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Un tema que, de alguna forma fue eclipsado por el reciente proceso electoral que vivimos en México, fue el que denunció en los últimos días del mes de mayo la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia (ODI), a través de un informe en el que se “reveló la persistencia de abusos sexuales y pornografía infantil detectados en 18 escuelas en agravio de decenas de infantes de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca” (Díaz, 2021). 

Y luego “el reporte de incidencias”; un documento que, como lo he dicho y afirmado, confirma el estado de indefensión en el que se deja a quien participó en este proceso de admisión por dos razones: a) la misma Unidad resolverá esas incidencias ¿con base en qué? y b) el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) difícilmente levantará un dedo para intervenir puesto que, con seguridad, afirmará que no es ámbito de su competencia al ser un proceso de admisión, pero eso sí, cuando sea llamado por los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales derivados de la emisión de la convocatoria respectiva (Art. 39, numeral IV), con seguridad sí se hará presente, ¿para qué? En consecuencia, los afectados en este proceso ¿tendrían que demandar a este órgano administrativo y a la propia Secretaría para que se reponga el proceso? 

Con la llegada de la profesora Delfina Gómez a la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a través de su dirigente, el profesor Alfonso Cepeda, vio la posibilidad de lograr un acercamiento con la responsable de la política educativa mexicana; algo que no pudo hacer con el ex titular de esta dependencia, Esteban Moctezuma. Y desde luego, la profesora se ha dejado seducir por aquella vieja, romántica y falaz idea que priva en el ámbito político: el SNTE son los maestros; y no es cierto. Este Sindicato legalmente tiene la representación del magisterio, no así al magisterio. ¿Acaso no lo sabe la maestra? En fin. 

El proceso de cambio de centros de trabajo, regularmente, si no es que siempre, se ve rodeado de una serie de omisiones, opacidades e irregularidades administrativas en las distintas Secretarías de Educación de la República Mexicana. Es, sin duda, un tema que no debe tomarse a la ligera pues la movilidad del personal adscrito a estas dependencias es un derecho del que goza todo trabajador, independientemente de la o las razones que lo hayan llevado a tomar una decisión de esta naturaleza.

Prácticamente a un mes de que culminé el ciclo escolar 2020-2021, la Secretaría de Educación Pública (SEP), en voz de su titular, la profesora Delfina Gómez, ha convocado a las maestras, maestros, padres de familia y autoridades educativas de nuestro país, a regresar a clases presenciales a partir del 7 de junio (Profeladia.com, 2021). Tal convocatoria se expresó durante la conferencia de prensa del 28 de mayo en Palacio Nacional, y bueno, el presidente hizo lo propio y respaldó este llamado porque, según él, ya hay condiciones para ¿regresar a la normalidad? a las escuelas dado que el sector educativo, prácticamente en su totalidad (85%), ha sido vacunado, aunado al hecho de que la inoculación de los adultos mayores no se ha detenido y en próximos días se continuará con los adultos cuyas edades oscilan entre los 40 y 49 años.

Fue en la década de los 60, cuando los movimientos estudiantiles en nuestro país tuvieron un auge importante dada la vorágine de acontecimientos que, en diversas partes del mundo, y a nivel nacional, acontecían. 

En los últimos días, a través de distintos medios de comunicación hemos visto, leído y escuchado, que varias entidades de las República Mexicana han anunciado la reapertura de los planteles escolares pues, a decir de las autoridades educativas y sanitarias, la inoculación del magisterio va viento en popa, como si éste fuera el único indicador que permitiera abrir las escuelas que conforman el amplio Sistema Educativo Nacional (SEN) de manera segura para todos los actores involucrados. 

No imagino al actual Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) viviendo de una pensión como la que reciben miles de sus ex agremiados. Las posiciones que ha ocupado en esta organización sindical, a decir de José Luis García Cabrera, le han permitido gozar de una fortuna multimillonaria y de una pensión cercana a los 100 mil pesos mensuales (García, 2018).