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Como objeto a evaluar, de modo que se pueda conocer su realización en el largo y conflictivo tiempo social y en el tiempo biográfico que encierra la experiencia de desarrollo cada alumno y de cada alumna –y en todo ese tiempo, el desarrollo de los docentes y los directivos, pues la educación es un hecho de convivencia que forma a todos-, y de modo también que se pueda promover el aumento progresivo de su calidad, la educación plantea una tarea muy exigente debido a su propio contenido y objetivos. Su complejidad no le viene de las políticas educativas, sino al revés; estas han de ser adecuadas a la naturaleza de la educación. Para comprender la complejidad de la educación y lo que debe hacerse para su realización basta leer con calma y reflexionar en los principios del artículo tercero constitucional y lo que prescribe el artículo 7° de la Ley General de Educación. Esa lectura y reflexión seguro que llevarán a inferir las implicaciones teóricas y prácticas de hacerse cargo de la acción de educar.

Como objeto a evaluar, de modo que se pueda conocer su realización en el largo y conflictivo tiempo social y en el tiempo biográfico que encierra la experiencia de desarrollo cada alumno y de cada alumna –y en todo ese tiempo, el desarrollo de los docentes y los directivos, pues la educación es un hecho de convivencia que forma a todos-, y de modo también que se pueda promover el aumento progresivo de su calidad, la educación plantea una tarea muy exigente debido a su propio contenido y objetivos. Su complejidad no le viene de las políticas educativas, sino al revés; estas han de ser adecuadas a la naturaleza de la educación. Para comprender la complejidad de la educación y lo que debe hacerse para su realización basta leer con calma y reflexionar en los principios del artículo tercero constitucional y lo que prescribe el artículo 7° de la Ley General de Educación. Esa lectura y reflexión seguro que llevarán a inferir las implicaciones teóricas y prácticas de hacerse cargo de la acción de educar.

Hemos considerado que la calidad de la educación es igual al aprendizaje que se logra en el proceso de formación, multiplicado por la equidad (CE = ae). Se ha reconocido la trascendencia de ambos términos de la ecuación al darles un sentido jurídico que los eleva y fortalece por su pertenencia a la axiología constitucional. En esta ocasión el tema central es la equidad.

En la entrega anterior se propuso que CE = ae, lo que significa que la calidad de la educación es igual al aprendizaje multiplicado por la equidad. En el proyecto educativo del país los dos factores que conforman la calidad de la educación están implicados; por ejemplo, entre los valores que es necesario aprender (internalizar, hacerlo propio cada persona), está la equidad, para fundamentar la cual debe recurrirse constitucionalmente a la afirmación de la dignidad de la persona.

Cuando la reforma del artículo tercero de la Constitución en la presente administración federal se ocupó formalmente, con una expresión textual, de establecer una concepción operativa de la calidad de la educación –ya lo hacía desde antes con la extensa y variada semántica de sus principios y valores-, pareció como si por fin esa cuestión quedara saldada y las disputas cesarían. No tendría que ser así y no fue el caso, pues la calidad de la educación está unida a una concepción del ser humano y de la sociedad, a una concepción del Estado y sus funciones.

La Constitución de la República y los derechos humanos que ella reconoce son entidades socialmente dinámicas, están vinculadas de modo esencial a la vida de la comunidad política en la que son construidas y promulgadas. En tal dinámica, no todo está garantizado; quienes detentan el poder público tienen la obligación de cumplir la Constitución, de hacerla cumplir, lo que implica proteger los derechos humanos y castigar sus violaciones, pues tanto al interior del aparato de gobierno como de la sociedad existen intereses contrarios a ellos.

El componente de la reforma de la educación relativo a la formación ciudadana se topa de manera persistente con el problema de la corrupción gubernamental, fenómeno que pone a prueba de manera cotidiana la coherencia entre los objetivos de cambio en la formación de los ciudadanos, por un lado, y por el otro, la inconsistencia del aparato gubernamental en sus responsabilidades relativas al uso del dinero que la sociedad le entrega para las necesidades del Estado.

La reforma educativa se gestó en un proceso electoral y ha entrado en otro cuyas características iniciales han creado un contexto difícil y delinean, además, un futuro inmediato con serias incertidumbres. Los tres partidos mayoritarios acordaron la reforma haciéndose cargo de una demanda social amplia y de un conjunto variado de informaciones que señalaban el estado crítico de la actividad fundamental de la sociedad: la formación de las nuevas generaciones de mexicanos. Ahora, esos tres partidos y todos los demás, deben mostrarle a la sociedad que en verdad actúan como entidades de interés público, que actúan con el tipo de ética propio de la democracia: una ética de la responsabilidad.