Este lunes 19 de septiembre reiniciaron clases en Chiapas. Se trata de una buena noticia. Especialmente para los cerca de un millón 777 mil alumnos de educación básica, quienes, finalmente, pudieron regresar a clases tras el paro impuesto por la CNTE desde el 15 de mayo.
No se veía fácil que esto ocurriera. Nada fácil, de hecho, tomando en cuenta la rigidización de las posiciones de las partes en conflicto. En concreto, la CNTE insistiendo que los maestros no retornarían a las aulas si no se abrogaba la reforma educativa toda y, el gobierno federal sosteniendo, de unas semanas para acá, que no habría negociación con el magisterio disidente si, antes, no se daba el regreso a clases.
Posiciones así de contrapuestas auguraban un choque de trenes o, bien, una prolongación del conflicto de duración indeterminada. Por fortuna, no hubo choque de trenes y los alumnos chiapanecos de básica fueron liberados del secuestro en el que los tenía la CNTE.
No todo en esta salida, sin embargo, son buenas noticias. Para empezar y como suele ocurrir con excesiva y frustrante frecuencia en México, no tenemos claridad con respecto a la naturaleza de los procesos y condiciones que hicieron posible que la CNTE chiapaneca levantara su paro de labores.
Los líderes de la Sección 7 de la CNTE dicen que, a cambio del regreso a clases, obtuvieron concesiones muy importantes por parte del gobierno federal. Entre otras y, según lo reportado al respecto por El Universal el mismo lunes: la suspensión de la evaluación docente para la permanencia y promoción para lo que resta del sexenio, pago “inmediato a comisionados sindicales y su reintegración al FONE a partir de enero de 2017, “limpiar” los expedientes jurídicos de maestros y padres de familia y 150 millones de pesos para infraestructura de escuelas seleccionadas, entre otros.
El gobierno, por su parte, niega que se haya negociado la aplicación de la reforma educativa en la entidad. Más allá de que tan creíble sea esto, no puede descartarse que el contenido de la negociación haya sido distinto al señalado por la CNTE. Dicho de otra manera, es posible que la CNTE chiapaneca esté inflando las concesiones obtenidas. Ello para justificar, muy especialmente frente a sus propios núcleos más radicales, el haber regresado a clases a pesar de no haber logrado abrogar, por entero, la reforma educativa.
Más allá de los dimes y diretes, lo más probable es que el levantamiento del paro de la CNTE en Chiapas haya entrañado algún tipo de negociación y de concesiones por parte del gobierno federal. Con el tiempo, podremos conocer, al menos en parte, qué fue lo que se negoció en concreto y, también, qué tanto la apuesta resultó efectiva no sólo para contener el conflicto y ganar tiempo, sino, sobre todo, para hacer sustentable el impulso a favor de la reforma educativa y, en particular, de la instrumentación de sus componentes medulares. Entre estos, muy señaladamente, el tránsito de un régimen clientelar y discrecional para el ingreso, promoción y permanencia en la carrera docente a un paradigma distinto: el de reglas claras, iguales para los iguales y transparentes para todos en lo que hace a la administración de las plazas y las trayectorias de los docentes.
A reserva de contar con la evidencia que nos permita evaluar qué tanto y a qué costo lo negociado en Chiapas permitió salvaguardar el impulso transformador en materia educativa, convendría hacernos cargo de que la reforma educativa más importante de las últimas décadas vive hoy un momento en extremo complicado. 
Los fuertes riesgos que enfrenta su sustentabilidad son, en parte, el resultado de fallas de diseño y, sobre todo, de instrumentación. Dichos riesgos son también producto de un entorno político más general muy descompuesto, de una institucionalidad frágil y de un ejecutivo federal fuertemente debilitado.
En un contexto así, la posibilidad de que el gobierno encuentre y sea capaz de ejecutar soluciones de bajo costo y/o de librarse de la necesidad de entrar en negociaciones complicadas y riesgosas con los opositores de la reforma me parece ilusorio. Desde luego, sería mejor que el gobierno contase con la fuerza, la legitimidad y la capacidad suficiente para poder disuadir con la sola amenaza de la aplicación de la ley a la CNTE o a cualquier otro grupo de emprender acciones ilegales, violentas y disruptivas como las que lleva años realizando la CNTE.
Dado que el gobierno no cuenta con esos activos, lo único que podríamos exigirle es que calcule bien los riesgos en los que tendrá que seguir incurriendo para evitar que la reforma educativa naufrague.
Twitter:@BlancaHerediaR
