La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y grupos afines se preparan para escalar su movilización. Mientras el presidente Peña Nieto inauguraba el año escolar, los disidentes de Oaxaca y Michoacán comenzaban sus huelgas y a asfixiar a la capital del país. Su propósito único es echar para atrás las reformas que propone el gobierno. Entre el 21 y el 23 de agosto veremos de qué están hechos los legisladores de este país.
Las propuestas de reformas acordadas en el Pacto por México se empantanaron en los intereses partidistas y, si la oposición a las reformas a las leyes de educación se frenan o se moderan sus pocos filos radicales, no habrá mucho que esperar de las reformas energética y fiscal.
Hace una semana el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, presentó las iniciativas de las reformas a la Ley General de Educación; el proyecto de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Los operadores del PAN y del PRD se ven más activos en el terreno de las declaraciones; los del PRI dejan la chamba al gobierno y a la Junta de Gobierno del INEE.
Hoy comienza el periodo extraordinario. Es casi seguro que el Congreso apruebe la ley del INEE, en ésa sí hubo los acuerdos; incluso se define y diseña el Sistema de Información y Gestión Educativa que institucionaliza el censo de maestros, estudiantes y escuelas, y obliga a los estados a la transparencia. Tal vez haya anuencia para aprobar las modificaciones a la LGE. Pero hay sectores del PRD que le quieren meter frenos a la Ley del Servicio Profesional Docente, la que tiene el potencial de promover cambios trascendentes, la que posibilita que el Estado en realidad retome la rectoría de la educación.
Por medio de esta ley, según reportó Leticia Robles de la Rosa, el gobierno se propone que ninguno de los maestros que ocupan una plaza definitiva perderá su empleo, pero advierte que los docentes que se nieguen a la evaluación serán despedidos; quienes ocupan una plaza provisional también estarán sujetos, al igual que los nuevos maestros, a tres oportunidades para quedarse a trabajar, a partir de evaluaciones anuales; poner fin a los comisionados sindicales, que cobran por plazas docentes sin cumplir su labor frente a grupo; crea un candado para evitar paros magisteriales sin justificación laboral; y castiga la venta y “herencia” de plazas (Excélsior, 15 de agosto).
A esto se oponen los maestros disidentes, que al parecer han tocado la “sensibilidad” de ciertos legisladores y del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué. No obstante, los sectores civiles agrupados en “10 por la Educación”, liderado por la Coalición Ciudadana por la Educación, considera que las reformas son tibias y critica que la iniciativa confunda profesionalizar con evaluar a los maestros. Este grupo esgrime otros argumentos de mérito.
La ley del INEE retomó la propuesta de Cué de tropicalizar la evaluación. El artículo 5 establece: “La evaluación a que se refiere la presente ley… se llevará a cabo con base en los criterios de pertinencia, objetividad, validez, confiabilidad, equidad, inclusión y contextualización”. Cierto, este punto conlleva ciertas dosis de equidad, pero también abre la puerta a simulaciones.
La oposición de los disidentes es a los otros puntos. Con ellos pierden privilegios, entre otros el de hacer huelgas y seguir recibiendo sus quincenas. Al parecer diputados del PRD y tal vez algunos de otros partidos no quieren aprobar estos puntos porque son “impopulares”. O, de plano, con su rechazo, preparar el terreno para oponerse a las otras leyes.
Veo dos opciones posibles como resultado del periodo extraordinario. La primera, que se apruebe la ley del INEE y se posponga la discusión de las otras dos para el periodo ordinario. Si eso sucede, se mostrará que los legisladores tuvieron miedo (dirán que es prudencia) a la CNTE. La segunda, que se aprueben las leyes por mayoría; para cubrir esa vereda los votos del PRD son innecesarios.
Si se opta por la segunda vía, veremos multiplicarse las marchas, plantones, tomas de carreteras y edificios públicos por parte de los disidentes. Entonces veremos también de qué está hecho el gobierno del presidente Peña Nieto.
*Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana
Publicado en Excelsior
