Se prolonga la contienda por la Reforma Educativa, por la educación pública, su derrotero y funcionamiento. A juzgar por las declaraciones del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y sus cercanos, la reforma se acabará en cuanto él empiece en sus funciones. No obstante, expresó que es respetuoso de los tiempos y las formas, del derecho, pues. En la reunión inédita entre los dos equipos de gobierno —el que se va y el que llegará— se dio un duelo de caballeros entre AMLO y Enrique Peña Nieto. El Presidente refrendó y defendió lo hecho con la reforma, pero no aventuró a asegurar que insistirá en ella más allá de su gobierno.
AMLO fue categórico. Aseguró que en cuanto tome posesión presentará iniciativas para cancelar la Reforma Educativa; que dará a conocer un plan distinto y promulgará un marco legal ajustado a las nuevas circunstancias. Aunque no ofreció pistas acerca de qué es lo que echará para atrás, aventuró ciertos conceptos: “(con) La reforma educativa se puede mejorar la enseñanza y ampliar la cobertura, el que haya equidad, que se tenga el derecho a la educación; la educación no es un privilegio, es un derecho”. Me puse a pensar en qué difieren esos puntos de los de la reforma del gobierno de Peña Nieto. No encontré grandes discrepancias.
Cuando el Presidente electo dice que dará marcha atrás, acaso siembre expectativas entre los líderes sindicales que perdieron canonjías; piensan que quizá regresarán por sus fueros, aunque haya una distancia enorme entre lo que quiere la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y lo que reclama la guerrera liberada, Elba Esther Gordillo. No me imagino que López Obrador quiera revertir logros de la reforma, que vuelva la herencia y venta de plazas magisteriales. Tampoco creo que pretenda devolverles comisionados o entregarles aviadores a las facciones del SNTE. No sólo porque sean irregularidades, sino porque van en contra de su lucha contra la corrupción y la austeridad.
AMLO también expresó que “Nosotros vamos a refrendar los compromisos que hicimos en campaña, uno, el de no intervenir en los asuntos internos de los sindicados y el otro compromiso, el de procurar que haya democracia sindical”. Aquí veo difícil que quiera promover la democracia dentro de los sindicatos sin que el gobierno o él mismo intervengan para “que las elecciones sean libres, limpias, que se practique en la decisión que deban tomar los sindicatos, el voto secreto y que se respete la voluntad de los trabajadores”. Si entiendo bien, el futuro presidente propone algo subversivo; el orden sindical corporativo descansa en bases contrarias a la libertad. Si desea democracia sindical tendrá que imponerla. Claro, como dice él: convenciendo.
AMLO tiene razón —pienso— cuando aseguró que “ninguna reforma educativa se puede hacer sin los maestros”. Por ello, cavilo que la consulta a la que convoca su secretario de Educación Pública designado, Esteban Moctezuma Barragán, tendrá valor si toma en cuenta la voz de más de 200 mil maestros que obtuvieron su plaza mediante un concurso de oposición abierto y que con todo y ciertas limitaciones —estoy convencido— fue equitativo y justo. El secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, en la ceremonia de inauguración de cursos, expresó: “Antes teníamos un sistema opaco, corporativo de ingreso, promoción y permanencia en la docencia. Hoy tenemos un sistema claro, transparente, verificable y basado en el mérito y en el esfuerzo”.
Cierto, el secretario Granados Roldán, al igual que el presidente Peña Nieto, defienden lo hecho. No sé lo que AMLO procure derogar, pero me niego a pensar que quiera echar tierra a todo. Al final de cuentas, el nuevo plan no puede ser insólito. Apuesto a que no regresará la herencia de plazas.
