntad de los secretarios de educación estatales. Estoy totalmente a favor de la transparencia y del derecho a la libre expresión, en el marco de la ley. He dicho.
El INEGI, organismo de larga tradición científica y de incuestionable credibilidad, de pronto muestra incapacidad para diferenciar entre maestros en estatus pre jubilatorio, enfermos, muertos o comisionados a funciones técnico pedagógicas (ATP) en la esfera de las secretarías de educación estatales, llamándolos genéricamente “aviadores” (término que debiera designar, en este caso sólo a las personas que cobran sin trabajar, porque no asisten al centro de trabajo al cual están asignadas, y a las que aún asistiendo, no trabajan, de los cuales hay una amplia cantidad que incluye a la burocracia golondrina que llega en cada cambio de administración sin saber lo más mínimo del oficio).
Sorprende que ningún Secretario de Educación estatal haya solicitado al INEGI el listado de los “aviadores” y lo haya desbrozado, luego de lo cual seguiría, en conciencia, una aclaración, confirmación o rechazo con sus respectivas consecuencias para el emisor de la información falsa o dolosa, pero, dejar estas informaciones como ciertas y definitivas, no abona para nada el camino hacia la transparencia y la construcción de un país unido y democrático.
Sería bueno también, que las Secretarías estatales dieran a conocer la cantidad de maestros y demás personal cuyo sueldo corresponde al techo financiero es de alguna escuela pero que se desempeña en oficinas centrales, debido a que desde hace muchos años las áreas de las secretarías carecen de presupuesto para operar todos los programas nacionales y estatales.
Apuesto a que si en este momento, una Secretaría de Educación estatal regresara a todos los maestros y demás personal al centro de trabajo correspondiente, ocurrirían dos cosas: una, este personal se convertiría en “aviador” es decir estaría presentándose al centro de trabajo pero no tendría nada que hacer, y otra, esa Secretaría no podría operar ni el diez por ciento de sus programas.
MEXICANOS PRIMERO, es una “iniciativa ciudadana, independiente y plural que tiene como objetivo impulsar “el derecho a la educación de calidad” en el país a través de instrumentos para la exigencia y participación ciudadana…” ¡Magnífica idea! Pues rápidamente este derecho humano se está convirtiendo en una mercancía que compra el que pueda pagarla.
Pero, no seamos ciegos, Mexicanos Primero se ha dedicado a exhibir por diversos medios las deficiencias y corrupciones en el ámbito educativo y a realizar concursos para premiar buenas prácticas educativas.
Hasta ahora, esta acciones las ha realizado con vehemencia llegando a niveles que a mí me resultan desproporcionados. Utilizan datos duros usualmente tomados de las fuentes oficiales, pero analizados e interpretados de manera inmediatista y pragmática (espero que con buena intención), muy similar a las ocasiones en que un maestro llama al padre de familia para informarle que su hijo reprobó n asignaturas o infringió el reglamento escolar, y el padre de familia y el maestro se le van a la yugular al niño, como justicialistas enviados por la divinidad, olvidando que la educación es un fenómeno social multifactorial. Mexicanos Primero, es proclive a irse a la yugular de los maestros en forma generalizada y eso, para mí es un caso de “profe-fobia” o de maldad (perdón por acuñar, una fobia más a la ya interminable lista).
Igualmente llama la atención, que ninguna autoridad educativa se haya ocupado ni un minuto en revisar objetivamente la película “De Panzazo”, y los libros “Contra la Pared”, “Ahora es cuando” o “Mal gasto” y por lo tanto nadie ha emitido un posicionamiento institucional, aclarando, explicando, aprobando o rechazando, total o parcialmente los dichos o los escritos.
IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad) “es un centro de investigación aplicada, independiente, apartidista y sin fines de lucro cuya misión es estudiar los fenómenos económicos y sociales que afectan la competitividad de México en el contexto de una economía globalizada.”
Dice IMCO que “su trabajo se ha enfocado en generar análisis y propuestas de política pública con el fin de ‘promover un debate informado‘ en torno al desarrollo del país”, en este contexto, deseo sinceramente que las autoridades educativas le tomen la palabra, y que las informaciones que recientemente divulgó sean sostenidas por sus “investigadores y consultores expertos en diversos temas de interés público” ya que, como dije en el título de este artículo, o existe una “profe fobia” para lo cual hay tratamientos psiquiátricos altamente efectivos, o hay maldad, para lo cual existen leyes y tribunales, o en el mejor de los casos, también hay arreglos pacíficos de conflictos mediante la práctica de los valores de la democracia, como el diálogo, por ejemplo, la actuación del Sub Secretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, Enrique del Val me parece totalmente apropiada en esta vía.
Insisto, me parece que ya es tiempo de que las autoridades educativas nacionales y estatales, tengan reuniones con estos organismos y les expliquen poco a poco algo sobre la operación de los procesos de la educación, que abran más canales de información transparente y de primera mano, de lo contrario seguirá la información sesgada de buena o de mala fe, eso no lo sé de cierto, lo supongo (como dijera el enorme poeta Jaime Sabines).
Si a pesar de estos esfuerzos de acercamiento y disposición documental de fuentes primarias, secundarias o terciarias, estos organismos siguen divulgando información sesgada, fragmentada o descontextualizada, la autoridad debe hacer valer la ley porque no se puede ir por el mundo diciendo lo que a uno le pegue la gana, sin que se responda por los daños que estos dichos puedan ocasionar a las personas y/o a las instituciones.
