El 1 de mayo, Excélsior publicó una nota de Juan Carlos Rodríguez acerca de los comisionados del sector educativo y de docentes que cobran cantidades increíbles (cada uno de dos profesores de Guerrero, que no están frente a grupo,reciben alrededor de 190 mil pesos por mes). El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (Fone) rindió, como lo manda la ley, información sobre los pagos realizados el primer trimestre de 2015. La apertura de la información abre una rendija en la opacidad con que se manejaba —y todavía falta mucho por avanzar— el presupuesto para la educación.
Es un fruto de la recentralización del pago de la nómina educativa en la Secretaría de Educación Pública, aunque lo siga haciendo por cuenta de los gobiernos estatales. La información se ofrece por estados y, en cada uno de ellos, cualquier persona puede consultar datos sobre plazas, funciones, personal con licencia y otros detalles.
La información es incompleta. Oaxaca, Guerrero y Michoacán no entregaron datos a la SEP sobre el número de maestros y otros trabajadores comisionados. En otros estados, los cabecillas locales del SNTE y los gobernadores tuvieron 2014 para conciliar nóminas y plantillas, aprovecharon el lapso que les dio la ley para colocar en los padrones a comisionados sindicales y a aviadores, como si en realidad trabajasen.
La presentación del Fone al escrutinio público —con todo y sus limitaciones— es un avance de la presión pública sobre el gobierno. Pero también es un brazo, el más importante quizá, del centralismo. Si uno lo ve en la perspectiva del plazo largo, es un intento de retorno a la república imperial; pero en el corto plazo fue una medida que se justificaba por el crecimiento del gasto, el aumento de personal y el cultivo de vicios como la herencia y compraventa de plazas.
Los gobernadores devaluaron los escasos grados de autonomía que les dio el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, de mayo de 1992, y la primera versión de la Ley General de Educación, de 1993. Claro, se justificaban porque ninguno tenía poder político para enfrentar a una maquinaria tan bien aceitada como la del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
No creo que el gobierno haya retomado la rectoría de la educación, como dice el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet. Hoy el SNTE sigue gobernando en la educación básica; tiene colonizadas las dependencias de los estados —todas sin excepción—, su poder está lejos de haber desaparecido. Es más, pongo en duda que el Presidente quiera, en realidad, retomar la rectoría de la educación. Tal vez el Partido Revolucionario Institucional codicie reconquistar al SNTE, por ello tiende alianzas con el Partido Nueva Alianza. El precio sería —supongo— dejar que los fieles del sindicato sigan gobernando en la educación básica.
Es una especie de contrato entre el alto mando político y los líderes del SNTE. Éstos le expresan al Presidente “tú podrás recuperar la SEP, te damos márgenes de maniobra; pero nosotros seguimos gobernando en los estados”. Los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no entran en ese convenio; ellos colonizan las dependencias de educación en Oaxaca, Guerrero y Michoacán por la fuerza de sus movilizaciones.
El Fone, pues, es un avance en la transparencia, es un paso importante que ofrece herramientas a la sociedad civil para seguir con la presión y que se abra más la información.
Sin embargo, el Fone también es un arma del centralismo, pero no es eficaz si el Presidente —el príncipe, diría Maquiavelo— no la usa para disciplinar a sus adversarios, si ruega en lugar de mandar. El Fone también puede ser un instrumento para conseguir aliados políticos. Muy bien que se den los datos de comisionados y de otras corruptelas, pero no basta con informar, hay que actuar para eliminar los vicios. Si en realidad el Presidente quisiera recuperar la rectoría de la educación, tendría que estar dispuesto a echarse de enemigo al SNTE y a otros sindicatos corporativos.
Al comienzo de su gobierno, el presidente Peña Nieto parecía un profeta armado. Un reformista vigoroso. Propuso y obtuvo nuevas leyes —que están lejos de la perfección—, pero que le otorgan instrumentos para descolonizar el gobierno de la educación básica. Pero no lo hace. De septiembre de 2014 para acá ya no actúa como profeta. Parece que perdió el rumbo o que, aún sabiendo cuál es, no lo quiere caminar.
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