Todos los gobiernos democráticos admiten claramente la importancia de la evaluación como parte medular del diseño e implementación de las políticas públicas, afirmó la consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Teresa Bracho González.
En el documento Estudios y evaluaciones de política y programas educativos 2014-2018, publicado por este Instituto, señala que gobernar por medio de las políticas públicas implica admitir que la eficacia de las intervenciones gubernamentales y su credibilidad frente a la sociedad requiere de ejercicios sistemáticos y continuos de evaluación, destaca en el documento Estudios y evaluaciones de política y programas educativos 2014-2018, publicado por el INEE.
En la publicación, Bracho González afirma que el ejercicio del buen gobierno significa que cada política o programa gubernamental, creado para resolver un problema público relevante, incluya un proceso de valoración sistemático y objetivo sobre su sobre su diseño, ejecución y resultados.
Subraya que desde la evaluación se aporta información importante para identificar la magnitud y dimensiones del problema público a resolver; precisar sus causas y reconocer la naturaleza de los contextos sociales en los que se presentan, así como valorar los alcances y limitaciones de las políticas o programas gubernamentales desarrollados con anterioridad, entre otros.
En este documento que contiene las fichas técnicas de 31 estudios y evaluaciones realizados por este organismo autónomo, la consejera presidenta del INEE subraya que la evaluación contribuye a utilizar la mejor evidencia disponible, derivada de hechos y relaciones fundadas, que no dependen de actuaciones caprichosas o ideológicas.
El documento elaborado por el equipo de la Unidad de Normatividad y Política, a cargo de Francisco Miranda, consta de siete apartados temáticos en los que se incluyen temas como descripción del Modelo de Evaluación de Políticas y Programas y fichas técnicas en materia de equidad educativa a través de las cuales se elaboró la acción pública dirigida a grupos en situación de vulnerabilidad.
Finalmente, también aborda temas como las evaluaciones de las políticas y programas de atención al abandono escolar, de infraestructura física educativa, de participación social en educación, y la formación, desarrollo profesional y a la evaluación de docentes.
