La principal conclusión que extraigo de lo reportado y comentado en medios en relación al segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso de los alumnos de la normal de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala es que seguimos sin saber con certeza qué pasó.
Básicamente, pues lo que revela ese reporte es que la investigación realizada por las procuradurías mexicanas ha estado tan mal hecha que no es posible, a un año y siete meses, contar con una explicación sólida sobre lo ocurrido aquel 26 de septiembre de 2014.
Como ha señalado tan lúcidamente Fernando Escalante, la desaparición de los 43 alumnos normalistas en Iguala no fue un suceso terrible adicional. Constituyó, más bien, un “acontecimiento”, entendido como aquello que no puede explicarse ni entenderse dentro de las estructuras de significado disponibles. De ahí, y más allá de lo doloroso y tremendo de los hechos, el que el caso nos siga produciendo tanta angustia y tanto malestar e irritación confusos.
No ayuda a tejer una nueva estructura de sentido que haga entendible y explicable lo acontecido en Iguala el carecer de una crónica fidedigna de aquellos hechos. Mientras no dispongamos de una descripción mínimamente aceptable y aceptada sobre lo ocurrido (basada en evidencia creíble y obtenida de manera profesional), seguiremos inmersos en una pura viscosidad hecha de sospechas que sólo sirve para reproducirse a sí misma.
¿Por qué no sabemos todavía bien a bien lo que ocurrió aquella noche y aquella madrugada infernales de septiembre de 2014 en Iguala? ¿De dónde provienen las muchas inconsistencias encontradas por el GIEI entre lo investigado por ellos y lo reportado como “verdad histórica” por el entonces procurador Murillo Karam en noviembre de 2014? ¿Por qué no se atendieron o se entregaron tarde muchas de las solicitudes de información formuladas por el GIEI a las autoridades? ¿Por qué invitar oficialmente al GIEI a coadyuvar en la investigación y luego no darle todos los apoyos requeridos para hacer su trabajo?
¿Es todo esto producto solamente de la complejidad del caso, de la operación mecánica de burocratismos arcaicos y/o de la incompetencia y estado lamentable de los procedimientos con los que operan nuestras procuradurías? Si bien no puede descartarse la hipótesis de la incompetencia, en particular del aparato de procuración de justicia, tampoco puede descartarse el que haya algo más detrás de todo este rompecabezas esperpéntico, mismo que incluye y ayudaría a entender, por cierto, esa perdurable incompetencia.
En el mismo texto –El silencio y los silencios, Nexos, diciembre 2015–, en el que Escalante llama “acontecimiento” a lo ocurrido en Iguala en septiembre de 2014, apunta que la frase “fue el Estado” abría la posibilidad de una interpretación nueva que le diera sentido a lo ocurrido y norte a cómo enfrentarlo. Lo cito:
La frase “Fue el Estado” abría todas las posibilidades. Ofrecía una manera nueva de entender el orden político. El Estado, hagamos el ejercicio, este Estado es una concentración del poder que junta a políticos, policías, empresarios, criminales, en un sistema de exacción predatorio, que ha hecho funcional –y cotidiana– la violencia extrema, y la absoluta degradación de la sociedad (no se olvide: El Chereje, El Tomate, El Gil, El Chino, son ciudadanos mexicanos, sociedad civil, que pueden asesinar a 40 jóvenes, con perfecta naturalidad). La masacre ofrecía la posibilidad de romper con ese Estado, que pudimos entrever con una rara claridad.
¿Será que no queremos mirar de frente esa “rara claridad”? ¿Será que, para este orden político nuestro, contar con un aparato de procuración de justicia maltrecho que hace posible decidir cuándo se aplica y cuándo no se aplica la ley sea preferible a renunciar al control que ello da para favorecer discrecionalmente a algunos, aunque en ciertos casos (como el de Ayotzinapa) el costo de carecer de instituciones capaces de llevar a cabo una investigación profesional sea tan grande?
Si Escalante tiene razón y lo que nos dejó entrever Iguala no son hechos puntuales y aislados de incompetencias y complicidades, sino un orden político deforme, una de cuyas piezas clave es el control político de la justicia, me temo que se haya dilapidado una oportunidad histórica al no aprovechar el importantísimo trabajo del GIEI para entrarle a ese tema de fondo.
En suma, parece habérsenos ido una ocasión más no sólo para hacer justicia, sino una ocasión inigualable para darle sentido a lo ocurrido en Iguala y para juntar la energía colectiva requerida para desmontar ese orden político tan disfuncional para la mayoría de los mexicanos y construir algo mejor.
Twitter: @BlancaHerediaR
