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El informe de resultados de la fiscalización superior de la cuenta pública 2022, a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), contiene un reporte sobre el gasto ejercido por el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (OCUBBJG).

El gasto es una de las principales herramientas que el Estado tiene para promover el derecho a aprender. A través del gasto se entienden las prioridades de las administraciones gubernamentales: a dónde se destina el recurso, quiénes reciben más dinero (quiénes menos), y quiénes tienen poder de decisión en el ejercicio del mismo. En México, la Educación Básica es el nivel educativo que más recurso recibe: casi 65% más del recurso destinado a Educación Media Superior y Educación Superior combinados (IV Informe de Gobierno, 2016). Más de 80% de este monto se dedica a servicios personales, es decir, sueldos, salarios y prestaciones de maestros, directivos y trabajadores de la educación. El resto se concentra en infraestructura, becas, gasto corriente, útiles y materiales escolares.

Según el Informe de la Cuenta Pública 2014 de la ASF, en la SEP, durante ese año, correspondiente a la administración de Emilio Chuayffet, existen irregularidades por más de 2 mil 189 millones de pesos.

El 11 de marzo los ministros de la Primera Sala unánimemente concedieron el amparo solicitado por la organización civil Mexicanos Primero requiriendo a la Auditoria Superior de la Federación señalar e iniciar procesos jurídicos en contra de presuntos responsables de fraudes por más de diez mil millones de pesos anuales. La decisión echó abajo el fallo preliminar de una juez federal que desestimó la denuncia en contra de la ASF, pues consideró que Mexicanos Primero no tenía “interés legítimo” en el caso ya que las desviaciones del presupuesto educativo no le afectaba directamente a la organización. El fallo de la Suprema Corte representa un precedente histórico al reconocer que una organización civil puede interponer una solicitud de amparo en contra de acciones u omisiones de autoridades gubernamentales que afecten negativamente a derechos de terceros relacionados con el objeto social de la organización.

Un régimen democrático implica una estructura jurídica de pesos y contrapesos, transparencia y rendición de cuentas. Si bien, hemos avanzado en el terreno electoral, no hemos progresado lo suficiente en los otros atributos.

Debido a los trabajos realizados por la ASF respecto a la cuenta pública 2013, la SEP presentó desde hace varios días, una denuncia ante la PGR.

En 2013, la SEP gastó de manera irregular 312 millones de pesos en sólo cuatro contratos para digitalizar y ordenar documentos.

Asegurar mayor control presupuestal en la nómina magisterial de enseñanza básica pidió el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputado José Luis Muñoz Soria, a la Secretaría de Educación Pública, con el fin de erradicar el desvío de recursos y pagos en exceso o indebidos.