Permítanme iniciar con una anécdota. Hace días, una estudiante de un plantel de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) perdió a un familiar que vivía fuera del estado y para justificar la falta, se le solicitó el acta de defunción. Si tal requisito es ya extraño en una institución que desea formar personas responsables, lo más sorprendente vino cuando al presentar el acta y ver que el difunto no tenía apellidos coincidentes con la joven, se puso en duda su palabra. ¿Sólo hay relación familiar cuando se tiene parentesco oficial? ¿Por qué revelar ante una burocracia datos como la causa de muerte?
Tratar de regular la vida de los agentes universitarios basándose en la sospecha, desconfianza e infantilización de las personas es una pésima fórmula. Por eso, celebro que nuestra universidad haya iniciado un proceso de renovación de su legislación compuesta primordialmente por la Ley Orgánica, el Estatuto y el Reglamento de Estudiantes. En defensa de este proyecto, Teresa García Gasca, nuestra rectora, expresó que la UAQ ha trabajado “durante mucho tiempo” con una legislación que data de 1986 y como la universidad y el contexto han cambiado, hay que actualizarla.
Este proceso, netamente político, ofrece distintas oportunidades y riesgos. Entre lo primero, está identificar lo que se hace bien cotidianamente para apoyarlo con un respaldo legal y no tratar de regular cosas en extremo y caer en burocratismos. Además, la y el universitario tenemos la posibilidad de discutir de manera colegiada qué universidad visualizamos a futuro y cómo tendría cada actor que cambiar su conducta gracias a la nueva normatividad. Ha habido cinco foros para tal efecto.
Pero en lo particular, aún advierto una ley tendiente sólo a regular procesos y poner requisitos, sin dotar de mayores capacidades —y responsabilidad— a los agentes universitarios y a las comunidades de las diversas facultades o planteles. Por ejemplo, en el Capítulo VIII, Artículo 51, se dice que el “Consejo Universitario reglamentará las causas de responsabilidad [administrativa] universitaria y fijará las autoridades competentes y las reglas procedimentales […]”. Está bien que el Consejo reglamente, pero sería mejor hacerlo explícitamente por medio de un acuerdo previo con los órganos colegiados de cada facultad.
Además, nuestra Ley no está correctamente armonizada con la Ley General de Educación Superior en lo referente a la ministración de recursos y al “cumplimiento progresivo” de los gobiernos Federal y estatal. Por otra parte, se establece que para ser rector(a) o titular de una facultad o un bachillerato se debe tener “nacionalidad mexicana”. En una universidad que desea ser un referente intelectual a nivel internacional y creadora de ideas sin origen nacional y moderna, este tipo de atributos no tienen ningún fundamento.
Repito, el proceso de renovación legal no está exento de riesgos y complicaciones. No basta tener un anteproyecto aprobado, hay que saberlo comunicar con actores externos, medios de comunicación, stakeholders, ANUIES, intelectuales, empresarios y sobre todo, cabildearlo con las y los legisladores de la LX Legislatura que serán quienes finalmente lo aprueben. Para ello, hay que promover —sin titubeos— el parlamento abierto, considerar la pluralidad del congreso, identificar aliados y vencer resistencias mediante el diálogo. Con razones y argumentos, los universitarios podemos mostrar que una renovación legislativa es necesaria para seguir ejerciendo responsablemente nuestra autonomía y generar así los beneficios que los habitantes de esta entidad demandan.
