No sólo retrocedemos, también vamos para atrás.
Catón
Recuerdo la frase de Catón porque parece que ilustra el tránsito político de la Reforma Educativa, en especial los desvaríos del gobierno. Unas pequeñas tramas me ayudarán a sustentar el punto
1. El dirigente de la Sección 22 de Oaxaca, Rubén Núñez, en entrevista con Adela Micha rechazó haber abandonado a alumnos en Oaxaca, para plantarse durante tres días en el Distrito Federal, al señalar que “dejamos actividades con los padres de familia”. Pues bien les pudieran dejar tareas para todo el año.
2. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró en Mérida el 12 de febrero: “No es una opción si se aplica o no —la Reforma Educativa—, es un mandato constitucional” ¡Bravo! Pero luego agregó: “Hemos privilegiado el diálogo —con la CNTE—, los acuerdos, los encuentros antes que los desencuentros” (en eluniversal.com.mx). En esos diálogos la Segob otorgó a la S22 más de ocho mil plazas por encima de la ley. ¿Creerá el secretario de Gobernación que la opinión pública confía en sus palabras?
3. Ante la denuncia de que el dueño de la Sección 20 del SNTE, Liberato Montenegro, no trabaja en ninguna de sus cuatro plazas —a quien se las juntaron en una sola percepción— ordenó que cambiaran la oficina de la supervisión de la que es titular a su domicilio particular. ¿Supone ese señor —y el gobernador de Nayarit, por añadidura— que así la gente pensará que sí trabaja? Nada más falta que le cobre renta a la Secretaría de Educación nayarita.
4. Los columnistas Jorge Fernández Menéndez, en Excélsior, y Raymundo Rivapalacio, en El Financiero, señalan que el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, tiene al exgobernador de Oaxaca, José Murat, como asesor para los asuntos que tienen que ver con la CNTE. Si es así, ¿dónde está la inteligencia del grupo gobernante?
El credo del señor Núñez pone a todos los maestros de la S22 como si fueran superfluos, aunque sigan cobrando. El problema mayor, sin embargo, reside en el gobierno.
En la reforma al artículo 3 quedó asentado el principio del mérito: “El ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan”. Los encuentros con la CNTE a los que hizo referencia el secretario Osorio Chong son una violación flagrante a este principio.
La figura que utilizó el secretario de que no es opcional la aplicación de la reforma es un recurso retórico, los hechos lo contradicen. La legitimidad de un régimen descansa en la acción política y en obras que generan credibilidad. La oratoria, por el contrario, la desgasta.
La misma reforma a la Constitución estableció que el INEGI realizaría “un censo de escuelas, maestros y alumnos, que permita a la autoridad tener en una sola plataforma los datos necesarios para la operación del sistema educativo”. El INEGI cumplió, pero las irregularidades continúan. Los aviadores siguen cobrando y los puestos de trabajo ilegítimos se legalizaron con la complicidad de los gobernadores en la “conciliación de las plazas” durante 2014.
Los herederos de Elba Esther Gordillo también utilizaron el chantaje y la amenaza —dos instrumentos del neocorporativismo, según Luis Rubio y Edna Jaime—, pero sin estridencia. El caso de Liberato Montenegro es paradigmático, mas no el único. Los gobernadores no necesitaron de grandes presiones para hacer las conciliaciones a modo del SNTE, no tienen ningún incentivo para apoyar la reforma que les quita recursos, tampoco interés en la educación. Las secretarías de Hacienda y de Educación Pública supieron de esas transas y no las frenaron. El gobierno recula en sus pactos con las organizaciones corporativas.
En una entrevista para su programa de televisión, Ricardo Alemán me preguntó qué podemos hacer para que la Reforma Educativa no se hunda.
No me gusta dar consejos, mas pienso que nuestra obligación como ciudadanos interesados en la educación es criticar al gobierno por sus pactos ilegales con los grupos corporativos y exigirle que cumpla con la promesa constitucional. De otra manera, seguiremos avanzando… para atrás.
