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Un amigo y colega de mi Casa Abierta al Tiempo me comentó que, de vez en cuando, lee alguno de mis artículos en Excélsior. Subrayó lo de de vez en cuando porque su trabajo académico tiene que ver con enfermedades y medicinas, no con problemas sociales. Pero en su hacer cotidiano se entera de la vida política por la prensa y las redes. Me dijo que le explicara en pocas palabras qué es el desempeño profesional docente y por qué causa tanto alboroto. Le pedí que leyera mi pieza de hoy.

“El que porfía mata venado”, dice un refrán popular. Aunque no todo lo que pregona la Secretaría de Educación Pública como éxito rotundo sea la pura verdad, hay asuntos en los que los avances son innegables, mientras otros son expectativas o formas discursivas. La evaluación a los docentes continúa su camino sin las trabas del año pasado. El mérito como criterio de ingreso y ascenso en el servicio profesional docente se abre camino, pero hay remanentes en varios sistemas estatales que defienden la tradición con disimulo. El corporativismo, por más que el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, pregone lo contrario, sigue vigente.

En innumerables análisis acerca de la Reforma Educativa, los gobernadores siempre salen mal parados. Al comienzo parecía que las fuerzas que firmaron el Pacto por México los culpaban de parte de los males de la educación. Los jefes de la reforma, el Presidente en primer lugar, les asignaron papeles de comparsas, ni siquiera de acompañantes.

No pienso que Donald Trump vaya a cumplir todas las bravatas que lanzó en su campaña, pero tampoco asumo que nada pasará. No coincido con la visión gubernamental de que la elección de esta “celebridad” para el cargo político de mayor poder en el mundo sea una “oportunidad” para avanzar por nuevas avenidas, aunque entiendo que al gobierno no le quedan muchas opciones. Es una exultación postiza.

José Guillermo Merquior, en un estudio que no pierde actualidad, Rousseau and Weber: Two Studies in the Theory of Legitimacy, arguye que hay dos variantes principales en el concepto de legitimidad. Una, rousseauniana, que establece que un gobierno es legítimo cuando emana de un contrato social donde los ciudadanos otorgan poder al gobernante y ceden parte de su soberanía. En las democracias esa legitimidad se adquiere mediante el voto popular. El concepto weberiano de legitimidad tiene que ver con el ejercicio del poder; funda que un gobierno es legítimo si su hacer político y administrativo es eficaz (entrega resultados) y se gana la credibilidad de la ciudadanía. Credibilidad es la pieza clave.

Douglass North y James March, autores de la corriente que se denomina nuevo institucionalismo, cada uno por su lado, coligen que la política es también la aptitud de los gobernantes de administrar los incentivos para alcanzar los propósitos acordados o expuestos en las leyes. Éstas trazan el marco institucional (Estado de derecho) donde se supone que deben actuar los políticos (con y sin poder).

EFKE, en el norte de Chipre. Mi amigo y colega, Hüseyin Yolcu, educador de renombre en Turquía, me invitó a presentar una ponencia en el VII Eğitimi Yönetimi Forumu (Séptimo Foro de Administración Educativa). Los anfitriones fueron la Asociación de Administradores de la Educación (una sociedad de profesionales de afiliación voluntaria que reúne a directores de escuelas de todos los niveles, profesores e investigadores de la educación) y la Universidad Europea de Lefke. Se llevó a cabo del 3 al 6 de este mes.

Lejos estoy de pensar que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está derrotada, no es un volcán en extinción, duerme, pero puede hacer erupción en cualquier momento. De cualquier manera, parece que se agota la gasolina que le proporcionó la mañana triste de Nochixtlán.