Agosto de 2013, comenzaba el sexenio y se daban a conocer las primeras pautas para aterrizar las reformas estructurales del Pacto por México, y los principios de política pública del gobierno federal para el periodo. En materia educativa la atención se concentraba en los cambios normativos y en las nuevas instituciones para instrumentar la evaluación docente obligatoria. También el debate público estaba centrado en ese proceso. Pero sobre la educación superior más bien poco, y nada nuevo.
En esa coyuntura, se dio a conocer a los medios de comunicación una interesante propuesta de la SEP: la creación en el periodo de cuatro universidades públicas federales, de ellas una de artes y otra para la tercera edad, así como dos nuevas universidades interculturales, 20 institutos tecnológicos, 19 universidades politécnicas, y 22 universidades tecnológicas. Es decir, casi 70 nuevas IES públicas con lo cual, además de un programa de ampliación de la oferta en las instituciones ya existentes, se daría viabilidad a la meta de cobertura anunciada por el gobierno: al menos 40% de cobertura en el sexenio.
El proyecto fue anunciado por Fernando Serrano Migallón, entonces subsecretario de Educación Superior. Se comentó también que la dependencia gubernamental contaba en ese momento con diez proyectos de inversión por casi 500 millones de pesos, que serían dedicados al financiamiento de los estudios de factibilidad para luego comenzar la construcción de las obras de infraestructura. La información agregaba que las cuatro universidades federales serían financiadas por medio de un esquema de asociación público-privada (APP) y se radicarían en Chiapas, Michoacán, Tlaxcala y San Luis Potosí (Reforma, 16 de agosto, 2013). Adelantemos: el mecanismo APP solo se usó en la ampliación de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. ¿En qué pararon los estudios de factibilidad? Sabe.
Para ese entonces el Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia (ESAD), establecido por la SEP en 2009, había dado lugar a la Universidad Abierta y a Distancia de México (UNADM), fundada por decreto presidencial en diciembre de 2012, cuya oferta de estudios, se pensaba, habría de ser un complemento importante para avanzar hacia los objetivos de cobertura y calidad previstos.
También desde el inicio del sexenio, la bolsa de recursos extraordinarios del Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior se renombró como Programa para la Expansión de la Educación Media Superior y Superior (PROXES), y en él habrían de recaer las solicitudes de ampliación de infraestructura de las universidades públicas con proyectos para incrementar su oferta escolar cuantitativa.
¿Qué ha ocurrido con esas propuestas? La menos desarrollada ha sido la creación de nuevas instituciones. Para acabar pronto, ni la mitad de lo previsto ha logrado concretarse. Según el informe presidencial del año pasado (IV Informe de Gobierno 2015-2016), durante su gestión han sido creadas 25 nuevas IES públicas. De ellas tres institutos tecnológicos, diez universidades tecnológicas y doce universidades politécnicas. Su distribución territorial es elocuente, más que de la atención a problemas de cobertura o de prioridades del desarrollo regional y local, del poder relativo de algunas entidades federativas para tener acceso a los recursos federales involucrados en la materia.
La entidad federativa más beneficiada con nuevas IES es el Estado de México. Entre 2012 y 2015 se crearon seis nuevas instituciones: la universidad tecnológica de Zinacantepec, y las politécnicas de Atlacomulco, Atlauta, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli y Otzolotepec. En segundo lugar, el estado de Coahuila, con cinco nuevas universidades: las tecnológicas de Saltillo y Parras de la Fuente, y las politécnicas de la Laguna, Monclova-Frontera, Ramos Arizpe.
Con tres nuevas IES públicas la lista registra a los estados de Guanajuato e Hidalgo. En el primero, los institutos tecnológicos de Abasolo y Purísima del Rincón, de los que conviene advertir que antes eran sedes descentralizadas del Instituto Tecnológico de Irapuato, y la universidad tecnológica de Laja-Bajío, con sede en Celaya, y con un modelo curricular bilingüe. En Hidalgo se establecieron las universidades tecnológicas de Mineral de la Reforma y Minera de Zimapán, así como la Universidad Politécnica de la Energía, en la ciudad de Tula.
En los estados de Guerrero y Campeche, según el IV Informe, se crearon dos nuevas IES. En Guerrero las universidades tecnológicas del Mar de Guerrero, en el municipio de Marquelia, la de Tierra Caliente, en Ciudad Altamirano. En Campeche se estableció el Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén y la universidad tecnológica de Calakmul. La lista se completa con aquellas entidades federativas en que se estableció una nueva institución pública de educación superior: Nuevo León (universidad politécnica de García), Nayarit (universidad politécnica del Estado de Nayarit), Puebla (universidad tecnológica de Puebla), y Yucatán (universidad politécnica de Yucatán).
Salvo algunas excepciones, las IES referidas son pequeñas en su capacidad de ofrecer y atender matrícula. La mayoría contará, en su máxima capacidad, con no más de mil estudiantes, tal y como ocurre en la generalidad de las unidades del sector tecnológico. Falta por registrar lo que ocurra los últimos dos años del ejercicio presidencial, pero las perspectivas no son muy halagüeñas, sobre todo si se toma en cuenta la tendencia de restricciones presupuestales para educación superior.
Según el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, los recursos del PROXES enfrentan una reducción prácticamente absoluta: de 2.6 miles de millones de pesos ejercidos en 2016 a 123 millones de pesos para este año. Ese es el dinero, repitámoslo, para ampliación de infraestructura con fines de expansión de la oferta. ¿Así cómo?
