Cees Noteboom, en sus Noticias de Berlín (Siruela, 2014), señala que en ocasiones por miedo al caos se instala un orden, como fue el de Alemania antes de la II Guerra Mundial, “que se parecía tanto al orden que nadie se podía imaginar el caos que ese nuevo orden traería consigo”.
Algo así nos ha pasado en los últimos años. Por no abrir la boca, por no decir NO, por no actuar, por dejar la vida pública, por no moverle y llevarla en paz, acabamos en un “orden” que podríamos definir en cuatro palabras, al estilo del viejo locutor Fernando Marcos: corrupción, impunidad, desigualdad, silencio.
En nuestro “orden” actual la escuela pública apenas sobrevive. De acuerdo con la prueba PISA 2012, se ubican por debajo del nivel de desempeño II, o no alcanzan la competencia mínima para desempeñarse en la sociedad contemporánea, el 55% de los alumnos en Matemáticas, el 47% en Ciencias y 16% en Lectura.
En los estados más pobres se entiende, aunque no se justifica, que la proporción sea mucho mayor que el promedio anterior. En Chiapas están debajo de ese nivel 74%, 68% y 32%, respectivamente. Guerrero, con un rezago todavía mayor, presenta porcentajes de 80%, 72% y 34%
Pero en los estados con mayor potencia económica ni se entiende ni se justifica. El Distrito Federal, con el PIB número uno del país, “no canta mal las rancheras”: 47%, 39% y 7%. El Estado de México presenta, con el PIB número dos de la república, 52%, 43% y 8% en esas tres materias.
Zacatecas, que siempre se oculta en los promedios, registra 58%, 53% y 16%
Autoengaño rampante
La mala calidad educativa permea a toda la sociedad y a todos los estados de la república, no sólo a los más pobres, aunque estos por supuesto se llevan la peor parte.
La demanda por la educación ha sido básicamente “ordenada”. Mientras cuiden a los niños, no importa que no aprendan. Es amplio el autoengaño que califica de buena calidad la educación que niños y niñas reciben. La demanda por la educación es inactiva, silenciosa y toma lo que le den.
La oferta, durante décadas, ha sido manejada por una autoridad más comprometida con los malos manejos que con el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. En aras de la reproducción del “orden” abandonó a las secretarías de educación locales, entregó migajas presupuestales a las escuelas más pobres y dejó fuera a la sociedad porque no tenía nada que decir sobre la educación de sus hijos (al fin que ni se queja). Los maestros han estado abandonados a su suerte, tanto en lo que tiene que ver con la enseñanza como en lo que toca a la situación ahí donde viven.
El dudoso “orden”
En este perverso diálogo de la oferta y la demanda de educación, la escuela se ha realimentado del “orden” que la rodea. En estados como Guerrero las cosas no cambian desde los tiempos de la “guerra sucia”, por mencionar un periodo próximo. Pobreza, represión, desapariciones forzadas, han sido la regla. La verdad es que los hechos de Ayotzinapa sólo son la última gota del vaso derramado. Pero la violencia no está sólo en Guerrero, también afecta los estados del norte, la parte “pavimentada” del país, donde también los sistemas educativos dejan mucho que desear.
Sin duda ha habido avances, pero seguimos en plena cosecha de los frutos que el “orden” ha generado a través de retrasar las soluciones estructurales que México necesita. 1,900 recomendaciones ha recibido el estado mexicano de diversos organismos internacionales, pero poco de ha hecho en relación con el tamaño del problema.
En el “orden” al que me refiero era un gozo firmar convenios internacionales sin asumir la obligación de cumplir los compromisos signados, a través de la modificación de políticas públicas e inversiones adecuadas, independientemente de que la brecha entre la letra de la ley y la realidad de la vida de las personas no dejara de ampliarse o se estrechara tan poco y tan lentamente que los cambios pueden parecer ridículos. Pero hoy los tratados internacionales son ley, no sólo decoración discursiva.
Llama al optimismo el reciente estudio de Human Rights Organization Project que, de acuerdo con Natalia Saltalamacchia, destaca que el concepto “derechos humanos”, después de décadas de esfuerzo no gubernamental, ya se encuentra en el mapa mental de las personas (“alrededor de 90% de las élites y casi 40% del público en México ha escuchado el término ya sea ´frecuentemente´ o ´todos los días´”) y que la confianza de los mexicanos en las organizaciones locales e internacionales de derechos humanos parece una realidad (“el nivel de confianza entre las elites fue de 70% y casi 60% entre los ciudadanos de a pie”).
Lo anterior importa porque hace frente al “orden” y contrapeso al silencio. Es la hora de estrechar la brecha entre la norma declarativa y el efectivo ejercicio del derecho, a través del cambio institucional y de política que se requiere. El Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia ofrece 27 indicadores, insuficientes porque existen todavía grandes vacíos de información, que son una buena base para articular una agenda en favor de la infancia y la educación en cada estado y en cada demarcación de la república, especialmente ahora que deben armonizarse las legislaciones locales con la nueva ley general.
El Semáforo nos dice, desde un enfoque integral de los derechos, que el cambio en la educación, además de producirse en la escuela, debe también venir del combate a la desigualdad. Debemos acabar con la escuela pobre para pobres, esa debe ser nuestra meta, cosa que rebasa al sistema educativo.
¿Qué está pasando con la reforma educativa? El gobierno no sabe cómo desmontar el “orden” que privilegió. Y como no sabe, o no puede, deja crecer los problemas. No veo a las autoridades a la altura del desafío en los estados en que el “orden” consolidó el atraso –político, social, económico–, como Oaxaca, con presupuesto, con programas, con compromiso democrático. No veo el traslado de recursos humanos, técnicos y financieros a los estudiantes (principalmente de zonas rurales, indígenas y con discapacidad) que requieren apoyo inmediato para salir adelante en ese y otros estados de la república, donde aparentemente hay autoridad educativa pero donde prevalece la violación al derecho a la educación y, por tanto, el “orden” destructor del potencial de niños y niñas. Así no veo cómo se puedan modificar, con la velocidad requerida, indicadores como los de PISA, al final lo más importante.
Para que la reforma educativa gane reconocimiento y legitimidad se requiere un nuevo sentido de las prioridades, orientado a desmontar el “orden” y no a reproducir el caos. Urge una estrategia ambiciosa, incluyente, porque el caos que ha traído el “orden”, demasiado grande y multifacético e imposible de aislar del sistema educativo, exige mucho más que lo intentado hasta ahora. El “orden” amarrado a la corrupción, la impunidad y la desigualdad sigue ahí, impidiendo todos los días la posibilidad de rescatar del abandono y el atraso pedagógico a los niños, niñas y adolescentes que hoy asisten a la escuela.
@LuisBarquera
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