Tag: Abelardo Carro Nava

El 14 de enero, las autoridades sanitarias de nuestro país reportaron poco más de 44 mil personas que presentaron cuadros sintomáticos relacionados con la enfermedad COVID-19 (Infobae, 2022); el día de ayer, 15 de enero, esas mismas autoridades informaron de más de 47 mil nuevos contagios de coronavirus (Proceso, 2022), cifra récord para un solo día desde que comenzó la pandemia. Situación que, por donde quiera que se mire, es preocupante pues, tal parece, no hemos aprendido la lección que nos dejó la serie de infortunios que vivimos el año pasado, sobre todo cuando en sus primeros meses, observamos la saturación de hospitales, los padecimientos del SARS-CoV-2 en nosotros mismos o en nuestros familiares, o la desafortunada pérdida de alguno de nuestros seres queridos. Un tema, sin duda, sensible, por las diversas aristas que de éste se desprenden, debido a que poco más de 55 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema y, como parece obvio, las condiciones económicas no son las mismas para todos.

Algunos años han pasado desde aquel 19 de septiembre de 2019, cuando se aseguró, que ese día sería histórico para el país en materia educativa pues, según la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Adela Piña, caería de manera completa y plena la mal llamada reforma educativa de 2013 (Diputadas y Diputados de Morena, LXIV Legislatura, 2019). Algunos años han pasado desde que, en tribuna, la misma Diputada afirmó que dicha reforma fue impuesta y violenta y, por lo cual, surgía un gran acuerdo educativo, producto del diálogo y el trabajo colaborativo realizado por el ex Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, a través de diversos foros de consulta. Algunos años han pasado desde que la bancada morenista gritó a los cuatro vientos: ¡ya cayó, ya cayó, la reforma ya cayó! (https://www.youtube.com/watch?v=j6iI-9KxjRI), asegurando el total desmantelamiento de esa reforma que, como sabemos, fue punitiva.

Vivimos en un país donde, por un lado, los políticos de todos los partidos que llegan a ocupar un lugar en Palacio Nacional o en distintas Secretarías de Estado, específicamente en la Secretaría de Educación Pública (SEP), buscan de cualquier forma satisfacer las demandas y exigencias de los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o el Banco Mundial, en materia de inclusión educativa o de incorporación a eso que se le conoce como globalización con la enseñanza de una lengua extranjera, pero, por otro lado, en un país donde esos mismos políticos, diseñan programas que no acaban de concretarse para beneficio de la población a los que están dirigidos: niños, niñas y adolescentes (NNA) en edad escolar, ya sea en educación básica o media superior. NNA que, indudablemente, sufren las consecuencias de una serie de decisiones mal tomadas por quienes tendrían que procurar el derecho irrestricto, en este marco, a una educación de calidad.

Hace unos días, escuché con atención las comparecencias de la secretaria de Educación, Delfina Gómez, tanto en el Cámara de Senadores como en la de Diputados – ejercicio que se desarrolla como parte de la glosa del 3er. Informe de gobierno del presidente López Obrador – y, pareciera ser que nuestro país vive uno de los mejores momentos en materia educativa, y no es cierto. Las cifras alegres, los datos pomposos o las falacias discursivas que se construyen desde las oficinas en República de Argentina, son uno de esos tantos sueños guajiros que los funcionarios públicos están acostumbrados a vivir desde que pisan sus respectivas oficinas para desempeñar los encargos que les fueron conferidos. Un asunto que no es nuevo pero que, a la luz de los diversos acontecimientos y formas de difundir la información, gozan de escasa credibilidad, dada la disonancia que produce en el cerebro la escucha de las palabras con lo que realmente ocurre en las escuelas y en las aulas.

Preocupa la ligereza y simpleza con la que las autoridades educativas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) están tomado decisiones en el ámbito de su competencia.  Para muestra un botón: a tan solo un par de días (aunque en realidad fue solo uno) en que, de conformidad con el calendario escolar llegara la tan nombrada “descarga administrativa” para que los profesores, como se sabe, tuvieran que subir al “sistema” las calificaciones de sus alumnos, se emitió el oficio No. DGAIR-DGDC/391/2021 dirigido al Secretario (a) de Educación y/o Titular del Instituto de Educación, Organismo Público Descentralizado y/o Área Educativa Central para informar los “Criterios que se deberán observar y aplicar para la conclusión del ciclo escolar 2020-2021 y aquellos que coadyuven a la operación de los procesos de control escolar y evaluación del ciclo escolar 2021-2022 para la educación preescolar, primaria y secundaria”. 

Buena parte del magisterio sabía que no sería nada fácil el regreso a clases presenciales; además de la incertidumbre y temor por los posibles contagios por el SARS-CoV-2 en las escuelas y las innumerables tareas asignadas en los Comités Participativos de Salud Escolar, el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes (NNA) fue un tema en extremo preocupante y ocupante pues, durante más de año y medio en que duró el confinamiento educativo, el profesorado mexicano encontró diversas dificultades, entre las que destacan: a) la incapacidad de una Secretaría de Educación Pública (SEP) para dar respuesta a las innumerables actividades académicas que tendrían que ponerse en marcha en plena contingencia sanitaria; b) la variable respuesta de padres de familia para apoyar, conjuntamente con los docentes, el proceso formativo de sus hijos; c) la insuficiencia de recursos materiales y económicos, tanto de padres y maestros, para asegurar que los niños no dejaran la escuela; entre otros.

En julio de este año, publiqué en este y otros espacios digitales, un artículo titulado “La evaluación del ciclo escolar 20-21 y la descarga administrativa para el siguiente”. En éste argumentaba, que con pleno desconocimiento de lo que sucede en los planteles escolares que conforman el intricado Sistema Educativo Nacional (SEN), la Secretaría de Educación Pública (SEP) había emitido el Acuerdo 16/06/21 por el que se regulan las acciones específicas y extraordinarias relativas a la conclusión del ciclo escolar 2020-2021, en beneficio de los educandos de preescolar, primaria y secundaria ante el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Para el logro de este propósito, no había derogado los Acuerdos 11/03/19 y 12/06/20 relativos a la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, es más, en este texto señalaba, que esta Dependencia había realizado una extraña combinación de los Acuerdos citados con la finalidad de que los profesores evaluaran el ciclo escolar referido. 

Con la llegada de la tan anhelada (y mal lograda) “calidad” en el ámbito educativo, el quehacer docente cambió sustancialmente; las actividades administrativas impuestas desde la Secretaría de Educación Pública (SEP), superaron a las que la propia pedagogía y didáctica requiere para la generación de aprendizajes en los estudiantes que se encuentran cursando sus estudios en alguna de las escuelas del Sistema Educativo Mexicano (SEM).