A Eduardo Remedi, en memoria
Al momento de entregar esta columna continúa el plantón que estudiantes, académicos y autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) iniciaron el pasado 4 de febrero en el centro de Cuernavaca, aunque, según algunos medios, está planteada la opción de una fórmula de diálogo en que participarán representantes de los poderes estatales y del gobierno universitario. De ser el caso, la interlocución y negociación iniciaría el miércoles 10 de febrero. Ha trascendido, además, que el Ejecutivo estatal estaría representado por el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina; la secretaria de Educación del estado, Beatriz Ramírez, y el consejero jurídico del gobernador, Anuar González Cianci. El gobernador Graco Ramírez Garrido no participaría de manera personal en el diálogo.
El rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, que encabeza la movilización, y que hasta hoy despacha en el plantón, declaró que el Plantón por la Dignidad permanecerá “hasta que nos cumplan nuestros 13 puntos, pero, además, hasta que lancen la convocatoria para la constitución del Consejo de Participación Ciudadana”, órgano que calificaría las solicitudes de consulta popular, plebiscito y revocación del mandato establecido, hace 16 años, en la Ley de Participación Ciudadana. (Jaime Brito, Proceso, 8 de febrero 2016).
De cara a la opinión pública, el rector ha insistido en un diálogo público, a celebrarse en la Plaza de Armas de Cuernavaca, pero el secretario de Gobierno rechaza esta demanda al señalar: “no es correcto hacer de esto un espectáculo” (El Sol de Cuernavaca, 9 de febrero 2016). ¿Qué parte cederá? No es fácil predecirlo, aunque no es descartable la eventual exploración de una solución intermedia: la transmisión al público de las mesas de diálogo, tal como ocurrió en el marco del conflicto del Politécnico Nacional a finales de 2014.
En el contexto local el movimiento es apreciado como expresión de la inconformidad de amplios sectores con el desempeño del gobierno estatal en diferentes materias: seguridad, obra pública, transparencia financiera, entre otros aspectos. Por ello, las demandas de la movilización han encontrado simpatía entre los partidos de oposición, organizaciones de derechos humanos, sectores del empresariado, y también en la jerarquía católica de la región. Naturalmente, las fuerzas que apoyan al gobierno estatal tienden a cuestionar tanto la legitimidad de las demandas como, también, el protagonismo del rector Vera Jiménez como figura más visible de la protesta. Esta vertiente de opinión adjudica al funcionario la intención de construir una candidatura para gobernar Morelos después de 2018.
Los universitarios exigen, principalmente, la construcción del Hospital Universitario y la Preparatoria de Cuautla; la entrega de la Torre de Laboratorios, la construcción del edificio del Centro de Investigación en Biotecnología y del edificio de la Facultad de Humanidades, obras que fueron autorizadas por la Federación desde hace años. También la rehabilitación del edificio de la ex biblioteca central Miguel Salinas, y el inicio de las gestiones para la aplicación programada de 391.7 millones de pesos, autorizados en el presupuesto estatal, en obras de infraestructura. También se demanda restablecer la obligación del impuesto municipal del cinco por ciento “Pro Universidad”, que fue derogada en la iniciativa de egresos 2016 presentada por el gobernador al Congreso del Estado. Se exige, asimismo, la entrega de diez millones de pesos por concepto de devolución del Impuesto sobre la Renta que gestionó la UAEM por intermedio del gobierno estatal, y la entrega de cien millones de pesos comprometidos por el Congreso para el pago de aguinaldos de los trabajadores de la UAEM.
El pliego económico de demandas incluye, además de lo indicado, el pago de pensiones y jubilaciones, el pago de la diferencia de aguinaldos, un presupuesto especial para la UAEM para ampliación y diversificación de la oferta educativa en regiones donde no hay presencia universitaria, comedores estudiantiles, casa del estudiante, espacios culturales y deportivos, y estancias infantiles para hijos de estudiantes que sean madres o padres solteros, entre otras peticiones específicas.
Acompaña el planteamiento de exigencias de naturaleza económica, la formulación de una demanda política relevante: la convocatoria para la constitución del Consejo de Participación Ciudadana, órgano encargado de calificar las solicitudes de consulta popular, plebiscito y revocación del mandato, previsto en la Constitución del Estado de Morelos. Esta última demanda escapa, en cierta medida, del repertorio de demandas estrictamente universitarias, no obstante es un elemento clave para el movimiento porque lo hace engarzar con el interés de otras organizaciones sociales y políticas del estado. El punto delicado de su inclusión en el petitorio radica en el dilema: ¿es aceptable la satisfacción solo del pliego económico, sacrificando la exigencia política planteada, o el movimiento está dispuesto a no transigir en este último aspecto? Ya lo veremos.
