Reformas educativas en Latinoamérica. El caso de Nicaragua: ¿Hacia dónde vamos con el derecho a la educación?
Noel Martínez, Universidad Iberoamericana
El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticas del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.
En Nicaragua, la Constitución Política y la Ley General de la Educación establecen en los artículos 58 y 3, respectivamente, que la educación es un derecho inherente y fundamental de todos los seres humanos y que el Estado tiene frente a este derecho la función y el deber de planificarla, dirigirla, organizarla, promover, velar y lograr el acceso de todos los nicaragüenses en igualdad de oportunidades. En la Constitución sólo la educación primaria es obligatoria y gratuita, mientras que la educación secundaria es gratuita solamente en los centros educativos públicos del Estado.
Además, en la Constitución se deja en claro la misión fundamental que tiene la educación: “la educación tiene como objetivo la formación plena e integral del nicaragüense; dotarlo de una conciencia crítica, científica y humanista; desarrollar su personalidad y el sentido de su dignidad; y capacitarlo para asumir las tareas de interés común que demanda el progreso de la nación; por consiguiente, la educación es factor fundamental para la transformación y el desarrollo del individuo y la sociedad” (Artículo 116 de la Constitución de la República de Nicaragua).
Lo anterior enfatiza que no basta con garantizar el nivel de acceso, sino que se hace necesario que a los niños, niñas y jóvenes les sea posible adquirir una formación plena e integral, como se estable en la Constitución. Es decir, que el derecho a educarse se considera como una necesidad básica del ser humano, como lo expresan Castillo y Vijil (2009)[i], fundamentado en la necesidad de construirse como personas y de contar con las condiciones para esa construcción y su realización en el desarrollo de capacidades y potencialidades. La falta de estas oportunidades se considera no sólo como omisión o negación de un derecho sino de una injusticia, ya que se le está negando lo más relevante al sujeto: constituirse en persona plena.
En las últimas décadas, un avance importante, según Vijil (2011),[ii] fueron los paradigmas pedagógicos que han hecho sentir el derecho a la educación de forma más concreta y masiva, dado que se pasó de entender el derecho a la educación como la mera asistencia a la escuela a reconocerlo como el derecho al aprendizaje.
Otro avance según, Näslund-Hadley (2012), quienes realizaron un balance de la educación en Nicaragua e hicieron una comparación con el resto de Latinoamérica, afirma que hubo un avance en el acceso a la educación: “al nivel de preescolar, la cobertura incrementó del 47% en el 1993 a casi 61% en 2009. En primaria, en 1993 asistía el 72% de los niños, mientras que en 2009, 88% de los niños se encuentra asistiendo a la escuela. En secundaria, entre 1993 y 2009, el acceso se ha incrementado en 25 puntos porcentuales; en el 2009, 56% de los jóvenes de 13 a 17 años se encuentran inscritos en secundaria. En cuanto a la cobertura en educación superior, 15% de los jóvenes entre 18 y 25 años se encuentran matriculados, esto es, doce puntos porcentuales más que en 1993” (2012, 5)[iii].
Vijil (2011), quien se desempeña como investigadora del Centro de Investigación y Acción Educativa Social, pone el acento en cuántos terminan cada nivel educativo. Señala que la supervivencia en primaria en 2004-2009 fue del 42%. Sólo 42 de cada 100 niños y niñas que entraron a primer grado finalizaron ese nivel educativo en los años previstos. Con respecto a la secundaria en 2007-2009 la supervivencia en lo que hoy se llama el noveno grado fue del 53%. Así mismo, afirma que quienes desertan son siempre los más pobres. Según esta autora, estas tasas de abandono escolar son altas, además que influyen de manera negativa en la autoestima de las niñas, niños y jóvenes.
Lo anterior refleja que el Estado sólo ha cumplido con una parte del derecho a la educación, que ha sido brindar el acceso, mostrando por su parte la incapacidad para retener la fuga de niños, niñas y jóvenes del sistema educativo, dado que la deserción es provocada por diversos factores que van más allá de la garantía del acceso y permanencia, como el trabajo infantil, las distancias largas que tienen que recorrer, entre otros.
La accesibilidad se refiere al deber del Estado de garantizar el acceso a las instituciones educativas disponibles de las personas en edad escolar que demandan educación, promoviendo la equidad y la no discriminación (De Castilla, 2007)[iv]. Situaciones relacionadas con las condiciones de pobreza como el poco acceso a la infraestructura y servicios públicos, desigualdad de género, baja calidad y violencia intrafamiliar son factores que persisten y se reproducen en distintos ámbitos sociales. En Nicaragua es una tarea pendiente disminuir los efectos de estos y otros factores que influyen en la deserción de los niños, niñas y jóvenes, y que afectan principalmente su proceso de aprendizaje, encontrándose en gran desventaja frente a otros grupos que poseen las condiciones necesarias para tener un buen logro académico.
Quedan retos, identificados por Vijil (2011), que deben estar en la agenda de todos los actores involucrados con el objetivo de superar este panorama de crisis: el primero es avanzar en la obligatoriedad en la escolaridad de la población, es decir, expandirlo a secundaria. En un segundo lugar, debe asegurarse la permanencia a través de los programas compensatorios que se han implementado en toda América Latina. El tercer objetivo debe estar enfocado en logro de la calidad educativa y por último responder a la demanda de mayores, mejores y más diversas opciones educativas: más cobertura territorial en las escuelas de secundaria y más opciones de educación técnica. Sólo queda preguntarse ¿qué medidas tomará el gobierno de Nicaragua para mejorar el derecho a la educación, lejos de cualquier interés partidario o sectorial? ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para que la educación deje ser una política periférica y se convierta en política de Estado y se le dé continuidad a las políticas que se desarrollaron en gobiernos anteriores? ¿De qué manera se debe consensuar la opinión de los diferentes actores para garantizar el derecho a la educación?
[i] Castillo, M. & Vijil G. V. (2009). Educación y Desarrollo Humano de las juventudes de Nicaragua. Manuscrito no publicado. Centro de Investigación y Acción Educativa Social (CIASES), Managua, Nicaragua. Facilitado por el PNUD Nicaragua
[ii] Vijil, J. (2011). Educación: ¿Qué debería priorizar este gobierno o un nuevo gobierno? Recuperado el día 20 de diciembre de 2015 de http://www.envio.org.ni/articulo/4395
[iii] Näslund-Hadley, E. (2012). Educación en Nicaragua: Retos y Oportunidades. Banco Interamericano de Desarrollo.
[iv] De Castilla, M. (2007). El derecho a la educación en Nicaragua. Buenos Aires: Fundación Laboratorio de Políticas Públicas.
