El relato es límpido: los legisladores del partido hegemónico preparan enmiendas legales rumbo a una reingeniería burocrática con el fin de comenzar a perfilar la puesta en marcha de las promesas de campaña del hoy presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
No obstante que AMLO se había comprometido a no promover mudanzas en la Constitución en los primeros tres años de su gobierno, parece que la prisa le ganó. Morena ya organizó comisiones internas para retornar a las normas pasadas en ciertos campos, como la educación; también para crear nuevas instituciones en otras áreas. Sin embargo, los legisladores esperarán los resultados de la consulta nacional “Educación para el bienestar”, que coordina el futuro secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, pero dieron a entender que no aguardarán a que el Ejecutivo les envíe una iniciativa. Aunque la comisión para elaborar los proyectos de cambios no está constituida todavía, los diputados entrevistados por Vanessa aseguran que un maestro presidirá la de educación; coligo que será un docente con militancia compartida entre Morena y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
La tirada de Morena, según la diputada Dolores Padierna, es cambiar la Constitución, “no nos faltan muchos votos” para alcanzar los 334 requeridos. En otras palabras, la mudanza al artículo tercero está a la vuelta de la esquina. Empero, me pregunto si el próximo gobierno en realidad quiere echar para atrás los cambios institucionales y propuestas pedagógicas que se encapsularon en la Reforma Educativa.
Bajo el paraguas de la Reforma Educativa, el gobierno que termina impulsó transformaciones sin precedentes en el sistema educativo mexicano. Con escasas excepciones, hoy sabemos cuántos maestros dan clases, se redujo el número de comisionados sindicales, se excluyó a la mayoría de los aviadores (subsisten algunos en los sistemas estatales), se eliminaron subsidios irregulares (vía plazas docentes) a los gobiernos de los estados y, lo más importante, casi anuló la venta y herencia de puestos de trabajo dentro del sistema.
Además, si bien llegó casi al final del sexenio, el Modelo educativo para la Educación Obligatoria contiene promesas de cambio que coinciden con propuestas del Presidente electo y su futuro secretario de Educación Pública, como énfasis en valores, fortalecer las escuelas normales, vigorizar la formación y actualización del magisterio, enseñanza del inglés y otras más que se plantearon en el Proyecto alternativo de nación de AMLO.
En su campaña, el Presidente electo también se comprometió con el grupo de Elba Esther Gordillo a “reestablecer la carrera sindical”, que quiere decir, regresar comisionados a los comités del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (de todas sus facciones) con cargo al presupuesto para educación. También acreditó ante los fieles de la CNTE a hacer uso de la facultad del Ejecutivo para detener afectaciones laborales y administrativas a los docentes y hacer justicia a los maestros cesados “injustamente” y a los presos políticos y víctimas de la violencia.
La Secretaría de Educación Pública no impuso sanciones de manera ilegal a maestros absentistas ni a quienes no se presentaron a las evaluaciones del desempeño docente. Lo hizo con la letra de la ley —y fue mansa, había muchos más que violentaron la norma— y siempre con la colaboración de los estados.
No oculto mi turbación. Hay muchas cosas que pueden mejorarse, pero me temo que, dado que en la consulta se ha privilegiado la voz de la CNTE y de otros líderes del SNTE, la reingeniería propuesta por los diputados de Morena implique un retorno al pasado.
Me niego a pensar que AMLO quiera dar una vuelta de tuerca completa; significaría repatriar el cogobierno en la educación, donde, al paso de unos años, los fieles de las facciones del SNTE recolonizarían el gobierno de la educación. Estoy convencido de que al futuro presidente no le gusta compartir el poder, pero eso es lo que le piden los del SNTE y le exigen los de la CNTE, ¿les ayudarán los diputados de Morena?
