Por Fernando Ruiz
Investigador en Mexicanos Primero
El Artículo 3º de la Constitución incorpora a la infraestructura educativa como un elemento de la calidad educativa que el Estado debe garantizar en las escuelas de educación obligatoria. Hay evidencia de la relación positiva entre la infraestructura y el logro educativo (Glewwe, et al, 2011; Gargiulo, 2011), aunque es importante lograr su convergencia con los demás factores que afectan los aprendizajes (BID, 2013). ¿Cómo apoyaremos a esta infraestructura escolar en el año 2016?
El 13 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal de 2016. Esto nos permite saber cuánto dinero invertiremos en educación el año entrante. La buena noticia es que se incrementaron sustancialmente los recursos destinados a la infraestructura educativa.
Las escuelas con problemas de infraestructura son atendidas de forma regular con recursos provenientes del Ramo 11 del PEF. En 2015, los programas con recursos destinados a infraestructura escolar, como Escuelas de Calidad (PEC), Tiempo Completo (ETC), Escuelas Dignas (PED), Escuelas de la Reforma y del CONAFE tuvieron asignados más de 28.7 mil millones de pesos; para 2016, este monto bajó a sólo 18.6 mil millones. Sin embargo, el decrecimiento fue compensado a través del establecimiento de un mecanismo financiero basado en los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33. El 20 de noviembre, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INFED) dio a conocer los lineamientos operativos del nuevo Programa Escuelas al CIEN (Certificados de Infraestructura Educativa Nacional), lo cual busca potenciar los recursos del FAM para obtener una inversión de 50 mil millones de pesos en infraestructura escolar en los próximos tres años.
En la Alianza por la Calidad Educativa (ACE), firmada en 2008, se identificó a 27,000 planteles con necesidades urgentes de reparación y mantenimiento. Cinco años después, el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) documentó que 26% de los inmuebles escolares de educación pública no se construyeron con fines educativos y 2% de ellos fueron construidos con materiales ligeros y precarios; es decir, más de 39,000 planteles no fueron construidos para ser escuelas. El Programa Escuelas al CIEN proyecta atender a 31,588 escuelas de educación básica y los programas de subsidios otro tanto. Es imprescindible contar con un padrón de escuelas beneficiadas que reduzca los traslapes y facilite la verificación ciudadana.
La Auditoria Superior de la Federación (ASF) ha hecho recomendaciones puntuales al INIFED que nos debe poner en alerta: ausencia de control riguroso en la autorización de adecuaciones a los proyectos técnicos, falta de consistencia entre las necesidades diagnosticadas y las acciones de mejora realizadas, ausencia de una metodología clara para la verificación en campo de las escuelas beneficiadas, falta de criterios para determinar las condiciones de las escuelas que requieren aumento del monto asignado, ausencia de control de los costos de operación del programa, carencia de sistemas de información para informar sobre los resultados del programa, y falta de criterios de prioridad en las acciones de mejora, entre otras observaciones.
El reto para los ciudadanos, padres de familia y organizaciones de la sociedad civil, entonces, es vigilar y acompañar esta nueva política pública con objeto de evitar el malgasto educativo. La creación, reconstrucción y mantenimiento de las escuelas es un aspecto sensible y vulnerable a la corrupción, la ineficiencia e ineficacia. La magnitud de la tarea plantea un reto institucional que no hay que minimizar. Es una inversión que hipoteca recursos por 25 años, y hay que asegurar su impacto educativo. La exigencia es que se construyan los mecanismos y se publique información que faciliten el seguimiento y acompañamiento social.
Las buenas intenciones pueden extraviarse en los laberintos burocráticos y los intereses creados. Es trabajo de todos los ciudadanos asegurar que el gasto en infraestructura escolar sea una inversión en el derecho a aprender de nuestras niñas, niños y jóvenes. Participemos, acompañemos y exijamos rendición de cuentas.
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