Carlos Ornelas
Un reportaje de Elías Camhaji (El País, 3 de julio) me agrietó el corazón y me llenó de enojo. Llega a la médula de una práctica que, pese a esfuerzos de muchos gobiernos, instituciones y personas, persiste en las escuelas mexicanas: el racismo, la exclusión y la violencia entre pares.
Un resumen apretado: En la escuela secundaria Josefa Vergara, de Querétaro, dos alumnos sentaron a Juan Zamorano, niño otomí, en una silla que habían rociado con alcohol. De eso hace ya tres semanas. Él sintió que el pupitre estaba mojado, pero pensó que era agua.
No obstante, cuando Juanito se levantó, uno de los niños gandallas le prendió fuego con un encendedor. Las consecuencias: Juanito sufrió quemaduras de segundo y tercer grados, aún no puede caminar y le practicaron cuatro cirugías. El motivo de la agresión y las burlas se deben a que es un niño otomí y no habla bien español, tal vez también por ser un poco introvertido. La agresión pudo ser mortal.
No fue un acto único, hay historia de agresiones y burlas anteriores que Juanito no contaba a sus papás ni sus hermanas, que van en la misma escuela, que también sufren de burlas y agresiones verbales, pero no lo habían hecho público. La calamidad que acongoja a su familia les dio valor para decirlo.
A Juanito le cortaron el cabello, se burlaban de su acento y se reían de su madre, que vendía dulces en la calle por las tardes para completar el gasto familiar. Contó a sus papás que no se entendía con su maestra, que lo exhibía y que no estaba cómodo con los otros muchachos.
Tras la agresión a Juanito, la maestra del grupo y la directora, minimizaron el asunto. Además, no le prestaron la atención debida. La maestra le consiguió otro pantalón para que se quitara el incendiado y le untó cebolla en las quemaduras. Hasta después lo llevó a su casa. Al día siguiente los papás lo llevaron al Hospital del Niño y la Mujer. Sigue internado.
El papel de las autoridades es execrable. La secretaria de Educación de Querétaro, Martha Elena Soto, no sólo evita hablar de la acción de la maestra (porque está bajo investigación del órgano de control), sino que esquiva hablar de racismo. Atribuye el caso a la “crispación provocada por la pandemia”. La directora se negó a cambiarlo de grupo a pesar de las quejas de Juanito.
La secretaria de Educación aseguró al reportero que las autoridades ofrecieron cubrir gastos médicos, dar acompañamiento psicológico a Juanito y apoyo económico a la familia para solventar los gastos. Pero nada se ha hecho realidad. Es más, el papá de Juanito aseguró que la maestra le dijo: “No pongan una demanda porque si lo hacen no cuentan con nosotros, no les vamos a ayudar”.
El abogado Fabián García asesora a los papás de Juanito (imagino que pro-bono, pues es una familia pobre) e interpuso tres demandas: una contra los muchachos que lo agredieron y dos contra la maestra. A Ella se le reclama una indemnización por un daño patrimonial al ser representante del Estado. Los adolescentes agresores fueron vinculados a proceso por lesiones dolosas, mas por tener 13 años no son sujetos de castigo penal.
¿Cómo no voy a estar iracundo y crispado? En lugar de tomar cartas en el asunto y hacer algo para reducir la violencia escolar, las autoridades la quieren hacer invisible. Pero es imposible, es cada vez más grave. Los culpables de tanto agravio no son el currículo y el mestizaje, como dice la propuesta de cambio de planes de estudio de la SEP. Son la política y conductas sociales aberrantes.
Pienso que los niños agresores aprendieron a proceder de esa manera en el seno familiar y en su comunidad. Puede hacerse mucho para evitar que la violencia se reproduzca en las escuelas, pero hoy propagan la polarización que induce el presidente López Obrador.
