La SEP sale apaleada por una decisión que probablemente no determinó, pero que le está saliendo cara. Tras el anuncio de una suspensión indefinida de las fechas para el ciclo de evaluaciones docentes (29 de mayo 2015) y luego de la celebración de la jornada electoral el 7 de junio, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, salió a explicar las razones de dicha suspensión (8 de junio 2015).
Acompañado de su equipo jurídico, el titular de la SEP dio lectura a un comunicado que argumenta dos motivos en torno a la decisión. El primero es de carácter logístico: “el viernes 29 de mayo, repito, el viernes 29 de mayo, diversas autoridades locales se encontraban todavía realizando los trabajos para poder contar con los domicilios, con las computadoras y con la conectividad requerida, por lo que a esa fecha no habían reportado dicha información como se desprende de la Fe de Hechos, aplicada por el Notario Público 190 del Distrito Federal que remitiré, adjunta a este documento, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.”
La segunda razón, según Chuayffet, es de carácter político: “mantener una extrema prudencia para no vulnerar el desarrollo de un proceso electoral trascendente para el país”. Sobre este ángulo de la cuestión abundó el secretario: “prudencia que se fincó en las leyes electorales y no en el capricho, prudencia que ha dado sus resultados cumpliendo con sus dos propósitos, que se mantenga la evaluación en tiempo y en forma y, al mismo tiempo, que no se vulnerara el derecho de todos los participantes en el proceso electoral a debatir cuestiones que son fundamentales para el interés de la nación.”
Lo primero que resalta es la falta de comunicación con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Chuayffet la explica así: “Esta decisión se tomó con la finalidad de salvaguardar los derechos de los participantes en los concursos a nivel nacional, y no se comunicó entonces al INEE, porque con ello no se afectaban los elementos técnicos de la evaluación ni los calendarios establecidos por dicho Instituto, publicados desde marzo pasado.” Ah, bueno.
Al final de la conferencia de prensa, una reportera inquirió: “dicen que usted va a renunciar”. El secretario contestó “¿Ah, sí? Dicen que usted se llama soledad.”
¿No hubiera sido más sano ponerse de acuerdo? Porque la reacción del INEE al aviso del 29 de mayo fue muy enfática en el sentido de defender sus atribuciones en la materia, no digamos en torno al potencial daño que para la educación del país acarrearía suspender o cancelar la evaluación en marcha. El grupo de presión Mexicanos Primero (MP), tomó la batuta en el concierto de voces de oposición que criticaban la actuación de la SEP. Los legisladores convocarán a los titulares de Educación Pública y Gobernación para que expliquen más ampliamente la decisión ya revertida, y hay un proceso judicial en curso, el amparo promovido por MP para que se suspenda la suspensión. Así las cosas a estas alturas.
El diseño institucional y normativo en torno a la evaluación docente es bastante complejo, concierne a varias autoridades del ámbito educativo y abunda en la descripción de funciones, atribuciones y competencias de las instancias involucradas en el proceso. Pero no define con claridad cuál de todas, si la SEP, el INEE, las autoridades educativas de los estados, o la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente tiene facultades para decidir en qué casos y con qué procedimientos se puede llevar a cabo una suspensión o cancelación de los procesos de evaluación. Si eso fuera claro, no habría conflicto de competencias. Pero lo hay.
Un segundo tema relevante remite a la fórmula de coordinación y comunicación. La que está plasmada en la normativa es abundante pero insuficiente. El legislativo tomó la decisión de distribuir la función de evaluación docente en un conjunto de instancias con autoridad en distintos aspectos del proceso. Un esquema de autoridad distribuida es funcional cuando el mecanismo coordinador funciona perfectamente. En caso contrario, la autoridad distribuida se convierte en autoridad dividida. El riesgo, me parece, ha salido a relucir en la coyuntura y vale la pena tomarlo en cuenta para hacer los ajustes que sea necesario.
No a todos ha convencido la explicación del secretario Chuayffet. El presidente de la Comisión de Educación del Senado, Juan Carlos Romero Hicks (PAN), calificó públicamente de “inverosímil” el argumento técnico planteado por la SEP (La Jornada, 8 de junio 2015). El INEE expresó su beneplácito ante el nuevo aviso pero, en el comunicado de prensa, no quitó el dedo del renglón: “Actos de autoridad que pongan en riesgo la legalidad y dañen la certeza de los procesos de evaluación que mandata el artículo 3º constitucional y sus leyes reglamentarias, NO (así, con mayúsculas) deben repetirse” (8 de junio 2015).
El agua derramada parece recobrar cauce. Pero hay desgaste, engranes poco aceitados, estridencia, ruido. En su celda una prisionera esboza una sonrisa.
