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En un mundo que se mueve a velocidades vertiginosas, con frecuencia surge la pregunta sobre qué tipo de contenidos debieran incluirse en la currícula escolar. Si todo cambia, si el conocimiento que hoy es actual y vigente deja de serlo en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué es lo que conviene ofrecerles a los alumnos para formarlos a fin de que sean dueños de sus vidas en un mundo imprevisible?

Con frecuencia se nos olvida que los gobiernos estatales son actores centralísimos en la educación nacional. El Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa Estatal (ICRE) de la organización civil Mexicanos Primero, empieza por recordárnoslo. Un primer mensaje clave de este trabajo es así, que si bien importa mucho lo que haga o deje de hacer la SEP a nivel nacional, los avances, retrocesos o estancamientos en lo educativo –incluyendo, desde luego, la instrumentación en la práctica de las iniciativas, reformas o programas federales– involucran centralmente a las entidades federativas. Desde 1992, los gobiernos de las entidades federativas del país son, por ley, los responsables de administrar las escuelas y proveer los servicios educativos, de contratar y gestionar la relación laboral con los maestros del sistema público, así como de ofrecerles formación, capacitación y acompañamiento. Importa recordarlo, pues con frecuencia lo soslayamos y terminamos atribuyéndole más méritos o más fracasos (según sea el tema, la pluma o el momento) al gobierno federal en lo educativo de los que en realidad le corresponden.

El reinado de tantos años de la agenda centrada en la calidad educativa (evaluación, transparencia y uso de evidencia en la formulación e instrumentación de la política educativa, entre otros) ha entrado en posición defensiva. Ello, a raíz de los pronunciamientos del candidato puntero a la presidencia en materia educativa, cuyo foco ha estado en el combate a la exclusión social y no en la calidad de los aprendizajes.

López Obrador ha señalado reiteradamente que cuando él sea presidente no habrá rechazados en las universidades. En una entrevista grupal en Milenio TV, Silva-Herzog Márquez le preguntó si eliminar los exámenes de admisión no implicaba violar la autonomía universitaria. AMLO respondió que no, pues buscaría un acuerdo con todas las universidades (públicas y privadas) para ampliar los cupos en estas y lograr que todos los jóvenes interesados pudiesen ser admitidos.

Un estudio independiente y riguroso sobre aprendizajes básicos en lectura empleó la siguiente pregunta (nivel segundo de primaria) para evaluar la comprensión lectora en una muestra de niños/jóvenes entre cinco y 16 años en Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán, entre 2014 y 2016.

La prioridad concedida a transformar la educación nacional marcó el inicio de la administración Peña Nieto. En el derrotero de ese cambio, el gobierno en turno se juega parte importante de cómo se escribirá su legado y su historia. 

Hace unos días nos enteramos de que se había producido una “coincidencia” sorpresiva y asombrosa. Por un lado, el PRI y el Panal –partido creado por Elba Esther Gordillo en 2005– anunciaron que irían en coalición a las elecciones del 2018. Poco después, se hizo público que la PGR se desistía de la impugnación que había presentado contra la decisión de un Tribunal Federal de autorizar la prisión domiciliaria para la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Resulta muy difícil pronosticar si habrá rupturas serias en los procesos de transformación del sistema y la política educativa impulsados desde fines de 2012. En extremo difícil, pues dependerá, en mucho, de quién gane la Presidencia de la República el año entrante y eso, hoy por hoy, nadie lo sabe.