Con el presidente De la Madrid llegó y se fue la primera “revolución educativa”. Con Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se impulsó la llamada “modernización educativa” que, por cierto, tenía los mismos objetivos que la política precedente (descentralización, articulación del sistema, énfasis en la calidad), pero sería instrumentada con medios diferentes.
Salinas alcanzó la presidencia en una de las elecciones más competidas y controvertidas del siglo pasado. El 6 de julio de 1988 se recuerda como el día que “se cayó el sistema”: en medio del recuento de votos, la autoridad resolvió suspender la información de resultados porque el candidato de izquierda Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano encabezaba la votación. Esa misma noche la Comisión Federal Electoral se apresuró a comunicar la victoria de Salinas de Gortari, con 50.4 por ciento de los sufragios.
El primer semestre de 1989 resultó definitorio del rumbo de la política educativa sexenal. Al mismo tiempo que se integraba el programa sectorial, el gobierno enfrentaba un amplio conflicto con el profesorado: el movimiento que se dio en llamar la “primavera de la dignidad magisterial.” Dos temas concentraban las demandas del magisterio, movilizado originalmente por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, que desde 1979 actuaba como el ala disidente del SNTE: un incremento salarial de cien por ciento y democracia sindical. Para entonces el gobierno había decidido prorrogar el denominado “Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico” (PECE), instaurado por la administración antecedente para frenar la inflación. Con Salinas el PECE se denominó Pacto de Solidaridad Económica, y entre otras medidas fijaba un tope de incremento salarial de siete por ciento.
Para entonces, el sueldo de los profesores había sufrido un desgaste considerable a resultas de las medidas de austeridad fijadas por De la Madrid y proseguidas en los primeros años del sexenio salinista. Se estima que, en promedio, el poder adquisitivo del salario magisterial había decrecido en más de sesenta por ciento tomando como referencia el año de 1982 (Eduardo Guzmán Ortiz y Joaquín Vela González, “Maestros 1989: Crisis, Democracia y más Salario”, revista ¿Dónde está el futuro?”, núm. 30, 1989). Por otra parte, la dirigencia sindical, encabezada por Jonguitud Barrios, de la corriente Vanguardia Revolucionaria, poco había hecho para frenar el deterioro de los ingresos. Por ello y por la prevalencia de prácticas de cacicazgo sindical en la mayoría de las secciones, la CNTE consiguió desplegar una estrategia nacional en favor de las demandas concertadas.
Si bien el movimiento de 1989 inicia con acciones de protesta y algunos paros de actividades en los estados en que la CNTE tenía mayor presencia (Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Morelos y Distrito Federal), poco a poco las secciones controladas por el SNTE se sumarían al mismo. En abril de ese año se inicia un “paro nacional indefinido” en el que participan, con mayor o menor intensidad, al menos dieciocho secciones. El SNTE de Jonguitud se ve ampliamente rebasado no sólo por el magisterio disidente sino también al interior de la organización. Sindicatos independientes, así como organizaciones estudiantiles y sindicales de las universidades, se suman a la protesta, lo que abre una coyuntura de negociación y renovación. El gobierno de Salinas decide apoyar la recomposición de la dirigencia sindical, abrir negociaciones y facilitar las demandas de democratización.
El 23 de abril de 1989 renuncian a sus cargos sindicales, bajo presión de la presidencia de la República, Jonguitud Barrios y su principal operador, Refugio Araujo del Ángel, quien entonces fungía como secretario general del SNTE. A esas renuncias seguirían las del resto de los cuadros políticos y burocráticos de la dirigencia sindical. Con franco apoyo del gobierno se instala la lideresa Elba Esther Gordillo al frente del SNTE y se instala una compleja negociación sindical. El 15 de mayo de ese año se anuncia un incremento de diez por ciento neto en el salario, quince por ciento adicional en prestaciones diversas y la promesa de un servicio profesional docente: la carrera magisterial.
Además de ello, la nueva dirigencia sindical acepta la realización de congresos sectoriales para la renovación de las dirigencias con el compromiso, del gobierno y del SNTE, de respetar los resultados electorales. Al cabo el conflicto fue resuelto, lo que no quiere decir que las relaciones entre los protagonistas fueran tersas y sencillas. Más bien al contrario, las reuniones de abril y mayo de 1989 fueron arduas y constantemente jalonadas por las agendas e intereses de los participantes dentro y fuera del tablero de negociaciones.
Posteriormente, en octubre de 1989, se dio a conocer el Programa Nacional de Modernización Educativa. En éste se anunciaba la renovación del proceso de enseñanza aprendizaje. Según resume Josefina Zoraida Vázquez: “entre las metas (del PNME) se repetía la eliminación del aprendizaje memorístico, actualización de contenidos y métodos de enseñanza, el mejoramiento de la formación de maestros y el reentrenamiento de los que estaban en servicio. Una novedad estaba en involucrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje a los padres de familia, maestros y otros grupos sociales.” (Josefina Zoraida Vázquez, “La modernización educativa”, Historia Mexicana, vol. XLVI, núm. 4, 1996, pág. 935).
Pronto vendrían los instrumentos fundamentales de la política educativa sexenal: el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (1992), el programa de Carrera Magisterial (1992), la Ley General de Educación (1993) y el Nuevo Modelo Educativo (1993). Además, el gobierno de Salinas abrió una nueva vertiente de política educativa: la modernización de la educación superior.
