Dr. Miguel Casillas (CIIES-UV)
En pleno periodo vacacional de verano, la Universidad Veracruzana está sometiendo a consulta un proyecto de Ley Orgánica para ser aprobada por el Consejo Universitario General (CUG) y luego ser presentada ante la legislatura estatal. Se trata de un madruguete político entre la Rectora y el PAN que todavía controla –por unos meses- al Congreso del Estado.
La reforma de la Ley Orgánica de la Universidad es un asunto de interés público y los universitarios tenemos la responsabilidad de impedir una reforma a todas luces regresiva y que nos lleva al periodo previo a la Autonomía. El proyecto que presenta la UV es antidemocrático, autoritario, centralista y vertical. Es un proyecto completamente contradictorio con el signo de los tiempos que corren en el país y con los avances democráticos que tenemos como nación. El proyecto se puede revisar desde: https://www.uv.mx/legislacion/files/2018/07/Anteproyecto-de-Ley-Organica.pdf
Para empezar, el proyecto de nueva Ley carece de un diagnóstico de problemas e insuficiencias de la actual legislación. No hay un documento que justifique las reformas, que explique y contextualice el sentido de los cambios. El proyecto carece de sustento.
El proyecto se presenta incompleto, pues no tiene una exposición de motivos que clarifique la perspectiva y la visión de la Universidad que se pretende desde un nuevo ordenamiento legal. Sin esa exposición de motivos, la visión de futuro permanece implícita en el cuerpo de sus artículos, escondida.
El proyecto de Ley consagra una perspectiva antidemocrática del gobierno y la gestión institucional que concentra el poder en la figura del rector. En la propuesta se marcha hacia atrás en cuanto al equilibrio entre órganos colegiados y personales. El proyecto no establece una mayor y más intensa vida parlamentaria en los órganos colegiados, ni su reforma para consagrar su legitimidad, su renovación frecuente y los derechos de las minorías. Propio de una visión autoritaria, la nueva Ley no garantiza una mayor intervención de la comunidad en el nombramiento de sus autoridades, tampoco en la planeación ni en la evaluación institucional.
En relación con el Consejo Universitario General, el proyecto modifica sustancialmente su composición, no precisa la naturaleza y periodicidad de sus reuniones; el proyecto no establece un procedimiento democrático para que los estudiantes elijan a sus representantes al CUG y a otros órganos colegiados. Nunca se definen las funciones ni características de las Juntas Académicas ni de los Consejos Técnicos. No hay mención a consejos asesores ni otros espacios de consulta obligada para las autoridades.
El proyecto fortalece la figura del Rector y le concede poderes extraordinarios, dando lugar a una estructura de gobierno profundamente autoritaria y vertical. Se desdibuja y limitan las funciones de la Junta de Gobierno, la Contraloría deja de ser autónoma respecto de la Administración, el Consejo Universitario General disminuye sus atribuciones para planear y evaluar. Como traído de la Inquisición aparece un Tribunal Universitario sometido a la autoridad central.
Se fortalece la figura del Rector al ampliar el periodo rectoral a 6 años. De modo autocrático el Rector nombraría a todo el mundo: las ternas para renovar la Junta de Gobierno, la Defensoría, la Contraloría. Nombraría Vicerrectores, Secretarios, Abogado, funcionarios, y Directores de entidad sin mecanismos claros de participación de la comunidad. Además, el proyecto le otorga el monopolio de la evaluación, le atribuye facultades especiales para gobernar sin consulta del CUG, y mantiene la figura de los acuerdos del Rector que funcionan como decretos monárquicos.
Es un proyecto de Ley que contradice el sentido de la actual legislación y de todos los procesos de planeación institucional que apuntan hacia la descentralización y el fortalecimiento de la autonomía para las Regiones. Los Consejos Universitarios Regionales no tienen competencia para nombrar a sus autoridades, definir sus políticas, aprobar sus planes y programas académicos, definir sus presupuestos, realizar la planeación y la evaluación institucional. Contrario a cualquier criterio de legitimidad académica, según el proyecto, los Vicerrectores no sólo serán nombrados por el rector, sino serán sus representantes en las regiones.
El órgano colegiado más golpeado por el nuevo proyecto es la Junta de Gobierno. Se modifica su composición, el Rector tendría la facultad de proponer las ternas para su integración, se le quita la Contraloría y su función de árbitro en cualquier conflicto de órganos. No estaría mal eliminar la Junta y democratizar el proceso de elección del rector, pero minimizar sus funciones para otorgarle mayor poder al Rector es una aberración y un retorno al pasado.
Más allá del gobierno y de la gestión, el proyecto de Ley omite cualquier referencia a la estructura académica de la Universidad, al modo en que agrupa sus carreras y facultades en campos de conocimiento, cómo se organizan las Áreas Académicas y cuál es su función. Su perspectiva anticuada sobre la Universidad desconoce la interdisciplina. Propio de una visión tecnocrática en la nueva Ley está desdibujado uno de los sellos más distintivos de la UV como es la Difusión Cultural y el cultivo de las artes. En el cuerpo de la nueva Ley sólo aparecen las palabras arte y ciencia porque forman parte del lema de la Universidad, nunca como un valor sustantivo que define a esta organización.
Cualquier reforma a la Ley Orgánica de la UV tendría que estar sostenida sobre un profundo diagnóstico, sobre la base de una amplia discusión que delinee un proyecto de futuro y una visión progresista de la Ley. Las universidades deben avanzar hacia fórmulas democráticas en su gestión y en su gobierno, donde la amplia participación de los universitarios en la gestión genere las condiciones de una corresponsabilidad en las decisiones y en los compromisos, donde prime la transparencia y sea amplia la rendición de cuentas.
