Regreso a México tras unas semanas en Polonia y es como si regresara a otro país. Me topo con un México profundamente descompuesto y crispado hasta los límites. El país de las reformas y un futuro promisorio en la punta de los dedos desplazado por la irrupción de un México que apesta a sangre y carne podrida.
Trato de entender acudiendo a la prensa, pero me doy cuenta de que no es fácil obtener los hechos básicos de lo ocurrido en Iguala. Tampoco es fácil encontrar interpretaciones que hagan comprensibles los hechos –uno más siniestro el que el otro. Me ayudan a empezar entender los reportajes de Denise Maerker y el artículo de este lunes de Jesús Silva-Herzog Márquez. Este último me ayuda porque pone el dedo en la llaga: la gobernabilidad entendida como el tejido de acuerdos montados sobre la complicidad impune.
Coincido con Jesús. Mucho de este desbordamiento de las alcantarillas tiene su origen en una clase política que, para construir acuerdos y mantenerse en el poder, se perdona todo recíprocamente y utiliza el “carpetazo” y el mirar hacia otro lado como su mecanismo básico para operar. Impunidad para todos, “gobernabilidad” a costa de lo que sea, complicidades inconfesables, debilidades institucionales que buscan ser subsanadas no fortaleciendo las instituciones, sino saltándose lo que queda de ellas.
Pero la irresponsabilidad y la impunidad no son privativas de nuestra clase política. De ellas participan muchos más. Los medios de comunicación, por ejemplo, no se quedan muy atrás. Pocos datos ciertos, poquísima investigación seria, prácticamente nulo seguimiento. Tampoco abundan las interpretaciones sólidas que contribuyan a darle sentido a lo que ocurre. Por fortuna existen el Los Angeles Times y El País.
¿Qué pasó la noche del 26 de septiembre en Iguala? ¿Qué hacían los alumnos de la normal de Ayotzinapa ahí? ¿Quién ordenó la represión de esos alumnos? ¿Fue el alcalde o fue, directamente, su mujer (hermana, por cierto, de líderes de la organización criminal Guerreros Unidos)? ¿Por qué ninguna autoridad había procedido a investigar a ese alcalde y dónde se encuentran él y su esposa hoy? ¿Por qué la Policía Municipal de Iguala entregó a los estudiantes a una organización criminal?
Celebro la mesura comunicativa del gobierno, misma que contrasta (para bien) con la locuacidad flamígera que tanto daño nos hizo del sexenio anterior. Esa parquedad ayuda a no echarle más leña al fuego y pudiese ser un indicio de que el gobierno se concentra en lo que le toca, centralmente, hacer en este momento: encontrar a los 43 alumnos normalistas e investigar qué ocurrió.
Los sucesos recientes en Iguala y en muchas otras partes del país sugieren que el precio de la impunidad concedida por el gobierno a las atrocidades sin nombre y sin límite de la administración Calderón fue gigantesco. Echarle un tapete encima a tantos muertos, terminó, en los hechos, refrendándole a muchos la licencia para matar que aquella administración puso a disposición de todos.
Urge volver a construir el pacto de civilidad básico que se rompió entre 2007 y 2012. Nos urge salir de la barbarie en la que estamos inmersos. No es momento de destruir las pocas instituciones que nos quedan –particularmente, en materia de seguridad y justicia– como reclaman algunos. Sí, es momento de exigir explicaciones y resultados, pero también de darle a esas instituciones y sus responsables un tiempo razonable para hacer su trabajo. También sería momento de hacernos cargo, cada quien, de nuestra parte. La podredumbre no es sólo responsabilidad de políticos y autoridades, ellos no operan en un vacío social. No sigamos destruyendo; no dejemos que, otra vez, se nos vaya una oportunidad para construir un país civilizado y pujante.
Twitter: @BlancaHerediaR
