Andrés Barreda, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advirtió que tal y como se usa el petróleo y energéticos fósiles para controlar diversas situaciones geopolíticas y sociales en el mundo, en México sucede lo mismo con el tema de agua.
En el marco del ciclo de conferencias La ciencia en los conflictos socioambientales, Barreda Marín, Doctor en Estudios Latinoamericanos explicó que a través del agua, se llevan a cabo presiones y el control en distintos ámbitos sociales, por lo que es urgente debatir los problemas al respecto, pues las reformas legislativas que se pretenden realizar al respecto serían catastróficas.
Durante la conferencia Los Conflictos por el Agua en México, el investigador señaló que estas reformas brindan evidentes beneficios a las grandes empresas y corporaciones; proyectos empresariales que no respetan el patrimonio natural; mientras por otro lado, los ciudadanos comunes son los que van a sufrir las consecuencias de estas acciones.
Advirtió que más allá de las implicaciones económicas que pueden surgir alrededor de este tema, se debe prestar atención a las intenciones políticas y sociales que esto puede desarrollar.
El académico de la UNAM señaló que las recientes violaciones al derecho del agua violenta a todos los mexicanos y se verá reflejado, en lo inmediato, en cada una de las familias. Advirtió que la crueldad del neoliberalismo y de tratados de libre comercio, han superado por mucho las prospectivas que cada uno de los investigadores y académicos que luchan por la defensa del agua, han realizado: “se requiere una gran movilización nacional para tratar de remediar estas acciones legislativas que lastiman a todos. La gravedad de los hechos, ya se está viendo reflejada en las distintas movilizaciones que se realizan en los centros académicos como la UNAM”.
Recientemente, académicos de las universidades Nacional Autónoma de México y de la Autónoma Metropolitana rechazaron las recientes modificaciones a la Ley General de Aguas pues promueven un sistema de concesiones que amenazan con convertir al recurso en un derecho económico y no humano.
Los investigadores de las dos instituciones se pronunciaron, por separado, para rechazar el dictamen promovido desde las Comisiones Unidas de Agua Potable y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, con la oposición del PRD y de Morena, quienes impugnaron dicho dictamen.
Estos académicos acusaron que la nueva Ley General de Aguas elimina la participación ciudadana, porque las personas que trabajan por el derecho humano al agua y el desarrollo sustentable, no están representadas en los Consejos de Cuenca.
Por otro lado, Fernando Córdova Tapia, Coordinador Académico del Laboratorio de Restauración Ecológica de la UNAM, señala que de acuerdo con el análisis de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, dicha ley promueve la privatización del agua al considerarla principalmente un bien económico y no un bien cultural y social, promueve el desplazamiento de personas y la muerte de los ríos, amplía los márgenes para poder contaminar el agua y restringe, condiciona y sanciona los estudios, la investigación científica y el monitoreo del agua.
