Si la calidad de la educación pública en México dependiera del ánimo reformista del gobierno hoy tendríamos resultados sobresalientes. Y no los tenemos.
Repasando la historia reciente de la educación pública del país y de las reformas que la han orientado, es fácil advertir que prácticamente cada administración federal se ha propuesto impulsar cambios, de mayor o menor calado, para hacer frente a los problemas de la cobertura, el rezago, y por supuesto la calidad de los servicios educativos. Se han ideado y experimentado soluciones de corte normativo, organizacional, administrativo, pedagógico y también político. No es la actual reforma educativa ni la más ambiciosa ni la mejor procesada.
Vale la pena repasar brevemente cuáles han sido los proyectos, las fórmulas de implementación y los resultados de las reformas del sector en las últimas décadas para ponderar hasta qué punto los cambios que ahora se proponen son novedosos y en qué medida pueden ser eficaces.
Comencemos con la reforma educativa de Echeverría (1970-1976). En esta se expresaron soluciones orientadas no tanto a una transformación a fondo del sistema educativo vigente, como a la modificación de las estructuras tradicionales. La política respectiva definió medidas tales como la actualización de los métodos de enseñanza; la inclusión de distintas modalidades encaminadas a la creación de ciclos terminales y salidas laterales, principalmente de orden técnico; la racionalización y descentralización de los recursos institucionales; la orientación del currículo a partir de áreas básicas del conocimiento, y, finalmente, la reorientación valorativa de los contenidos educativos. La reforma implicó, asimismo, un amplio conjunto de cambios normativos, entre los que destaca la Ley Federal de Educación, aprobada en noviembre de 1973. La línea que conecta estos planteamientos con el proyecto político del Estado puede buscarse en la intención del régimen de lograr una amplia base de apoyo ideológico a partir de la atención de ciertas demandas estratégicas; en este caso, la demanda educativa.
Para generar proyectos específicos en el contexto de la reforma educativa, la SEP integró al inicio del sexenio la denominada Comisión Coordinadora de la Reforma Educativa. Este órgano trabajó durante los primeros meses del nuevo gobierno y sus casi cuatrocientos integrantes establecieron recomendaciones y orientaciones para todos los niveles, tipos y modalidades del sistema educativo. El SNTE participaba en la Comisión a través de la representación formal del sindicato y también a través de la Academia Mexicana de Educación. El organismo gremial fue copartícipe y corresponsable de las medidas impulsadas en los niveles de educación básica.
Por otra parte, las recomendaciones emanadas de la Subcomisión de Educación Superior se habrían de entrelazar con los acuerdos generados en el seno de la ANUIES durante el periodo 1970-1973 para orientar los cambios que, en los ámbitos académico y organizativo, se dieron en las universidades en los siguientes años.
En efecto, las instituciones de educación superior reunidas en la ANUIES recogieron los propósitos de la reforma e iniciaron un proceso de búsqueda conjunta de soluciones tendientes a crear un sistema de educación superior renovado y mejor articulado. Al coincidir con la estrategia del Estado a favor de una amplia reforma educativa en todos los niveles del sistema, las instituciones adscritas a la asociación establecieron, a partir de 1970, una serie de acuerdos que marcaron la pauta en la transformación cualitativa de la enseñanza superior del país. Al respecto resulta emblemática la creación de instituciones innovadoras: el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, el Colegio de Bachilleres y la Universidad Autónoma Metropolitana.
La segunda mitad de la década corresponde al sexenio del presidente José López Portillo (1976-1982). A diferencia de su antecesor, el titular del ejecutivo otorgó prioridad al diseño y la instrumentación de políticas públicas basadas en planes y programas formales. Desde el inicio del sexenio se ordenó a todas las áreas de la administración pública federal que establecieran planes sectoriales con acciones, objetivos y metas de mediano y largo plazo. El ejercicio derivó, en primer lugar, en la formulación del Plan Global de Desarrollo 1980-1982, aprobado por decreto presidencial el 15 de abril de 1980, pero también sirvió de sustento para gestar el nuevo marco normativo de planeación del sector público: la Ley General de Planeación, aprobada en enero de 1983.
Durante el sexenio del presidente López Portillo la acción gubernamental se concentró en expandir la oferta de educación primaria en todo el país para garantizar una oferta suficiente en el nivel. La prioridad sobre la educación básica hizo que solo se creara una nueva institución universitaria: la Universidad Pedagógica Nacional, establecida en 1978 como “la respuesta del Gobierno Federal al legítimo anhelo del magisterio nacional para consolidar las vías de su superación, acorde con las necesidades actuales del sistema educativo” (Decreto de Creación de la UPN).
Durante el periodo de Echeverría el término “reforma educativa” impregnaba, en su totalidad, el discurso de la política sectorial. En cuanto López Portillo tomó posesión del cargo se dejó de hablar de ello. El lema era ahora: educación para todos.
UNAM. Instituto de Investigaciones Sociales
